En el marco de su política de simplificación y desregulación, el Gobierno Nacional anunció la derogación de 71 normativas vinculadas a la actividad comercial. La medida quedó plasmada por medio de la Resolución 357/2025 publicada en el Boletín Oficial e incluye regulaciones asociadas a programas ya desarticulados como Precios Justos y la Ley de Góndolas, además de disposiciones complementarias de la ya derogada Ley de Abastecimiento y del disuelto Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC).
Según informó la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, el objetivo es eliminar trabas burocráticas y transparentar el comercio interno. “Se trata de normativas que obstaculizan las relaciones comerciales entre consumidores, habilitan controles de precios abusivos, exigen información sin ningún fin específico y regulan programas que ya habían sido dados de baja”, señaló la dependencia en un comunicado.
En la resolución publicada, se remarcó que “corresponde propiciar la derogación de aquellas normas que han quedado obsoletas derivadas de dichos marcos jurídicos, con el fin de reducir la carga administrativa y burocrática tanto para el gobierno como para los ciudadanos”. De ese modo, “lograr una gestión más eficiente de los recursos públicos”.
Derogación de normas vinculadas a la Ley de Abastecimiento
De las 71 disposiciones alcanzadas por la resolución que se publicará en los próximos días, 27 corresponden a resoluciones complementarias de la Ley de Abastecimiento, que había sido eliminada a comienzos de la actual gestión mediante el DNU 70/23. Estas normas habilitaban al Estado a fijar precios y márgenes de ganancia en sectores sensibles como alimentos, hidrocarburos y materiales de construcción.
Entre los ejemplos incluidos en el listado oficial, figura la Resolución 605/2020, que intimaba a las empresas de insumos para la construcción a incrementar la producción al máximo de su capacidad; la Resolución 100/2020 y la Resolución 1050/2021, que establecieron precios máximos en el marco de la pandemia de COVID-19; y la Resolución 25/2006, que regulaba la comercialización y distribución de gasoil.
También quedaron sin efecto disposiciones más antiguas, como la Resolución 226/1986, que suspendía temporalmente el derecho de importación sobre la papa, o la Resolución 18/1989, que obligaba a productores y comercializadores de algodón a remitir información a la entonces Secretaría de Comercio Interior.
Fin de las normativas del Coprec
Otra parte significativa del paquete alcanza a 24 normas vinculadas al Coprec, el organismo de conciliación previa en las relaciones de consumo que había sido eliminado por considerarse burocrático y superpuesto con otras instancias.
En este grupo se incluyen resoluciones que regulaban la admisión de reclamos, la homologación de acuerdos y el pago de honorarios a los conciliadores. Entre ellas se encuentran la Resolución 48/2015, que fijaba los criterios de admisión de reclamos; la Resolución 480/2015, que establecía los parámetros para abonar honorarios; y la Resolución 340/2021, que aprobaba el código de “Buenas Prácticas Comerciales”.
También se derogaron disposiciones relacionadas con el funcionamiento de audiencias y la presentación de documentación, como la Resolución 616/2020, que permitía a los consumidores elegir la modalidad de las audiencias, y la Resolución E 157/2017, que obligaba a ingresar reclamos por mesa de entradas.
Programas desarticulados: Precios Justos y Ley de Góndolas
El Gobierno también eliminó 20 normas que daban sustento a programas y esquemas ya discontinuados, entre ellos Precios Justos, El Mercado en tu Barrio y el Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos.
En relación con Precios Justos, quedaron sin efecto las resoluciones que aprobaban convenios específicos de colaboración con municipios para fiscalizar su cumplimiento, como las Resoluciones 75/2022, 118/2022 y 12/2023.
Respecto de la Ley de Góndolas, la Secretaría de Industria y Comercio derogó las disposiciones que regulaban la disposición de productos en supermercados. Esta normativa, establecida en 2020, buscaba garantizar la competencia de segundas y terceras marcas en los espacios de venta, pero había sido eliminada formalmente por el mismo DNU que dio de baja la Ley de Abastecimiento.
También se incluyeron en la resolución otras normas como la Resolución 115/2021, que aprobaba convenios para el programa El Mercado en tu Barrio, y las resoluciones del programa de estímulo a pequeños productores de granos dictadas entre 2007 y 2015.
Continuidad en el proceso de desregulación
Con esta nueva tanda, la Secretaría de Industria y Comercio suma más de 240 normas derogadas desde el inicio de la gestión. Previamente se habían eliminado requisitos de comercio exterior, como las licencias automáticas y no automáticas, el SIRA y el DJCP, que generaban costos por unos USD 5 millones y más de un millón de declaraciones juradas anuales. También se había dado de baja el programa Precios Cuidados y el régimen informativo Sipre, que obligaba a empresas a reportar precios y cantidades.
“Estas medidas representan un paso más en el objetivo de conformar un ordenamiento jurídico que permita eliminar trabas burocráticas y promover la libre competencia”, indicó la cartera que encabeza la Secretaría de Industria y Comercio en su comunicado.
Alcance de la decisión
En total, la resolución deroga 40 resoluciones y sus 31 modificatorias, distribuidas entre normas complementarias de leyes derogadas, regulaciones de entes disueltos y programas en desuso. La medida se enmarca dentro de la estrategia de simplificación del Estado impulsada por el Ministerio de Economía.
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