En medio del ajuste y de las auditorias que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei desde su llegada al poder, se eliminaron tres fondos fiduciarios, en los cuales se habían detectado irregularidades en su funcionamiento.
Se trata del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social y el Fideicomiso del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (Prodaf), cuyas actividades quedaron relegadas a partir del Decreto 6/2025, publicado en el Boletín Oficial.
Dentro de los argumentos mencionados por el Ejecutivo, se mencionó la identificación de irregularidades en la administración, así como en el incumplimiento de los objetivos para los que fueron creados. De esta manera, el número de fondos que dejaron de existir asciende a más de siete desde que Milei llegó a la Casa Rosada.
Según un informe de auditoria elevado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), los tres fondos presentaban diversas anomalías. En el caso del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, creado bajo la Ley 27.078 —cuyo fin era desarrollar tecnologías de información y comunicación estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes—, se detectó que varios programas asociados carecían de instrumentos que justificaran su continuidad y no cumplían con los objetivos estipulados. Cabe mencionar que el acceso al Servicio Universal, permanece vigente, al igual que la obligación de realizar los aportes de inversión prevista.
Asimismo, en el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, generado por la Ley 27.341 para financiar programas de vivienda social e infraestructura básica con fondos públicos, privados y de organismos internacionales, multilaterales o trilaterales, se encontraron obras finalizadas que no contaban con las correspondientes rendiciones de cuentas, y, por otro lado, proyectos rescindidos sin devolución de fondos.
Por último, el Prodaf, cuya misión era facilitar el acceso al crédito para los beneficiarios, fue considerado prescindible al haber cumplido sus metas iniciales.
Una de las medidas de mayor ajuste fue la que se tomó en noviembre del 2024, en donde un único Decreto, el 1048/2024, estableció el cierre de cinco fideicomisos. Se trata del Fondo para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE), Para la Refinanciación Hipotecaria, Programa de Inversiones Estratégicas, Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata y el Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA (PROICSA).
En ese entonces, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipaba, a través de la red social X, cuáles serían los próximos pasos. “Se terminó el Foncap y se van a terminar varios más en los próximos días. Basta de fondos y fideicomisos, cuyo creación siempre obedeció a usarlos como cajas políticas”. La publicación se sumaba a las declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien aseguraba que, con esto, el Estado se ahorraba unos 100 millones de pesos por mes sin que el contribuyente pierda dinero inútilmente.
Al respecto, Adorni detallaba que “el 74% del total de los gastos del FONCAP correspondía a sueldos y cargas sociales, con 20 millones de pesos destinados a oficinas, y 80 millones por mes asignados a sus 26 empleados, que en el último año otorgaron apenas 20 créditos”.
En el marco de las decisiones, el Gobierno no olvidó mencionar en uno de los párrafos, que, a través de la Ley Bases, está habilitado a “modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos de conformidad con las reglas que allí se establecen”, bajo las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Economía.
A su vez recordó que continuarán vigentes las obligaciones de los fiduciarios, con el fin de asegurar la coordinación y producción de información, así como la ejecución de los actos relativos a la administración de la disolución y posterior liquidación, dependiendo de la cartera que dirige Caputo.
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