Burford presentó un recurso ante la Corte Suprema de EEUU en un último intento por revertir el fallo de YPF

Burford Capital, el fondos que litiga contra la Argentina por la expropiación de YPF, presentó ante la Corte Suprema de Estados Unidos un pedido para que revise el fallo que dejó sin efecto una condena por USD 16.100 millones más intereses. La solicitud fue ingresada el 30 de septiembre, último día del plazo previsto para recurrir al máximo tribunal.

El planteo busca revertir la resolución de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que el 27 de marzo anuló de manera íntegra la sentencia dictada en 2023 por la jueza Loretta Preska. Aquella decisión había responsabilizado al Estado argentino por incumplir el estatuto de YPF durante la nacionalización de 2012.

Los accionantes no son antiguos inversores de la petrolera: son fondos y sociedades que adquirieron los derechos de exaccionistas. Burford financia el litigio y tiene participaciones en los reclamos de las sociedades Petersen y Eton Park.

El reclamo cuestiona el fallo de la Cámara de Apelaciones

En la petición presentada ante la Corte Suprema, los demandantes definieron la decisión del Segundo Circuito como “gravemente errónea, totalmente sin precedentes y de consecuencias extremadamente relevantes”, según informó Bloomberg. Sostienen que el tribunal de alzada se apartó de precedentes de la Corte al dar preeminencia a una interpretación del derecho argentino y a una decisión de tribunales locales.

El caso se originó en la estatización de YPF. Los demandantes alegan que el Estado debió lanzar una oferta pública de adquisición para los accionistas minoritarios, conforme a las reglas societarias de la compañía. Preska había aceptado esa interpretación y ordenado el pago de una indemnización que se ubicaba entre las mayores sentencias comerciales dictadas en Estados Unidos.

Sin embargo, dos de los tres jueces del Segundo Circuito concluyeron en marzo que Preska aplicó de forma incorrecta la legislación argentina. El tribunal revocó la condena, aunque señaló que la expropiación había puesto en riesgo derechos de propiedad. En junio, el pleno de la Cámara rechazó un pedido de los demandantes para revisar ese pronunciamiento.

La Corte Suprema decide si toma el caso

Fuentes oficiales consultadas por Infobae señalaron que la presentación no obliga a la Corte Suprema de Estados Unidos a tratar el expediente. El recurso de certiorari es el mecanismo mediante el cual las partes solicitan la intervención del tribunal, pero son los jueces quienes deciden si aceptan o rechazan la revisión.

La Corte recibe entre 7.000 y 8.000 peticiones por período de sesiones y suele conceder la revisión de alrededor de 80 casos, explicaron las fuentes. Tampoco existe un plazo fijado para resolver este tipo de pedidos. La complejidad y los antecedentes del litigio dificultan, según indicaron, establecer una estimación sobre cuándo podría conocerse una decisión.

Desde la Procuración del Tesoro de la Nación afirmaron que anticipaban este escenario desde el fallo de marzo y que ya trabajan en la estrategia de defensa. “Vamos a seguir ejerciendo la defensa de los intereses del Estado”, indicaron fuentes oficiales.

El litigio lleva más de una década en los tribunales estadounidenses y atravesó las administraciones de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei. En paralelo, Burford también inició acciones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, en representación de las sociedades Petersen.

Burford conserva participaciones en los reclamos de Petersen y Eton Park

El fondo dirigido por Christopher Bogart informó a comienzos de año que mantenía el 35% de los derechos económicos vinculados a la quiebra de las sociedades Petersen y el 82% de Eton Park. Tras el fallo adverso de marzo, el valor contable de esas participaciones rondaba los USD 100 millones, lejos de los USD 1.700 millones que les atribuía antes de la resolución del Segundo Circuito.

Las sociedades Petersen, que pertenecieron a la familia Eskenazi, quedaron en proceso de quiebra en España. Los administradores de esas quiebras concentran cerca del 30 % de la participación en los reclamos. Ante un eventual cobro, los recursos deberían utilizarse primero para atender deudas con bancos internacionales que financiaron el ingreso de los Eskenazi al capital de YPF entre 2008 y 2010.

El antecedente inmediato para la Argentina es la decisión de marzo. El panel integrado por los jueces Denny Chin y Beth Robinson, con disidencia de José Cabranes, sostuvo que la sentencia de primera instancia se basaba en una lectura equivocada del derecho argentino. La postura oficial es que ese criterio fue confirmado cuando el tribunal rechazó en junio el pedido de revisión por el pleno de la Cámara.

La petición de certiorari constituye la última vía judicial disponible en Estados Unidos para los demandantes dentro de este proceso. Si la Corte Suprema rechaza tratar el expediente, permanecerá vigente la decisión que anuló el fallo de Preska. Si lo acepta, la Argentina deberá presentar su respuesta y el tribunal definirá el alcance de la revisión.

Mientras tanto, y debido a la derrota en la Cámara de Apelaciones, los demandantes avanzan con acciones ante el tribunal del Banco Mundial, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).