Una empresa argentina ganó la licitación para administrar un paso fronterizo que concentra un cuarto del comercio con Brasil

La empresa argentina Plus Byte ganó la licitación para la concesión del puente binacional São Borja–Santo Tomé, en una subasta organizada por los gobiernos de Argentina y Brasil. La licitación se realizó el miércoles 16 de julio en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu, bajo la organización de la bolsa B3.

Plus Byte ofreció USD 29 millones en concepto de “outorga”, un pago inicial que el adjudicatario entrega a los Estados para obtener el derecho de operar la concesión. Según la cotización vigente, ese monto equivale a unos 162 millones de reales brasileños, que se distribuirán entre ambos gobiernos. La oferta representó un sobreprecio (ágio) del 9,43 % respecto del valor mínimo establecido en el pliego de bases y condiciones de la licitación.

En la misma subasta participó la firma brasileña CS Infra, del grupo Simpar, que ofreció USD 26,6 millones, lo que implicó un ágio del 0,38 %. Aunque la diferencia entre ambas ofertas no resultó muy amplia, alcanzó para que Plus Byte se adjudicara la concesión según el medio especializado Valor Económico. La participación de empresas de ambos países reflejó el interés regional por un paso fronterizo estratégico para el comercio bilateral.

El contrato prevé una inversión total de USD 99 millones, cifra cercana a 552 millones de reales al tipo de cambio actual. Esta inversión se distribuirá a lo largo de los 25 años de vigencia de la concesión. El proyecto incluye 15 kilómetros de infraestructura, abarcando tanto el puente como los accesos viales en territorio argentino y brasileño.

El puente internacional São Borja–Santo Tomé cuenta con una extensión de 1.400 metros sobre el río Uruguay y conecta el municipio de São Borja, en el estado brasileño de Río Grande do Sul, con la ciudad argentina de Santo Tomé, en la provincia de Corrientes. Por este corredor circula aproximadamente el 23% del comercio bilateral entre Argentina y Brasil, de acuerdo con datos aportados por el gobierno brasileño.

Además del mantenimiento y la operación del puente y sus accesos, la nueva concesionaria tendrá la obligación de gestionar un área aduanera conjunta en la que las autoridades de ambos países realizarán los controles de carga. La operación de esta zona será clave para garantizar la agilidad y la seguridad de las operaciones comerciales que atraviesan el corredor.

Actualmente, el tramo se encuentra en operación bajo la gestión de la empresa Mercovia, un consorcio compuesto por Impregilo Internacional, Necon Argentina y Jose J. Chediack. Este grupo administra la infraestructura desde el inicio de su construcción, que comenzó en 1996. El contrato previo venció en 2021, pero se fue prorrogando hasta concretarse la nueva licitación.

El proceso de licitación implicó varios intentos. En enero, la primera convocatoria se suspendió por una medida cautelar del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil, que dio lugar a un reclamo presentado por la firma brasileña Ponta Negra Soluções Logísticas e Transportes, la cual cuestionaba datos contenidos en el pliego. En abril, la segunda tentativa fracasó porque no se presentaron ofertas.

En esta tercera ronda, además de Plus Byte y CS Infra, se intentó inscribir el Consorcio Ponta Negra Logística, pero no consiguió la habilitación para participar porque no cumplió con uno de los requisitos del pliego, según la comisión de licitación.

Fuentes del sector destacaron que se trata de una licitación vinculada a la integración de Argentina y Brasil, ya que corresponde a la concesión de uno de los pasos limítrofes más relevantes entre ambos países. Según estas voces, la licitación representa una apuesta al comercio y al trabajo conjunto entre ambos Estados. También subrayaron que demuestra la viabilidad de la cooperación entre el sector público y el privado en proyectos de infraestructura.

El pago de la “outorga” representa un ingreso fiscal importante para los Estados involucrados. Además, la adjudicación implica obligaciones de inversión en infraestructura, mantenimiento y operación que buscan garantizar la calidad del servicio y la seguridad del tránsito. Las autoridades remarcaron que la incorporación de un área aduanera integrada forma parte de un esfuerzo para modernizar el control fronterizo y facilitar el comercio.

El tramo concesionado comprende tanto el puente como los accesos viales en ambos lados de la frontera. La infraestructura se diseñó para soportar el tránsito de cargas pesadas, transporte internacional y vehículos particulares. Las autoridades señalaron que la operación privada de la vía incluirá tareas de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la recaudación de peajes o tarifas que financien las obras y servicios.

El contrato, de 25 años, obliga al concesionario a garantizar estándares de calidad y seguridad en todo el corredor. Las inversiones previstas incluyen reparaciones estructurales, modernización tecnológica, mejoras en señalización, iluminación, sistemas de monitoreo y la construcción o adecuación de instalaciones aduaneras.

El puente binacional forma parte de la red vial del Mercosur y constituye uno de los pasos más relevantes para la conexión entre el Noreste argentino y el Sur de Brasil. Su operación resulta estratégica para las cadenas de suministro y para el transporte de bienes industriales, productos agrícolas y materias primas.

El consorcio Mercovia seguirá operando el puente y sus accesos hasta que la nueva concesionaria asuma formalmente el control de la concesión. En ese período de transición, se prevén ajustes operativos y la definición de cronogramas de inversión. Las autoridades remarcaron la necesidad de garantizar la continuidad del servicio y la seguridad para los usuarios del corredor.

Fuentes del sector consultadas destacaron que este proceso de licitación se relaciona con la integración de Argentina y Brasil, al tratarse de un paso fronterizo que busca fomentar el comercio y el trabajo conjunto entre los dos países. También consideraron que demuestra la posibilidad de cooperación entre el sector público y el privado en la gestión de infraestructura estratégica.