El déficit de las provincias puede poner en riesgo la estabilidad económica, advirtió un estudio privado

La estabilidad económica puede quedar expuesta si las provincias no ordenan sus cuentas, aún si avanza la reforma que busca impedir que el Banco Central financie déficits fiscales mediante emisión monetaria. El desequilibrio de los gobiernos provinciales puede trasladarse al resultado del sector público consolidado y convertirse en un factor de presión sobre la sustentabilidad del esquema económico.

Así lo consignó un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), que analizó la situación financiera de las provincias y sostuvo que no se puede considerar el problema como algo ajeno o limitado a determinados distritos. Según el estudio, cuando el desequilibrio financiero provincial se generaliza, pasa a ser un factor que pone en riesgo la estabilidad macroeconómica, por lo que “el Gobierno nacional debe prestar atención a la evolución de las cuentas de las jurisdicciones”, consignó el informe.

El planteo de IDESA apareció en un contexto que el instituto caracterizó por la incertidumbre respecto de la sustentabilidad de la estabilidad. Según el documento, una de las razones por las cuales la actividad económica siguió estancada fue la incertidumbre que permaneció sobre la posibilidad de sostener el esquema económico en el tiempo.

El informe tomó como referencia la demanda de dólares de las familias. Desde la salida del cepo para las personas humanas, en abril de 2025, la compra de dólares se mantuvo en torno a USD 4.000 millones por mes. El fenómeno resultó especialmente intenso antes de las elecciones de medio término.

Luego de que el oficialismo ganara esos comicios con contundencia, la demanda de dólares de las familias bajó, pero permaneció en torno a USD 2.000 millones mensuales. Para IDESA, la persistencia de esa demanda reflejó la incertidumbre y la decisión de las familias de proteger sus ahorros mediante la compra de dólares.

En ese contexto, el instituto analizó el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El núcleo de la iniciativa consiste en prohibir que la autoridad monetaria emita dinero para financiar déficits fiscales. La restricción alcanzaría a los déficits del Estado nacional, de las provincias y de los municipios.

El objetivo del proyecto consiste en obligar al Estado a mantener sus finanzas saneadas, debido a que la emisión monetaria dejaría de estar disponible como alternativa para financiar los desequilibrios fiscales. De acuerdo con el análisis de IDESA, la medida busca generar confianza en que la estabilidad de precios y del dólar puede sostenerse en el tiempo.

Sin embargo, el instituto planteó una advertencia sobre los alcances de esa reforma. Según el informe, la experiencia de 2002 mostró que resulta posible revertir una prohibición que impida utilizar emisión monetaria para financiar déficits fiscales.

Por ese motivo, IDESA consideró necesario avanzar en un ordenamiento integral del Estado. El instituto sostuvo que la estabilidad no puede depender solamente de una restricción sobre la emisión monetaria, sino que también requiere que las distintas jurisdicciones mantengan sus finanzas ordenadas.

El Estado nacional registró un superávit financiero de 0,1% del PBI, según los datos citados por el informe. La situación de las provincias, en cambio, mostró un deterioro durante 2025 y generó un resultado negativo que incidió sobre las cuentas del sector público consolidado.

Los datos del Ministerio de Economía utilizados por Idesa mostraron que en 2023 había 13 provincias con déficit financiero, con un desequilibrio acumulado equivalente a 0,55% del PBI. En 2024, la cantidad de provincias deficitarias bajó a seis y el déficit financiero conjunto se redujo a 0,29% del PBI.

En 2025, las provincias deficitarias volvieron a ser 14 y el desequilibrio financiero total subió a 0,46% del PBI. Con el resultado de la Nación y de las jurisdicciones provinciales, el sector público consolidado terminó con un desequilibrio financiero equivalente a 0,36% del PBI.

Para Idesa, la evolución de las cuentas provinciales estuvo relacionada con el comportamiento de la inflación y su impacto sobre el gasto público. Durante los primeros meses de 2024, el golpe inflacionario permitió licuar el gasto estatal y contribuyó a mejorar la situación financiera de las provincias.

En 2025, con una inflación más baja, el gasto público se recuperó y la situación financiera de la mayoría de las provincias volvió a deteriorarse. De acuerdo con el informe, ese proceso llevó nuevamente a una mayor cantidad de distritos a una situación deficitaria.

Dentro de los gastos que más aumentaron en las finanzas provinciales, el instituto destacó los intereses de deuda y el gasto previsional de las cajas no transferidas.

Los intereses de deuda están afectados por las condiciones de mercado y por la creciente necesidad de financiamiento que genera el déficit financiero. La evolución de estas obligaciones representa una presión adicional para las provincias que necesitan recursos para cubrir sus desequilibrios.

Pero el informe puso especial énfasis en la dinámica de los sistemas previsionales provinciales. Más de un quinto de los gastos totales de las provincias que mantienen las cajas jubilatorias de sus empleados públicos corresponde al pago de jubilaciones y pensiones.

Según el informe, en la mayoría de los casos ese gasto representa el componente más desestabilizante de las finanzas provinciales. La situación de las cajas previsionales aparece así como uno de los principales puntos de presión sobre los resultados financieros de las jurisdicciones.

El diagnóstico llevó al instituto a plantear que las provincias no pueden resolver estos problemas de manera completamente independiente. La herramienta adecuada, planteó el informe, consiste en avanzar en un acuerdo de coordinación tributario y de responsabilidades entre la Nación y las provincias.

La propuesta apunta a eliminar las superposiciones de funciones entre los distintos niveles del Estado. Según el informe, esa coordinación permitiría reducir el gasto público y aumentar la calidad de los servicios.

El instituto también planteó una modificación del esquema tributario. Entre las alternativas mencionó la creación de un “Súper IVA”, que absorbería Ingresos Brutos provinciales y las tasas a las ventas municipales.

La iniciativa tendría como objetivo eliminar impuestos considerados distorsivos y unificar parte de la estructura tributaria entre los distintos niveles del Estado. El planteo forma parte del ordenamiento integral que el instituto consideró necesario para acompañar la estabilidad económica.

La cuestión previsional también quedó incluida dentro de la propuesta. El instituto planteó abordar de manera coordinada una reforma previsional, debido a las dificultades que enfrentan las provincias que buscan reducir sus desequilibrios en sus sistemas jubilatorios.