La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), empresa estatal, avanza en acuerdos con distribuidoras y cooperativas eléctricas de todo el país para regularizar una deuda equivalente a más de USD 1.100 millones por energía que no pagaron a tiempo. Las empresas señalan que la principal causa de la mora es que el atraso tarifario de los últimos años no alcanzó para cubrir sus costos, algo en lo que coinciden con el Gobierno.
El plan de pagos a siete años propuesto por Cammesa implica una fuerte licuación de los compromisos en el tiempo, con el objetivo de sanear los balances de las compañías y que estas vuelvan a ser “sujetos de crédito” para afrontar las inversiones que se requieren en el sector. Así lo había anticipado Infobae a mediados de noviembre.
El esquema propuesto por la empresa estatal implica un período de gracia de un año y 72 cuotas mensuales (6 años). La tasa de interés será equivalente al 50% de la del Banco Nación, que es la que suele utilizarse como referencia en el mercado eléctrico. Este medio pudo saber que hay acuerdo entre las partes para avanzar en ese sentido.

La resolución, ya redactada, está a la espera de la aprobación del ministro de Economía, Luis Caputo; del secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González; y de la secretaria de Energía, María Tettamanti, para su publicación en el Boletín Oficial. La gestión fue realizada por el vicepresidente de Cammesa, Mario Cairella, y las compañías tendrán 30 días para adherirse. En despachos oficiales consideran que este es el mejor camino para hacer “borrón y cuenta nueva”.
Cammesa, además de administrar el suministro de electricidad, actúa como intermediaria en el mercado: paga la energía a los generadores y cobra a transportistas y distribuidoras de todo el país. Sin embargo, los congelamientos tarifarios han generado distorsiones que afectaron el normal funcionamiento de este proceso.
Los congelamientos también afectaron la inversión en infraestructura, lo que se refleja en los cortes de suministro que sufre Argentina durante los picos de consumo en verano. De cara a 2025, existe el temor de que las olas de calor obliguen a realizar cortes residenciales para que el sistema pueda soportar la demanda.
Como los usuarios no pagan el costo completo de la energía eléctrica que consumen, el Tesoro realiza transferencias a Cammesa para cubrir esa diferencia, un esquema similar al que se utiliza con el gas natural. Estos subsidios energéticos representaron un gasto para el Estado de unos USD 150.000 millones en el período 2003-2023, según estimaciones oficiales.
Por otro lado, las transportistas y distribuidoras no recibieron transferencias directas del Tesoro, pero los congelamientos de tarifas, que comenzaron con el kirchnerismo, llevaron a las empresas a postergar sus pagos a la empresa estatal debido a que sus ingresos no alcanzaban para cubrir los costos operativos. Este mecanismo de financiamiento se extendió en los últimos años y ahora el Gobierno busca eliminarlo definitivamente.

Datos oficiales a los que accedió Infobae indican que la deuda sin regularizar de las distribuidoras, incluidas cooperativas del interior, al 13 de diciembre alcanzaba los $1,39 billones, es decir, más de USD 1.100 millones en la conversión al dólar contado con liquidación (CCL). Se estima que hay un monto equivalente por otros compromisos que ya se encuentran con planes de pago específicos.
Las distribuidoras del AMBA (Edesur y Edenor) concentran el 38% de la deuda total sin regularizar. Son las firmas con mayor cantidad de clientes en el país. En tanto, entre las cooperativas del interior, 16 están bajo sospecha de maniobras para desviar fondos para financiar gasto político e incluso hay juicios en marcha.
Para acceder al plan de pagos, las empresas deberán cumplir al menos dos condiciones: no tener litigios abiertos con Cammesa, la Secretaría de Energía o el Ministerio de Economía, y estar al día con sus pagos de 2024, o tenerlos regularizados mediante algún esquema de regularización.
La limpieza en los balances de las distribuidoras es clave para los planes del Gobierno de normalizar el mercado eléctrico. En primer lugar, se espera que Cammesa deje de comprar combustible para la generación de energía; posteriormente, se licitará mayor capacidad de transporte y potencia, y se dará inicio a un período de contractualización basado en el juego de oferta y demanda. El ministro Caputo, en tanto, está evaluando la magnitud de los incrementos tarifarios que se implementarán en 2025 y cómo se coordinarán con la reducción de subsidios prevista.
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