Sturzenegger destacó una propuesta del Banco Central para limitar la “industria del juicio”

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, elogió y publicitó hoy una iniciativa del Banco Central (BCRA) para limitar la “industria del juicio” mediante una propuesta de tasa aplicable para la actualización de fallos judiciales en conflictos que se desarrollan durante muchos años y llegan a menudo a cifras impagables para la parte demandada, exponiéndola a la quiebra.

Sturzenegger destacó una iniciativa de Ignacio Pérez Cortés, un funcionario del BCRA, que a su criterio resuelve la cuestión y “pasó algo bajo el radar”.

El Código Civil y Comercial, explicó, define como actualizar montos en su artículo 768, en primera instancia por acuerdo entre partes y, de no haberlo, por leyes especiales o por las tasas que reglamente el BCRA. He aquí, señaló, que la autoridad monetaria publicaba a ese fin la Circular 14.290 que por su metodología quedaba muy por debajo de la inflación, por lo cual los jueces entonces la ignoraban y hacían “actualización por alguna tasa que se les ocurría, inflación, inflación + 3%, inflación +7%”. Algunos, prosiguió, “usaban tasas activas que en ciertos momentos eran muy altas, generando obligaciones impagables” y muchos otros usaban inflación más 3%, fundamentando que ese era un valor razonable del “costo oportunidad del acreedor por el dinero que se había demorado en tener”.

Injusticias

El problema es que para sentencias en conflictos judiciales prolongados así se generaban injusticias. “Como Argentina tuvo mucho tiempo tasas reales negativas, el demandado no tenía manera de preservar el valor del dinero aun si hubiera querido (y mucho menos aún sacarle un retorno real del 3%!)”.

Para resolver esta situación, explicó, Pérez Cortés, el funcionario del BCRA, propuso una solución que resolvía en un único cálculo ambos problemas, “tanto el de evitar periodos con tasas ridículamente altas, como el desafío planteado por periodos con tasas muy negativas en términos reales”. La idea es actualizar los montos con una combinación de tasas activas y pasivas, pero con un techo en inflación +3% y un piso en inflación -3%. “De esta manera si las tasas eran exorbitantemente altas se capeaba el monto en una más razonable tasa real del 3%. Y si las tasas eran negativas en términos reales, tanto que generaban pérdidas de más del 3%, los montos se actualizarían a inflación -3%”.

De este modo, en períodos de tasas de interés reales negativas (esto es, inferiores a la inflación) se distribuyen los costos más lógicamente entre las partes al ajustar por un poquito menos que la inflación. Según Sturzenegger, “la tasa resultante de este cálculo da actualizaciones muy lógicas para cualquier periodo” y “al ser lógicas e impuestas por el Código Civil y Comercial no hay motivo para que no se generalice su uso en sentencias judiciales. Al menos para aquellos casos en que no haya una ley especial”.

Menos discrecionalidad

De este modo, se limita el grado de discrecionalidad de los juzgados para actualizar montos y el incentivo de los abogados a largos litigios judiciales. Además, dijo el funcionario desregulador, para facilitarles la tarea al universo judicial, que no suele ser ducho en materia de números, “el BCRA pondrá a disposición, una calculadora para que cada abogado o juez pueda computar la actualización automáticamente”.

Cabe recordar que a mediados del año pasado el propio presidente Javier Milei había anunciado “motosierra para la industrial del juicio y los caranchos”

Sturzenegger destacó también que el proyecto de reforma laboral instituye un razonamiento similar “pero no idéntico” al sugerir para el futuro una actualización de inflación +3%, y hacia atrás las tasas activas con un tope de inflación más 3% y un piso del 67% de ese monto si las tasas reales son muy negativas.

La idea, explicó, en el fondo es la misma: reducir la incertidumbre (y la arbitrariedad) judicial. Y agradeció el trabajo conjunto de algunos funcionarios judiciales que prefirieron que no se conozca su nombre, dos laderos del ministro, los secretarios Alejandro Cacace (Desregulación) y Maximiliano Fariña (Transformación del Estado y Función Pública), y el equipo del Banco Central, en particular su titular, Santiago Bausili.

Sturzenegger concluyó subrayando que la cuestión de fondo es “reducir el riesgo judicial” y “consolidar el derecho de propiedad, base de una sociedad próspera que propone nuestro presidente, Javier Milei”, al que arrobó, además de consignar su firma en redes sociales: VLLC!