Disolvieron otros cinco fondos fiduciarios por varias irregularidades detectadas en una auditoría

En el marco del proceso de cierre de los fondos fiduciarios, el Gobierno disolvió cinco fondos, entre ellos el destinado a la Asistencia Directa a Víctimas de Trata. Los principales argumentos del Ejecutivo son las irregularidades detectadas tras una auditoría.

El cierre del fondo se hizo efectivo mediante la publicación en el Boletín Oficial del decreto 1048/2024, que establece el cierre de los siguientes fondos: Para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE), Para la Refinanciación Hipotecaria, Programa de Inversiones Estratégicas, Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata – Ley 26.364 y el Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA (PROICSA).

“Establécese que continuarán vigentes las obligaciones de los fiduciarios de los Fondos alcanzados por la presente medida, con el fin de asegurar la coordinación y producción de información, así como la ejecución de los actos relativos a la administración de la disolución y posterior liquidación”, especifica el decreto.

Con respecto al FONDCE, el Gobierno menciona que “los bienes de este fondo deben destinarse al otorgamiento de préstamos a emprendimientos y/o instituciones de capital emprendedor para el apoyo a proyectos de emprendedores; Aportes No Reembolsables (ANR) para emprendimientos, instituciones de capital emprendedor e instituciones que ofrezcan servicios de incubación o aceleración de empresas; aportes de capital en emprendimientos e instituciones de capital emprendedor”.

Sin embargo, durante una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) se detectó que este fideicomiso tiene “debilidades en la gestión de inversiones y su recupero, falta de manuales operativos y de procedimientos, debilidades en las rendiciones de cuentas y falta de indicadores de gestión”.

Algo similar explicaron al mencionar los motivos por los que proceden con el cierre del Fondo Fiduciario para la Refinación Hipotecaria. “La SIGEN determinó la existencia de debilidades importantes respecto del desenvolvimiento del referido Fondo, así como demoras en la rendición de cuentas por parte del Fiduciario y en la contratación de auditores externos para la auditoría de los Estados Contables de los Ejercicios 2021, 2022 y 2023 y falta de una gestión activa de recupero de fondos en mora, entre otros”, alegaron.

Por otro lado, plantearon que el objeto del Programa de Inversiones Estratégicas era “invertir en sectores clave para el Estado nacional”, pero indicaron que “no se han integrado los bienes al fideicomiso, por lo tanto, ante la falta de funcionamiento, no hay motivos para su permanencia”.

Sobre el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, precisaron que la SIGEN identificó “la inexistencia de un manual de procedimientos formalizado, falencias observadas en el Contrato de Fideicomiso y la inexistencia de un Sistema Informático para la gestión de la unidad ejecutiva del referido Fondo, entre otros”.

Por último, en relación con el FPROICSA, señalaron que “se ha completado el proceso de otorgamiento de la totalidad de las asistencias crediticias que resultaron elegibles de conformidad al Contrato de Préstamo celebrado con la Corporación Andina de Fomento (CAF)” y desde 2020 este fondo no tiene actividad alguna en relación con los desembolsos a realizar.

A principios de noviembre, fue el turno del Fondo Fiduciario de Capital Social (FFCS). En esa oportunidad, el anuncio estuvo en manos del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien indicó que “el FFCS operaba con solo el 8% de los 40 millones de dólares que constituyeron su capital inicial”.

Adorni también detalló que, durante el último año, la gestión otorgó apenas 20 créditos y no presenta informes de actividad ni programas de financiamiento activos para PyMES, propósito original del fondo.

En cuanto al uso de recursos, la SIGEN destacó que “el 74% de los gastos totales del fondo correspondían a sueldos y cargas sociales”. Según el informe, 26 empleados reciben en conjunto 80 millones de pesos mensuales, mientras que 20 millones se destinan a oficinas. “El Estado metido en el medio no hace que ni las pequeñas, ni las medianas, ni las microempresas se desarrollen”, concluyó Adorni

Anteriormente, el Gobierno había cerrado el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO), que tenía como objetivo la promoción de la ganadería ovina y un desarrollo sostenible en la producción.