Durante los primeros ocho meses de los últimos dos años, la presión tributaria del gobierno central sobre la economía disminuyó en más de cuatro puntos porcentuales del PBI, generando un “ahorro” equivalente a USD 33.000 millones para el sector privado.
Este alivio se tradujo en mayor poder de compra e incentivo a la inversión, favoreciendo la dinámica empresarial frente a años previos de carga impositiva récord.
Luego del máximo histórico de presión fiscal alcanzado durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, equivalente al 31% del PBI -según estimaciones de Econviews, la consultora dirigida por el exsubsecretario de Financiamiento Miquel Kiguel-, la recaudación tributaria se mantuvo cerca del 30% del producto durante la gestión de Alberto Fernández. El gran cambio se consolidó a partir del inicio del gobierno de Javier Milei, con una baja sostenida que proyecta la presión fiscal para 2025 en torno a 25% del PBI.
El gran cambio se consolidó a partir del inicio del gobierno de Javier Milei, con una baja sostenida que proyecta la presión fiscal para 2025 en torno a 25% del PBI (Econviews)
El cálculo de Econviews para 2025 suma los ingresos de la DGI (impuestos), la ANA (derechos y recargos aduaneros sobre exportaciones e importaciones) y la Anses (aportes y contribuciones sobre nómina salarial, independientes y monotributistas).
Así, la presión tributaria nacional consolidaría una caída porcentual que no se registraba en el país desde la última década.
El análisis comparativo entre los primeros ocho meses de 2025 y el mismo lapso del último año del gobierno anterior, realizado en base a datos oficiales del Ministerio de Economía y los informes monetarios del Banco Central, confirma una reducción de 4,3% del PBI en la recaudación fiscal.
Este fenómeno generó un alivio tanto para empresas como para trabajadores, equivalente a USD 33.000 millones por menor pago de impuestos.
La reducción de la presión fiscal se reflejó en las tres grandes fuentes de recursos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), aunque con distintas magnitudes y comportamientos:
La presión tributaria nacional consolidaría una caída porcentual que no se registraba en el país desde la última década
- DGI: la presión de los tributos sobre la producción nacional pasó de 14,2% del PBI en los primeros ocho meses de 2023 a 11,7% tanto en igual período de 2024 como en lo que va de 2025.
- Aduana (ANA): la dinámica fue más fluctuante, con un salto de 5,8% del PBI a 6,1%, pero luego una fuerte caída a 4,4% este año.
- Anses: los aportes y contribuciones a la seguridad social comenzaron en 6% del PBI, descendieron a 4,9% en 2024 y repuntaron al 5,5% del PBI en el último tramo analizado.
Efectos cuantitativos del cambio
El análisis de los factores detrás de esta baja fiscal -y su distribución en USD 12.450 millones durante 2024 y USD 20.745 millones durante 2025- se vincula directamente con el crecimiento esperado del PBI según estimaciones privadas y de bancos de inversión.
La recaudación en relación con el producto bruto no solo es menor en términos relativos, sino que también cedió participación en los componentes de la torta tributaria:
La recaudación en relación con el producto nacional no solo es menor en términos relativos, sino que también cedió participación en los componentes
- DGI bajó su peso del 54,7% al 54,1% sobre el total recaudado de Nación.
- Aduana redujo su participación de 22,2% a 20,4 por ciento.
- Anses aumentó su protagonismo de 23,1% a 25,5%, absorbiendo parte del alivio tributario a través de la recuperación parcial del empleo y el mayor cumplimiento de aportes.
En el caso de la DGI, la comparación entre 2023 y 2025 sobre nueve rubros principales muestra que cuatro lograron un crecimiento relativo: IVA, Débitos y Créditos Bancarios, Combustibles y el grupo de “otros”.
Este avance estuvo asociado a la recuperación mínima de la actividad (el EMAE creció 2,3%) y el restablecimiento gradual de la carga sobre la transferencia de naftas, luego de su reducción temporal en la gestión de Alberto Fernández.
El avance real de los recursos a cargo de la DGI se explican por el aumento de la actividad y de la restituicón del Impuesto a los Combustibles
En conjunto, los tributos mencionados representaron el 33% del total nacional, lo cual implica una suba de 1,7 puntos porcentuales en dos años. Permanecieron estables los “otros coparticipados” (0,2% del total), mientras que perdieron participación el Impuesto PAIS (creado en diciembre de 2019, eliminado a fines de 2024 tras alcanzar 6,2%), Ganancias, Bienes Personales e Internos Unificados, todos afectados por los regímenes recientes de regularización y segmentación. Su peso global descendió de 26,6% a 21,5 por ciento.
En el área aduanera, la recaudación total creció 0,5 puntos porcentuales pero se desglosó en caídas de 0,4 pp en Ganancias y de 1,2% en IVA sobre comercio exterior, con una suba notoria en retenciones de exportación (1,7 pp) por la normalización de las cosechas y el fin de cupos, pese a menores alícuotas, y una mejora de 0,3 pp en derechos de importación por pagos normalizados y mayor actividad económica.
Expectativas y próximos pasos
La atención se dirige ahora al lunes 15, día en que el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, presentarán los lineamientos de recursos y gastos para 2026 tanto de la Administración Central como del conjunto del Sector Público Nacional. Esta tradición de cerrar la jornada con la difusión de proyecciones presupuestarias servirá para delinear cómo planea el oficialismo sostener el sendero de baja fiscal, afrontar nuevas demandas sociales y contribuir al crecimiento económico.
El presidente Javier Milei y el ministro Caputo subrayan habitualmente que el propósito de gestión no termina con la erradicación del “impuesto inflacionario”. El objetivo es alcanzar una menor carga tributaria real, focalizando los recortes en gravámenes orientados al comercio exterior y facilitando así un entorno más competitivo para empresas y productores.
El panorama resultante muestra un Estado nacional con menos peso recaudatorio sobre la economía, una histórica transferencia de recursos en favor del entramado productivo y mayor potencial para el consumo privado y la inversión real.
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