La agenda política y sindical se vio atravesada por la controversia en torno a la reforma laboral en la Argentina, a partir de declaraciones de Patricia Bullrich, senadora nacional, quien reconoció deficiencias en el proyecto oficial respecto a la regulación de las licencias por enfermedad. El debate se instaló en el Congreso y en los principales espacios empresariales, donde distintos actores comenzaron a señalar la necesidad de revisar el articulado y proponer alternativas que permitan mejorar la gestión del ausentismo en el trabajo.
En este contexto, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) difundió un informe que pone el foco en las consecuencias del ausentismo laboral y en los desafíos que enfrenta el país para regular este fenómeno. Según el análisis, las reformas impulsadas por el Senado no logran resolver los problemas estructurales del sistema actual y podrían generar mayores dificultades para las empresas. Como parte de su propuesta, IDESA sugiere observar y adaptar modelos de otros países, en particular el caso de Uruguay, donde el sistema de subsidio por enfermedad se apoya en una normativa específica y en mecanismos de control más estrictos.
La reforma en debate y el diagnóstico de IDESA
El eje de la discusión se trasladó rápidamente al Congreso, impulsado por los cuestionamientos de Patricia Bullrich sobre el alcance y la efectividad de la reforma en materia de licencias médicas. La senadora admitió problemas en la redacción y anticipó la necesidad de revisar el artículo relacionado con la justificación de ausencias por motivos de salud.
En paralelo, IDESA presentó un informe que aborda el impacto del ausentismo en las empresas argentinas y las limitaciones de la actual normativa. El documento sostiene que seis de cada diez empresas sufren ausentismo laboral y advierte que “la reforma aprobada en el Senado en materia de licencias por enfermedad es deficiente”. El instituto enfatiza que “en vez de lograr una modernización, se introduce mayor confusión y riesgos para las empresas”. En este sentido, advierte que la reforma “resulta inaplicable en la práctica, por la dificultad que implica para las empresas fiscalizar los certificados médicos”.
El informe de IDESA subraya: “La reforma mantiene la obligación de pagar salarios ante la sola presentación de un certificado médico, sin mecanismos de control efectivos, lo que perpetúa el incentivo al ausentismo”. Además, agrega que “el sistema argentino favorece que el ausentismo se convierta en una estrategia para obtener ingresos sin trabajar, en desmedro de la productividad y la competitividad”.
Entre las recomendaciones, IDESA propone “replicar sistemas implementados en la región que equilibran la protección del trabajador enfermo con la necesidad de evitar abusos”. El organismo menciona el caso de Uruguay y señala: “El modelo uruguayo introduce límites temporales y controles cruzados entre empresas y la seguridad social, lo que reduce los incentivos al abuso del sistema”.
El sistema uruguayo de licencias médicas
El modelo de Uruguay sobre subsidios por enfermedad se fundamenta en una normativa específica que involucra al Banco de Previsión Social (BPS) y a otros organismos estatales. Este sistema establece una serie de requisitos y condiciones para acceder a la prestación, que busca dar respuesta a los trabajadores afectados por problemas de salud, al tiempo que fija límites para evitar el uso indebido del beneficio.
¿Quiénes pueden acceder al subsidio?
El subsidio por enfermedad en Uruguay se otorga a una amplia gama de trabajadores, incluyendo:
- Trabajadores dependientes de la actividad privada.
- Docentes del Instituto Elbio Fernández.
- Empleados de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con vínculo funcional específico.
- Empleados de la Presidencia de la República y otros organismos civiles, bajo determinadas condiciones.
- Monotributistas comunes y Mides, con aportación rural o de industria y comercio.
- Socios de cooperativas.
- Trabajadores jubilados en actividad parcial, según la ley vigente.
- Asistentes personales, representantes legales y administradores de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).
- Patrones unipersonales de industria, comercio y rurales, bajo ciertos topes de dependientes.
- Monotributistas con cónyuge colaborador y hasta un dependiente, o con hasta tres dependientes en épocas zafrales.
También tienen derecho quienes desempeñan tareas en el programa Uruguay Impulsa y cumplen con el mínimo de días trabajados.
Requisitos para acceder
La normativa uruguaya exige que los beneficiarios cumplan con determinadas condiciones según la modalidad de contratación:
- Jornaleros o destajistas: 75 jornales efectivos trabajados en el año previo al inicio de la enfermedad.
- Mensuales: 3 meses de actividad efectiva en el año anterior, en una o varias empresas, de manera consecutiva o alternada.
- Titulares de empresas unipersonales o monotributistas: Deben estar al día con los aportes y cumplir 3 meses de actividad efectiva en el año previo.
- Embarazadas: Acceden al subsidio aunque no alcancen el mínimo de jornales requeridos.
- Multiempleo: Se requiere certificación médica en todos los empleos simultáneamente.
Características del subsidio y reglas de liquidación
El BPS otorga el subsidio por enfermedad por un período máximo de un año, con posibilidad de prórroga por otro año consecutivo o, en su defecto, hasta dos años alternados dentro de los últimos cuatro años por la misma dolencia. El monto equivale al 70% de todos los ingresos gravados (sin contar aguinaldo), calculado sobre el promedio de los 180 días previos al mes anterior al inicio de la enfermedad. El tope establecido para 2026 es de $67.754 mensuales, sumando la cuota parte de aguinaldo.
El pago comienza a partir del cuarto día de certificación médica, salvo casos de internación, en los que se liquida desde el primer día. En situaciones de accidente de trabajo, el Banco de Seguros del Estado (BSE) cubre dos tercios del jornal habitual y el BPS complementa hasta alcanzar el 70%. Si el BSE rechaza la cobertura, el BPS asume el pago de los días correspondientes, previa certificación.
Para patrones con derecho, el subsidio corresponde al 70% del ficto patronal o de la categoría por la que aporta, con tope específico. Durante el período de cobertura, los patrones quedan exonerados de los aportes tributarios.
Obligaciones de trabajadores y empresas
El esquema en Uruguay establece obligaciones para ambas partes. El trabajador debe informar a la empresa sobre la certificación médica y no tiene que presentarse ante el BPS; el prestador de salud ingresa los datos al sistema y genera la solicitud en forma automática. Para el empleador, existe la obligación de notificar al organismo sobre el último día trabajado, incrementos salariales, reintegros anticipados y suspensiones por mala conducta. Estas gestiones se realizan en línea, a través del sistema del BPS.
La normativa detalla que las certificaciones médicas deben ingresarse dentro de las 48 horas de la consulta y pueden ser consultadas en línea. Existen canales presenciales y digitales para realizar consultas y adjuntar documentación.
Límites y controles
El sistema de subsidio por enfermedad en Uruguay fija límites temporales claros y controles cruzados. El trabajador puede permanecer certificado hasta por un año, con opción de prórroga bajo condiciones específicas. En caso de imposibilidad permanente para el desempeño de tareas, el subsidio se transforma en una prestación prejubilatoria por hasta 180 días. Además, los controles interinstitucionales buscan evitar el uso abusivo del beneficio, resguardando el equilibrio entre la protección social y la sostenibilidad del sistema.
Comparaciones y desafíos
El debate sobre las reformas laborales en la Argentina impulsó el análisis comparativo con modelos regionales. El informe de IDESA refuerza la idea de que “la falta de controles y límites claros en la legislación argentina genera incentivos al ausentismo y a la judicialización de los conflictos laborales”. Al contrastar con la experiencia uruguaya, el organismo concluye que “el sistema argentino resulta más vulnerable a prácticas abusivas, mientras que el modelo de Uruguay introduce mecanismos de control y límites que contribuyen a la transparencia y la eficiencia”.
El análisis de IDESA cierra con la recomendación de “avanzar en una reforma que contemple la experiencia internacional y adapte buenas prácticas para fortalecer la productividad y la equidad en el mercado laboral”.
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