Monitoreo, “ciberarenas” y alertas tempranas: cómo es el plan del Gobierno para reforzar las defensas ante ataques por IA

Desde Cancún, México - El gobierno de Javier Milei avanza con un plan integral para reforzar la ciberseguridad del sector público nacional y las infraestructuras críticas, que contempla un centro de monitoreo de ataques, nuevas exigencias para los organismos, planes de recuperación ante desastres y capacitación de personal. La estrategia apunta a reducir los riesgos de interrupciones en servicios esenciales, robos masivos de datos, fraudes, ataques de ransomware y fallas en sistemas de energía, salud y telecomunicaciones.

El director del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), Ariel Waissbein, formó parte del evento Digi Americas LATAM Ciso Summit 2026, que reúne en México a expresidentes, funcionarios, legisladores y empresarios tecnológicos para debatir sobre ciberseguridad y soberanía digital en tiempos de inteligencia artificial.

En un diálogo exclusivo con Infobae, Waissbein consideró excesiva la estimación de Evan Hubinger, un jefe de Seguridad de Anthropic, quien aseguró que existe un 10% de posibilidad de que la IA acabe con la humanidad en la próxima década. No obstante, el funcionario argentino señaló que el desarrollo de sistemas más autónomos plantea riesgos que no deben ser ignorados y no descartó la posibilidad de ciberataques al país.

Siguiendo esa línea argumental, planteó que el principal desafío local no se limita a la inteligencia artificial e incluyó a la seguridad de los sistemas que sostienen servicios esenciales y la falta de información consolidada sobre los incidentes que afectan a organismos estatales e infraestructuras críticas.

A fines del año pasado, el Gobierno creó el CNC con el objetivo de proteger al sector público nacional y colaborar con las entidades responsables de servicios considerados esenciales. Este organismo opera bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que a su vez responde a la Jefatura de Gabinete.

Riesgos de ciberataque

Waissbein señaló que un incidente de ciberseguridad podría afectar sectores como la energía eléctrica, la salud, los centros de datos y las telecomunicaciones. Recordó el apagón masivo del Día del Padre de 2019, que no fue atribuido a un ataque informático, pero expuso las consecuencias que puede tener una interrupción de gran escala.

El director del CNC afirmó que una caída de las telecomunicaciones tendría efectos amplios, ya que gran parte de las actividades cotidianas y del funcionamiento estatal depende de redes y sistemas digitales. También advirtió que existen empresas cuyo tamaño no refleja necesariamente su importancia para el país.

“Puede haber una empresa chica que está en una especie de cuello de botella y que si se cae esa empresa chica, que no tiene inversión en ciberseguridad, el impacto es gigante”, sostuvo.

El funcionario descartó la posibilidad de escenario de colapso simultáneo de toda la infraestructura crítica. Sin embargo, consideró posible que un ataque cibernético comprometa sistemas relevantes, una situación de lo que no están exentas las naciones con esquemas de defensa digital más sofisticados.

A la vez, apuntó que la existencia de procedimientos manuales y la falta de digitalización en algunos servicios locales constituye una capa adicional de respuesta ante una interrupción informática: “Ante un ataque informático, uno puede desconectar y resolver las cosas de otra manera”.

Ampliar el monitoreo con un SOC nacional

Una de las medidas centrales que prepara la administración libertaria es un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC, por sus siglas en inglés) nacional, una estructura de monitoreo que se conectará con organismos del sector público nacional e infraestructuras críticas.

Según explicó Waissbein, la herramienta permitirá centralizar alertas y compartir información sobre ataques detectados en distintas dependencias. También prevé la adquisición de inteligencia sobre amenazas para distribuirla entre los organismos alcanzados. El proyecto requiere la compra de servidores, software y otros equipos.

Para ello, el Gobierno explora distintas fuentes, entre las que se cuenta un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que fue aprobado en 2023. La previsión oficial es que el SOC entre en funcionamiento a comienzos de 2027. Parte de los equipos ya fue adquirida, aunque los procesos de licitación y la disponibilidad internacional de servidores pueden extender los plazos.

Crecen los incidentes informados, pero hay subregistro

Waissbein precisó que el Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas CERT.ar, que funciona desde 1999 con distintas denominaciones, recibió entre 200 y 400 incidentes por año en períodos recientes. En lo que va de 2026, la cifra ya se supera los 700 casos.

El funcionario aclaró que ese incremento no permite determinar por sí solo si hay más ataques, debido al bajo nivel de notificación. Como contraste, mencionó que Estonia, con cerca de un millón de habitantes y mayor nivel de digitalización, recibe alrededor de 100 mil informes anuales. “No hay registros de verdad de lo que está sucediendo. Se informa muy poco”, afirmó.

La administración pública nacional tiene la obligación de comunicar los incidentes de seguridad por una resolución y una decisión administrativa. Sin embargo, el director del CNC subrayó que el cumplimiento todavía es parcial, lo que limita la posibilidad de construir un diagnóstico integral.

La mayoría de los episodios corresponde a intentos de phishing u otros ataques de menor gravedad. De todos modos, el organismo también detecta credenciales expuestas, accesos comprometidos y otros indicadores que pueden anticipar situaciones más complejas.

La principal vulnerabilidad

Para Waissbein, una de las debilidades del sector público es la ubicación institucional de las áreas de ciberseguridad dentro de cada organismo. En algunos casos, explicó, los responsables no tienen acceso directo a las máximas autoridades ni cuentan con presupuesto propio.

“El principal riesgo es la falta de visión”, afirmó. “Tenemos que dar un paso importante para empezar a entender qué es lo que pasa, para que los organismos tengan una persona de ciberseguridad, que tengan sus inventarios, que tengan políticas de ciberseguridad”.

Como respuesta, el CNC trabaja en un modelo de madurez que establecerá estándares para que cada organismo identifique su nivel de protección, detecte brechas y presente un plan para corregirlas. El esquema será de acceso libre, aunque tendrá carácter regulatorio para las dependencias del Estado nacional.

“Primero tenemos que saber cuál es el riesgo para después empezar a decir qué cosas podemos prevenir”, recalcó Waissbein.

Planes de recuperación y responsables de ciberseguridad

En febrero de 2026, el CNC emitió una resolución dirigida a las agencias del sector público nacional. La medida les exige designar a un responsable de ciberseguridad, elaborar políticas de recuperación ante desastres e inventariar sus sistemas según su nivel de criticidad.

A partir de ese diagnóstico, cada organismo deberá definir cuánto tiempo puede permanecer fuera de servicio un sistema y cuántos datos podría perder ante un incidente.

Waissbein ejemplificó que una caída temporal de una plataforma de pago de salarios puede tener un impacto limitado si ocurre lejos de las fechas de acreditación, mientras que una interrupción prolongada de los sistemas eléctricos no admite el mismo margen.

El CNC también prevé desplegar oficiales de enlace o responsables de seguridad informática dentro de organismos públicos e infraestructuras críticas. Serán empleados del centro, pero trabajarán en las entidades para asistirlas con sus diagnósticos, planes de mejora y cumplimiento de estándares.

Capacitación, ciberarena y coordinación federal

El programa oficial incluye una “ciberarena”, una plataforma de simulación para capacitar equipos frente a ataques y fallas en entornos similares a los reales. El sistema podrá recrear computadoras, redes, centros de monitoreo, cortafuegos y controles industriales vinculados con sectores como la energía o la salud.

“Voy a simular una turbina que uso para generar energía eléctrica, voy a simular un hospital, voy a simular lo que fuere. Una vez que lo simulamos, podemos empezar a generar ataques, a ver cómo respondemos”, sintetizó Waissbein.

La capacitación tendrá dos niveles. El primero estará dirigido al conjunto de empleados, con contenidos sobre prevención de estafas y phishing. El segundo incluirá programas específicos para autoridades, equipos de desarrollo y personal técnico.

El CNC tiene competencia directa sobre el sector público nacional y responsabilidad sobre infraestructuras críticas. Con las provincias, municipios y empresas privadas, el vínculo es de colaboración, debido a que el organismo no puede imponerles sus regulaciones.

En ese contexto, el Gobierno busca acuerdos con entes reguladores para que adopten los requerimientos del CNC y los extiendan a las compañías bajo su órbita. A juicio del director del organismo, es necesaria una ley que formalice la creación del centro, asegure financiamiento y amplíe las herramientas de trabajo con las infraestructuras críticas en pos de mejorar su protección.