Tras haber sido disuelto en noviembre del año pasado, el Gobierno emitió una serie de lineamientos para liquidar en su totalidad el programa Pro.Cre.Ar., que ofrecía líneas de créditos subsidiadas por el Estado nacional para el acceso a la vivienda.
A través de la resolución 764/2025 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía enlistó los procedimientos necesarios para desmantelar el fondo fiduciario que administraba el programa que había sido creado en 2012. De esta manera, el organismo asegura la continuidad de los procesos financieros y la correcta disposición de los bienes involucrados tras su disolución. Según se detalló en el texto, la Secretaría de Obras Públicas será la encargada de dicho procedimiento.
En tanto, lo dispuesto en el contrato con el Banco Hipotecario continuará bajo las mismas condiciones de retribución establecidas originalmente. La institución desempeña el rol de fiduciario para la gestión de los créditos individuales que aún deben ser administrados hasta su total liquidación. En esa misma línea, autoriza la celebración y suscripción de un Contrato de Mandato para la Gestión de Créditos Individuales entre la cartera que dirige Luis Caputo y la entidad bancaria.
En el caso de bienes inmuebles que no estén afectados a contratos de locación de obra vigentes, deberán ser transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), tal como se mencionó en el decreto 1018/2024 que dispuso la disolución publicada el 13 de noviembre. Más allá de la decisión tomada, el Ejecutivo señaló: “No es posible desconocer la dificultad de vastos sectores de la sociedad para acceder a una vivienda, producto de contextos desfavorables para el acceso a créditos, generados, entre otros motivos, por la alta inflación de las últimas décadas”.
Al mismo tiempo, señaló que “la financiación de la construcción de viviendas es una actividad propia y principal de los bancos comerciales, privados y públicos, por lo que no se justifica la intervención del Estado en esa materia”.
Un día antes de que se publicara el texto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, indicaba a través de su cuenta de X, dos novedades en materia económica, y una de ellas hacía mención de que “el plan Procrear tal y como lo conocemos, dejará de existir. Además de esto, se comenzarán a permitir las ‘hipotecas divisibles’ para proyectos inmobiliarios en desarrollo”.
Por otro lado, la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial, dependiente de la Secretaría de Legal y Técnica, fue instruida para realizar las acciones necesarias para cumplir con el contrato de gestión de cobranzas, asegurándose de que los fondos recaudados sean canalizados correctamente hacia las cuentas públicas, neto del costo de gestión y cualquier retribución pendiente. Esta medida también incluye la instrucción para vender carteras de créditos cuyo rendimiento sea inferior al cuarenta por ciento de la suma total esperada.
“La adopción de las medidas que resulten necesarias a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Gestión de Cobranzas a celebrarse entre este ministerio y el Banco Hipotecario S.A., suscribiendo los actos jurídicos pertinentes a dicho efecto”, sostiene la resolución publicada este lunes en horas de la madrugada.
A su vez, la Subsecretaría Legal deberá involucrarse en los procedimientos judiciales que puedan surgir a raíz del desmantelamiento del fondo fiduciario. En esta oportunidad, la publicación también recordó lo establecido en el artículo 5 del decreto original, respecto de la posibilidad que adoptó el Ministerio de Economía de transferir inmuebles o unidades a provincias, municipios, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, institutos de vivienda y otros organismos del Estado Nacional, con la “previa intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación”.
Y si los respectivos inmuebles hubiesen sido aportados por Provincias o Municipios u otros “podía acordarse su restitución total o parcial a favor del aportante de origen que se trate”.
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