Reforma laboral: cuál será el costo fiscal del proyecto tras los cambios en Ganancias y el fondo para indemnizaciones

La media sanción de la reforma laboral en el Senado de la Nación no solo modificó las condiciones de contratación y despido, sino que alteró profundamente el mapa fiscal proyectado por el Poder Ejecutivo. El eje central de este cambio reside en la eliminación del artículo que recortaba el impuesto a las Ganancias para sociedades y la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), cuya estructura de financiamiento fue rediseñada, impactando directamente en la recaudación nacional y en la distribución de recursos con las provincias.

Según un análisis detallado del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), el costo fiscal directo inicial anual de la reforma completa experimentó una reducción del 48% respecto al proyecto original. Mientras que la propuesta inicial demandaba una inversión pública de 0,89 puntos porcentuales (p.p.) del Producto Bruto Interno (PBI), el texto aprobado situó el costo total en 0,47 p.p. del PBI.

El nuevo peso del Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

El componente más significativo de la reforma es la creación del FAL, un mecanismo de capitalización para que las empresas afronten indemnizaciones. En el proyecto original, la reducción de la alícuota de la carga patronal para financiar este fondo era del 3% lineal, lo que implicaba un costo fiscal de 0,57 p.p. del PBI.

Sin embargo, tras las negociaciones en el Senado, se estableció un esquema diferenciado: la reducción será del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las pymes. Como consecuencia, el costo fiscal directo del FAL bajó a 0,37 p.p. del PBI en el escenario base. El informe técnico aclara que existe una cláusula que faculta al Gobierno Nacional a incrementar esta reducción en 0,5 puntos adicionales, lo que elevaría el costo del fondo a 0,46 p.p. del PBI.

Al tratarse de una reducción en un tributo no coparticipable, este costo es absorbido en su totalidad por la administración central, sin afectar de manera directa las transferencias automáticas a las jurisdicciones provinciales.

El impacto de los cambios en Ganancias e Internos

Uno de los factores determinantes para la caída del costo fiscal total de la reforma fue la eliminación de la baja en las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para empresas. El proyecto original preveía una reducción que costaría 0,22 p.p. del PBI, afectando recursos coparticipables. Al suprimirse este punto en la versión final, el costo fiscal por este concepto se redujo a cero.

Por otro lado, se mantuvo la eliminación de ciertos Impuestos Internos, lo que representa un costo fiscal de 0,1 p.p. del PBI. En este caso, al ser un impuesto que se distribuye federalmente, la pérdida de recursos se divide en 0,04 p.p. para la Nación y 0,06 p.p. para el conjunto de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Distribución federal del esfuerzo fiscal

La reconfiguración del proyecto favoreció notablemente las arcas provinciales en comparación con la propuesta inicial. El informe del Iaraf destaca que, mientras el costo para el Gobierno Nacional descendió un 42% (de 0,71 p.p. a 0,41 p.p. del PBI), el impacto para las provincias y CABA se desplomó un 69%, pasando de 0,19 p.p. a solo 0,06 p.p. del PBI.

Esta dinámica responde a que el grueso del costo fiscal de la reforma actual se concentra en el FAL, que impacta exclusivamente en recursos nacionales, y no en Ganancias, que es el principal motor de la coparticipación federal.

Cambios en el esquema indemnizatorio y litigiosidad

Más allá del financiamiento, el proyecto introduce precisiones sobre el cálculo de las indemnizaciones. Se establece que solo se considerará la remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo explícitamente conceptos de pago no mensual como el aguinaldo (SAC) o las vacaciones. Asimismo, se fija un techo para la base salarial y una tasa de actualización uniforme basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual.

El objetivo declarado de estas medidas es reducir la litigiosidad y otorgar previsibilidad a las empresas. Según fuentes del sector, “contar con ese respaldo ante una desvinculación es la diferencia entre seguir operando o bajar la persiana definitivamente por una contingencia judicial”. Por otro lado, desde sectores técnicos se advierte sobre el impacto en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Expertos como Ricardo Michel han señalado que “el mecanismo previsto para el nuevo fondo reduciría recursos al SIPA, administrado por la Anses”, en una cuantía equivalente a la desgravación otorgada a las empresas.

En definitiva, el costo fiscal anual del Fondo de Asistencia Laboral y de la reforma en su conjunto se ha moderado sustancialmente tras su paso por el Senado. La estrategia de concentrar la reducción impositiva en el FAL —un recurso no coparticipable— ha permitido blindar en gran medida los ingresos de las provincias, aunque persiste el debate sobre la sostenibilidad a largo plazo del sistema de seguridad social ante la merma de ingresos por contribuciones patronales.