Escándalo en EEUU: cómo es el plan para desarmar préstamos por USD 6.500 millones que tiene que armar el ex dueño de los Lakers

El entramado financiero que involucra a Mark Walter, dueño de los Los Angeles Dodgers, ex dueño de Los Ángeles Lakers y líder del conglomerado TWG Global, enfrenta una de las presiones regulatorias más fuertes de los últimos años en Estados Unidos. Un plan de remediación de 6.500 millones de dólares impuesto a las aseguradoras bajo su control, Delaware Life y Clear Spring, obliga a una serie de intermediarios a liquidar activos internacionales, repatriar fondos y afrontar fuertes medidas legales y financieras. Se trata de un escándalo que tiene en vilo a Wall Street y cuyas réplicas se sienten en la Argentina por la participación de dos reconocidos financistas locales, Juan y Diego Ball.

Las autoridades federales, en particular la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la U.S. Attorney’s Office for the Southern District of New York (SDNY), pusieron en la mira a cuatro intermediarios clave: ABS Capital, Amistad Financial, Bradford Allen y Hudson Trading. El objetivo principal es esclarecer si estas firmas actuaron como “corporate shells” para ocultar el destino de cientos de millones de dólares provenientes de préstamos de aseguradoras vinculadas a Walter. La investigación sostiene que estos intermediarios funcionaron como prestatarios nominales para eludir los límites estatales sobre préstamos entre partes relacionadas y que, en algunos casos, canalizaron los fondos hacia inversiones internacionales difíciles de rastrear.

El plan de remediación, según la información que dio a conocer el New York Times, requiere que las aseguradoras eliminen de sus balances todos los préstamos considerados “tóxicos” o impropios. Esto significa que los intermediarios deben vender rápidamente las propiedades internacionales que compraron con esos fondos, muchas veces con pérdidas, con el fin de devolver el capital a Delaware Life y Clear Spring. Si no logran repatriar el dinero a tiempo, la holding de Walter, TWG Global, debe asumir la deuda y tomar el control de las garantías internacionales que se usaron como respaldo en las operaciones.

La presión sobre estos intermediarios es intensa. Las autoridades emitieron citaciones masivas para obtener registros de comunicaciones, transferencias bancarias y contratos, buscando rastrear cómo se movieron los fondos desde las aseguradoras hasta inversiones en bienes raíces internacionales, empresas tecnológicas extranjeras y sociedades offshore.

Además, el plan de remediación contempla la posibilidad de embargar los activos internacionales de los intermediarios si no logran liquidar sus posiciones y devolver el dinero. En ese escenario, TWG Global asume la obligación de comprar la deuda y quedarse con los activos que sirvieron de garantía, lo que expone a la empresa a nuevas tensiones financieras y legales. El riesgo de embargos y la obligación de repatriar fondos en plazos muy cortos ponen en jaque la estabilidad de todo el entramado.

La situación de Bradford Allen ilustra el impacto de la investigación. La inmobiliaria, con sede en Chicago, sufrió un daño reputacional severo y quedó prácticamente paralizada en su capacidad para acceder a financiamiento bancario o atraer nuevos inversores. Sus ejecutivos, al igual que los de las otras tres intermediarias, enfrentan riesgos legales personales considerables. Si los fiscales lograran probar que firmaron solicitudes de préstamos fraudulentas para encubrir el rol de Walter, podrían afrontar cargos federales por fraude bancario, fraude electrónico y conspiración. Por el momento, no hay acusaciones formales.

El origen del escándalo se remonta a la detección de cerca de 20.000 millones de dólares en préstamos no declarados provenientes de las aseguradoras controladas por Walter. Un relevamiento interno disparó la alarma entre los reguladores de Delaware, quienes exigieron respuestas rápidas y medidas correctivas. Bajo la lupa de la SEC y la fiscalía de Nueva York, el grupo TWG Global aceleró la venta de activos y la cancelación de préstamos para evitar rebajas en la calificación crediticia de sus aseguradoras y potenciales demandas civiles. Una de esas ventas fue ni más ni menos que la de la franquicia de la NBA Los Ángeles Lakers, por USD 12.500 millones.

La operatoria de EquiTrust también figura en las investigaciones. Esta aseguradora, vinculada al grupo de Walter pero con sede en Iowa, prestó 500 millones de dólares a empresas como Harborcrest, Alder Ridge y Cedarpoint, constituidas por Federico Hermida, directivo de ABS Capital. Las operaciones de EquiTrust ejemplifican cómo los fondos de aseguradoras terminaban canalizándose a través de sociedades creadas por actores próximos a Walter y ABS Capital, lo que refuerza las sospechas sobre el encubrimiento de vínculos financieros.

La historia de los vínculos entre Walter, ABS Capital y otras firmas intermediarias se remonta a por lo menos una década atrás. En 2017, Bloomberg News informó que la SEC investigaba la relación de Guggenheim Partners con el empresario argentino Diego Ball, quien realizó cerca de 1.000 millones de dólares en operaciones con la firma estadounidense. Ball, a través de entidades controladas de manera indirecta, accedió a un préstamo de 100 millones de dólares respaldado por intereses en una serie de sociedades creadas poco antes de la operación. La relación entre Ball y Walter motivó cuestionamientos internos en Guggenheim, aunque el área de cumplimiento concluyó que no existía beneficio económico directo o indirecto para empleados de la empresa en ese préstamo.

Bloomberg News también consignó que la complejidad de las transacciones y el uso de numerosos intermediarios generaron dudas sobre la transparencia y los controles internos. En este contexto, la SEC intentó verificar la divulgación de los posibles conflictos de interés y el trato recibido por los inversores. Juan Ball y Pablo Stalman, ambos vinculados a ABS Capital, participaron junto a Walter en la compra de una lujosa propiedad en Malibu, California, sin que se utilizaran fondos de Guggenheim ni de aseguradoras.

En 2018, The Wall Street Journal reveló que la SEC amplió su investigación a la unidad de gestión de activos de Guggenheim Partners, con foco en la compra de una mansión valuada en 85 millones de dólares en Malibu, propiedad conjunta de Walter y ABS Capital. La SEC solicitó la conservación de documentos y la entrega de información sobre esa y otras operaciones. ABS Capital y Walter confirmaron la co-inversión, aunque negaron que los fondos provinieran de Guggenheim. La SEC también investigó un préstamo de ABS Capital a la firma BCBG Max Azria Group poco antes de la quiebra de esa empresa de moda.

El impacto de la investigación y el plan de remediación no se limita a la venta de activos y la repatriación de fondos. Las medidas legales incluyen la congelación de activos y la posibilidad de “clawback”, es decir, la recuperación forzosa de capital por parte de las aseguradoras o la holding de Walter. El futuro financiero de los intermediarios y de TWG Global depende de la capacidad de cumplir con los plazos y las exigencias regulatorias impuestas por el plan de 6.500 millones de dólares.