
En medio de las negociaciones por los proyectos en las sesiones extraordinarias, el Gobierno realizó un ajuste significativo del gasto primario durante enero de 2026, que abarcó desde programas sociales hasta transferencias a las provincias. Esto podría anticipar por dónde pasará este año la “motosierra” de la gestión de Javier Milei para cumplir con la exigente meta fiscal prevista con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Según un informe de la consultora Analytica, el gasto primario real devengado cayó 4,2% en relación con enero del año anterior. El monto ejecutado alcanzó $8,8 billones en términos constantes, mientras que en el mismo mes de 2025 el gasto había llegado a 9,1 billones de pesos. Esta reducción representó el nivel más bajo registrado para un mes de enero en la serie considerada.
Entre las partidas que sufrieron los mayores recortes se encuentran la obra pública, las transferencias a provincias y los programas sociales. La consultora detalló que la ejecución en obra pública se desplomó 97,1% en la comparación interanual. El rubro pasó de representar un monto marginal en 2025 a registrar valores prácticamente nulos en 2026. Tanto las construcciones como las transferencias de capital a las provincias quedaron prácticamente paralizadas, según Analytica.
En el caso de las transferencias a provincias, el ajuste alcanzó el 64,5 por ciento. El reporte indicó que este rubro cayó de 0,1 billón de pesos en enero de 2025 a un nivel cercano a cero en el mismo mes de 2026. Se registraron envíos discrecionales a las jurisdicciones subnacionales únicamente en situaciones de emergencia, como los fondos asignados a Chubut y Corrientes para afrontar incendios e inundaciones. De acuerdo a las estimaciones de la firma de análisis económico, la primera jurisdicción recibió $4.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por los incendios, mientras que el segundo distrito obtuvo $3.000 millones por las inundaciones en los municipios de San Luis del Palmar, San Roque y Santa Lucía.
Estos giros motivaron reclamos de los gobernadores a la Casa Rosada y, ante la negativa, impulsaron un proyecto en el Congreso para que se distribuyan en función de la coparticipación —al igual que el impuesto a los combustibles líquidos—, el cual fue vetado por el presidente Milei, quien argumentó que atentaba contra el superávit fiscal.
Gasto social
Los programas sociales también mostraron una caída relevante. Analytica precisó que el gasto en este rubro disminuyó 35,7% interanual, al pasar de $0,6 billones en enero de 2025 a $0,4 billones en el mismo mes de 2026. Dentro de esta categoría, el programa Potenciar Trabajo registró una baja de 25,6% y las políticas alimentarias retrocedieron 24,9%. El resto de los programas sociales presentó un descenso más pronunciado, del 59,6%.
El informe detalló que el gasto en bienes y servicios también retrocedió de manera considerable, con una reducción de 34,9% interanual. En cifras, este ítem pasó de 0,1 billón de pesos en enero de 2025 a un monto similar en 2026, aunque con un fuerte ajuste en términos reales.

Contrario a la tendencia general, los subsidios económicos mostraron una expansión significativa. De acuerdo con la consultora, este rubro creció 139,2% interanual, al pasar de $0,3 billones en enero de 2025 a $0,7 billones en 2026. El aumento respondió a la baja base de comparación del año anterior, cuando el Gobierno había recortado fuertemente estas partidas.
Este escenario cambiará en los próximos meses. A principios de enero, la administración libertaria postergó el nuevo esquema de subsidios por cuestiones administrativas, pero a mediados de mes comenzaron a regir los cambios para la electricidad y en febrero para el gas.
Con la creación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), se eliminó el esquema de segmentación de subsidios en tres niveles de ingresos (N1, N2, N3) y se unificaron todos los beneficiarios en una sola categoría de usuarios residenciales que requieren asistencia. Solo podrán acceder quienes tengan ingresos netos iguales o inferiores a un valor equivalente a tres (3) Canastas Básicas Totales (CBT) para un ‘Hogar 2’ según los datos que surgen del Indec.

La transición al nuevo régimen será gradual. En el primer mes, se aplicará una bonificación extraordinaria del 25% adicional, alcanzando una cobertura total del 75% en electricidad y 25% en gas en ese mes. Este plus se reducirá progresivamente hasta desaparecer a fin de año, evitando saltos abruptos en las facturas. El precio mayorista de la electricidad quedará alineado con el valor monómico de generación, estimado en USD 75 por MWh, y el gas tendrá un precio plano de USD 3,80 por millón de BTU.
El Gobierno tiene una meta fiscal de 2,2% del Producto Bruto Interno (PBI) pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que es más ambiciosa que la de 2025, pero que puede ser renegociada durante la segunda revisión que está en curso.
Gasto inflexible
Entre los componentes del gasto público que mantuvieron un comportamiento estable o levemente positivo se encuentran las jubilaciones y pensiones, así como las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH). Según Analytica, las jubilaciones y pensiones aumentaron 0,8% en términos reales, ubicándose en $4,9 billones frente a los $4,8 billones de enero del año anterior. Las asignaciones familiares y la AUH sumaron $0,8 billones, con una suba interanual de 1,1 por ciento. El aumento en la AUH fue de 5,4%, mientras que las asignaciones familiares se redujeron 6,1 por ciento.
El gasto en personal, que incluye salarios y otras erogaciones vinculadas a la administración pública, mostró un retroceso de 4,2 por ciento. Este gasto se redujo de 1,2 billones de pesos en enero de 2025 a 1,1 billón en el mismo mes de 2026.
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