El Gobierno profundiza la investigación contra el “Señor del Tabaco”: la DGI le reclama 1.300 millones de dólares

En el marco de los cambios llevados a cabo en la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el proceso de reestructuración que dejó atrás a la ex AFIP, la Dirección General Impositiva (DGI), a cargo de Andrés Vázquez, aceleró la resonante investigación sobre Tabacalera Sarandí y su polémico dueño, el empresario Pablo Otero, por evasión fiscal, que todavía atraviesa instancias judiciales.

Según detallaron fuentes de la investigación a Infobae, el monto adeudado ronda los $200.000 millones, entre marzo de 2018 y mediados de este año. Desde el Gobierno estiman que, según las cotizaciones promedio de esos años, la cifra dolarizada rondaría los USD 1.300 millones. Con todo, es una cifra “viva”, que se incrementa día a día, en medio de amparos judiciales. “Es un monto enorme, pero es lo de menos porque crece todos los días. Lo importante es desenmascarar los delitos y la evasión”, le explicaron a Infobae fuentes oficiales que siguen el caso desde muy cerca.

Vázquez llegó al cargo en 26 de octubre y de inmediato realizó una serie de movimientos internos para apuntalar la investigación contra la tabacalera de Otero, por lejos el mayor desafío que se fijó el organismo. Así, fueron desplazados de sus cargos cuatro funcionarios: Leonardo Arizmendi, que controlaba grandes contribuyentes nacionales; Adrián Facchin, director de Control; Pablo Meléndez; ex jefe de división, y Gustavo Pandazi, ex supervisor.

En los principales lugares de control, Vázquez nombró a dos hombres de su confianza, ambos con décadas de experiencia en el organismo. Marcelo Lafont, reemplazó a Arizmendi como Subdirector General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales; y Claudio Castagnola llegó en lugar de Facchín.

En ARCA están seguros de que los cambios “pusieron nervioso a Otero”. Como muestra de ello, señalan una reciente entrevista que dio el sospechado empresario. “Habló 45 minutos en radio. Nunca hizo nada parecido. Sabe que los que lo controlan no tiene caras de buenos amigos. Lo van a controlar, que es lo que hay que hacer”, aseguran.

Vázquez busca ajustar los mecanismos y que funcionen, como es debido, dos grandes grupos de control y fiscalización sobre el sector tabacalero en general y sobre Sarandí en particular:

• Tareas habituales de control de Impuestos Internos en las plantas de las empresas. Una parte de esas tareas tienen que ver con inspecciones físicas a las instalaciones de las tabacaleras. La otra, con los instrumentos fiscales de control, las estampillas que llevan los paquetes. Esta gestión cambió la forma de control que estaba vigente desde diciembre de 2023, sobre todo fijando nuevos criterios para entregar las estampillas (no solo son físicas, también tiene un componente digital que, se sospecha, en algunos casos es alterado).
• Tareas de fiscalización para detectar la omisión de impuestos, o evasión. En este sentido, hay dos fiscalizaciones en curso. Se auditan los canales de ventas para identificar falsificaciones. Además, y esta es la parte más delicada de los controles, se trabaja en calcular omisiones al Impuesto Interno. En el caso de Sarandí, ARCA cree que entre marzo de 2018 y junio de 2024 la deuda total acumulada es la mencionada: casi $200.000 millones.

Vásquez, dicen fuentes del gobierno nacional, tiene la misión de fiscalizar y recaudar, en medio de dudas que se plantearon sobre los esquemas que se usaron con antelación. “Sarandí tendrá que bajar su nivel de indisciplina. Y deberá pagar lo que debe. Se acabó la fiesta“, prometen.

De perfil técnico, con más de 30 años de trayectoria en el Estado y con formación desarrollada en el exterior, Vázquez inició su gestión con el foco puesto en la fiscalización de grandes contribuyentes y en la detección de casos de evasión de peso, tal como podría tratarse el de Tabacalera Sarandí en base a lo que tramita en la Justicia.

El funcionario cuenta con una preparación internacional, que incluyó múltiples capacitaciones en los Estados Unidos, incluyendo el Seminario Internacional sobre Lavado de Dinero dictado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en 1997, el Curso de Interdicción Aeroportuaria y el Curso Básico de Investigación de Precursores Químicos, ambos ofrecidos por el Departamento de Justicia y la Drug Enforcement Administration (DEA) en 1999.

Deuda multimillonaria

Como se dijo, parte de la deuda de Tabacalera Sarandí está judicializada y hay una serie de amparos que demoran la resolución del caso, mientras se discute, por pedido de Otero, la constitucionalidad del Impuesto Interno, el esquema fiscal que rige para el sector del tabaco y otros.

La deuda se generó entre 2018 y 2023, por el incumplimiento del pago de ese tributo. Desde ARCA –que sigue comandada por Florencia Mizrahi–explicaron que el expendio de cigarrillos, cigarros, cigarritos y otras manufacturas de tabaco se encuentra alcanzado por ese gravamen, que incide en una sola etapa de la circulación del producto. “Se considera expendio a la primera transferencia a cualquier título, entendiéndose como tal a la salida de fábrica o depósito fiscal, en el caso de productos nacionales o importados”, señalan desde el organismo.

No se trata de un caso menor, ya que se estima que Tabacalera Sarandí vende 40 millones de atados de cigarrillos al mes, además de haber ganado una importante porción del mercado tabacalero en virtud de su controversial situación impositiva. Su principal marca es Red Point. “No paran de facturar, venden volúmenes grandísimos. Hasta por unidad, en el Conurbano. Por eso es tan difícil de controlar. Venden atados al doble del valor que declaran ante el fisco”, explican las autoridades.

A partir de marzo de 2018 se estableció que los cigarrillos, tanto de producción nacional como importados, tributen sobre el precio de venta al consumidor, inclusive impuestos, excepto el impuesto al valor agregado, un gravamen del setenta por ciento (70%). Con la Ley 27.742 el gravamen subió al 73% en julio de 2024.

La empresa de Otero, a quién el Presidente Javier Milei lo nombró en distintas ocasiones como el “Señor del Tabaco”, resistió (por vía judicial) la obligación del pago sobre los atados vendidos cigarrillos al público, lo que le valió una ventaja en la competencia contra otras firmas grandes del sector, y razón por la cual consiguió ampliar su participación en el mercado, pasando del 5% al 40% en sólo diez años.

Mientras tanto, la Corte Suprema aún tiene pendiente de definición si ese impuesto cuestionado por la empresa de Otero es inconstitucional, como dijeron en el fuero en lo contencioso administrativo. No obstante eso, la nueva gestión de la DGI decidió seguir adelante con la investigación contra la polémica empresa tabacalera.

Recientemente, la tabacalera blanqueó dólares por USD 60 millones, en el esquema que propuso el ministro de Economía, Luis Caputo. Es una cifra que las autoridades nacionales creen que podría alcanzar para cubrir parte de la deuda hasta diciembre de 2023. El volumen de todo este año sería muchísimo más grande.