Alerta en la industria: la mora se multiplicó por cinco en un año y medio y ya afecta a más de 4.000 empresas, según la UIA

La mora en el sector industrial argentino se multiplicó por más de cinco en el último año y medio. La tasa de irregularidad de las empresas industriales pasó del 0,7% en diciembre de 2024 al 3,8% en junio de 2026, según un informe del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA). El deterioro afectó a unas 4.300 firmas con deuda bancaria y se produjo en paralelo a un endurecimiento de las condiciones financieras que frenó el crédito productivo y disparó las tasas de interés a niveles que, en sus picos, llegaron al 190% de tasa nominal anual (TNA).

El dato se conoce justo en un momento en el que la mora está en el centro de la agenda política y económica del país y cuando la Argentina se ubica hoy con la tasa de morosidad más alta de América Latina: el 7,3% de la cartera del sistema bancario estaba en situación irregular a marzo, según un relevamiento de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) sobre 16 países de la región.

En este escenario, la irregularidad abarca tanto a familias como a empresas ya que cerca de 5,8 millones de argentinos mantienen deudas con entidades financieras, entre bancos, fintech y otros proveedores de crédito.

Según el informe de la UIA, “hasta mediados de 2025, el crédito a las empresas había crecido un 106% en términos reales desde diciembre de 2023″. Ese impulso, resalta el propio escrito, se cortó de manera abrupta entre julio de 2025 y mayo de 2026, cuando el financiamiento al sector apenas avanzó un 0,2% real. El freno coincidió con el “endurecimiento de la política monetaria con suba de tasas y encajes bancarios, que limitó el acceso al financiamiento por parte de las empresas”, resaltó la entidad.

El monto total de crédito de empresas industriales asciende a 25 billones de pesos a junio de 2026, el 30% del crédito total a empresas en el sistema financiero. De ese total, $968.000 millones están en situación irregular, distribuidos entre 4.231 firmas morosas, con un promedio de $228 millones por empresa. La distribución, con todo, es desigual: el 40% de las empresas en mora debe menos de 1 millón de pesos, mientras que el 12,5% supera los 100 millones de pesos.

Lo que revela el informe de la UIA es que el 80% de las empresas hoy en mora eran pagadoras regulares hasta 2024. El salto en su situación coincidió con la suba de tasas de mediados de 2025. El flujo mensual de firmas que pasaron de situación regular a irregular aumentó de 174 en diciembre de 2024 a 442 en junio de 2026. El pico del deterioro se registró en marzo de 2026, y en junio se observó una primera baja.

Las tasas que frenaron el crédito

Las tasas de adelanto en cuenta corriente para empresas llegaron al 75% TNA en promedio en octubre de 2025, con picos diarios del 190% TNA, muy por encima de la inflación esperada. Aunque desde entonces bajaron, el informe de la UIA advierte que “todavía persisten niveles elevados en términos reales para las pymes: en julio la tasa promedio ponderada de los adelantos en cuenta corriente fue de 42%”.

El impacto no fue igual para todos. Las grandes empresas vieron caer su crédito en pesos un 14,9% interanual real; las pymes crecieron apenas un 3,4%, un ritmo insuficiente frente a la inflación. Quienes tuvieron acceso al mercado de divisas encontraron una salida alternativa: el crédito en moneda extranjera creció un 39,1% interanual real en pymes y un 30,3% en grandes firmas.

De hecho, la UIA reveló que entre las empresas grandes, el financiamiento en dólares ya supera al crédito en pesos, mientras que para las más chicas el peso sigue siendo la moneda predominante, lo que las dejó más expuestas al encarecimiento del financiamiento local.

El presidente Javier Milei atribuyó parte del problema al consumo de televisores durante el Mundial. “Vino el mundial, ¿saben qué hicieron muchos? Iban a cadenas de venta de electrodomésticos y se llevaban televisores”, dijo en el 142° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) rechazó esa lectura. Su vocero, Salvador Femenía, atribuyó el fenómeno a la caída del poder adquisitivo: “Es por la caída del poder adquisitivo”, afirmó, y agregó que muchas familias recurren al crédito para comprar “alimentos, calzado, indumentaria”. El Gobierno, por su parte, sostiene que la situación es “un problema entre privados” y descartó intervenir con fondos públicos.

La mora tampoco golpeó por igual a todos los subsectores: algunos registran tasas superiores al 10% mientras otros permanecen por debajo del 1%. Unas 2.100 empresas lograron refinanciar o saldar sus deudas, lo que representó el 6,2% del total de firmas con crédito bancario.

El efecto contagio

El deterioro de las carteras crediticias generó consecuencias más allá de las empresas directamente involucradas. Los bancos endurecieron las condiciones para el conjunto del sector, lo que encareció y racionó el crédito incluso para firmas solventes. La encuesta de indicadores industriales del CEU-UIA correspondiente al tercer trimestre de 2026 revela que el 47% de las empresas industriales enfrentó retrasos en al menos uno de sus principales pagos: el 34% tuvo demoras en impuestos, el 32% con proveedores y el 25% en compromisos financieros.

El trasfondo estructural agrava el cuadro. Argentina tiene un crédito al sector privado equivalente al 13% del PBI, el más bajo entre los 16 países relevados por Felaban, contra un promedio regional del 47,3%. Brasil ronda el 75%, Chile el 100%, y economías como Estados Unidos y China se ubican cerca del 200% del PBI. A esa brecha se suma la carga impositiva sobre la intermediación financiera: los impuestos nacionales, provinciales y municipales elevan más de un 18% el costo financiero de un crédito productivo.

Frente a ese escenario, el informe del CEU-UIA propone una normalización progresiva de los encajes bancarios, la potenciación de sistemas de garantías públicas y privadas, y una revisión de la presión tributaria sobre el financiamiento en los tres niveles de gobierno. En el caso de refinanciaciones, el documento pide la eliminación completa de esa carga fiscal, dado que la nueva operación toma como base una deuda que ya incorpora componentes tributarios previos.