Multas automáticas: qué cambios se definieron para beneficiar a las pymes

Este domingo, el Gobierno reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal, donde la actualización de un 100.000% en el monto de las multas automáticas había generado un importante revuelo en los últimos meses, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Esto generó que las pymes expresaran una fuerte preocupación por el impacto de estas sanciones en su actividad diaria.

La instrumentación del Capítulo III, del título II de la Ley 27.799 se oficializó esta madrguada, mediante el decreto 93/2026, publicado en el Boletín Oficial.

Frente a la situación que enfrentan las pymes, el Gobierno instruyó eliminar la automatización en la emisión de intimaciones a contribuyentes que no sean considerados relevantes para la recaudación nacional. El objetivo es modificar los procedimientos de sanción y atenuar el impacto sobre las pymes, otorgándoles un trato diferencial en la aplicación de multas.

Así, las intimaciones automáticas no se remitirán a todos los contribuyentes por igual. En cambio, el análisis se realizará caso por caso, excluyendo a las pymes de la automatización y permitiéndoles corregir su situación antes de recibir una sanción formal. Esta diferenciación administrativa busca evitar que actores económicos de menor tamaño sean sometidos a las mismas reglas que los grandes contribuyentes.

En lugar de intimaciones automáticas, se enviarán recordatorios para que el contribuyente regularice su situación antes de que comience la instrucción del sumario para la aplicación de la multa

Explicaron que este mecanismo reemplaza la intimación automática por un aviso previo, incentivando la regularización voluntaria y equilibrando la fiscalización con la protección de la actividad económica de las pymes.

Por otro lado, las pymes estarán excentas de las sanciones cuando se presente la declaración jurada y se pague el tributo en tiempo y forma o; por el contrario se adhiera a un régimen de facilidades de pago. A su vez, aquellas pequeñas empresas que detecten algún error en sus documentos, tendrán un plazo para rectificarse. En el caso de que lo hagan antes de que ARCA identifique la diferencia, no será considerada una “discrepancia significativa”, por lo que no perderán la presunción de exactitud.

El consenso alcanzado en el marco de la Ley de Inocencia Fiscal busca proteger a las pymes sin resignar la capacidad del Estado para controlar y fiscalizar. La instrucción de no automatizar la emisión de multas para los contribuyentes menos relevantes apunta a preservar el equilibrio entre la recaudación fiscal y la protección del empleo y la producción. Enfatizaron que los procedimientos de control y sanción deben aplicarse con criterios de razonabilidad, evitando que la automatización se convierta en una fuente de injusticias o agrave la situación de los sectores más vulnerables.

Cómo deben hacerse las operaciones con los dólares del colchón y qué pasa con los monotributistas

El Ejecutivo definió también los pasos que deberán cumplir los argentinos para ingresar al circuito formal los dólares almacenados fuera del sistema bancario y precisó los incentivos para quienes tributen en el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). La medida busca canalizar hacia el sistema financiero los aproximadamente USD 170 mil millones que se encuentran fuera del circuito formal, monto que representa casi el triple de los depósitos privados actualmente registrados en el país.

Las autoridades nacionales esperan que la reglamentación fortalezca el crédito y contribuya a la reactivación económica. El decreto también introdujo cambios en los umbrales penales asociados a la evasión fiscal: el mínimo para que una evasión simple sea considerada delito aumentó de $1,5 millones a $100 millones. Las causas previas a la publicación del decreto pueden solicitar la aplicación de la ley penal más benigna, siempre que la norma haya sido publicada en el Boletín Oficial. El nuevo umbral se ajustará anualmente bajo un método específico.

En cuanto a los procedimientos, el decreto establece que para utilizar los dólares guardados fuera del sistema, los contribuyentes deberán “bancarizarlos”, es decir, integrarlos al sistema financiero nacional. Esto podrá realizarse tanto en el origen como en el destino de los fondos.

Una fuente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) explicó a Infobae que los contribuyentes podrán optar por depositar los dólares en su cuenta bancaria antes de transferirlos o girar el dinero directamente a otra persona, siempre que el circuito sea trazable.

La exigencia responde a recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), que sostienen que la trazabilidad de los fondos reduce riesgos vinculados al lavado de activos y la financiación del terrorismo.

La magnitud del ahorro informal fue subrayada por Caputo en diálogo con Radio Mitre, donde estimó que existen USD 170 mil millones fuera del sistema, mientras que los depósitos privados alcanzan los USD 67 mil millones. El ministro afirmó: “Hay casi tres veces el nivel de depósitos que hay en el sector privado en los colchones. Imaginate si eso fuera en los próximos meses al sistema financiero, ni te digo todo, la mitad de eso, los problemas de la Argentina se solucionarían”.

Para adherir al RSG, la normativa exige ingresos anuales menores a $1.000 millones, un patrimonio inferior a $10.000 millones y no estar calificado como gran contribuyente. Solo se computan ingresos propios, sin contemplar los percibidos como intermediario. Entre los beneficios para quienes se incorporen al régimen figuran la presunción de exactitud y el efecto liberatorio del pago, junto con detalles sobre los casos en los que se aplica la figura de discrepancia significativa.

El impacto para los monotributistas resulta especialmente relevante. Los pequeños contribuyentes interesados en ingresar dólares al sistema deben inscribirse previamente en el RSG; de lo contrario, quedarán sujetos a eventuales controles fiscales. Una fuente oficial advirtió: “Los pequeños contribuyentes tendrán que evaluar qué les conviene más: sacar los dólares del colchón y pagar más impuestos o no hacerlo y correr el riesgo de ser investigados”. Las autoridades confían en que la mayoría de este sector optará por regularizar su situación.

Aún está pendiente de confirmación si los lineamientos definidos en la reglamentación satisfacen las expectativas de las entidades bancarias privadas, o si la Unidad de Información Financiera (UIF) deberá emitir nuevas instrucciones, en un contexto de transición en su dirección. Se prevé que en los próximos días ARCA publique nuevas Resoluciones Generales para ajustar y precisar el régimen en marcha.