
A horas de que el Senado trate la Ley Bases, y en un contexto crítico en materia de consumo y producción, la industria alimenticia volvió a la carga con sus reclamos para que el Gobierno y el resto de las fuerzas políticas puedan avanzar en en políticas para mejorar la competitividad del sector, que sufre un “estancamiento crónico”, según lo definió la presidenta de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Carla Martín Bonito.
“La Argentina, históricamente conocida como el ´granero del mundo´, ha evolucionado gracias a la innovación y la capacidad de adaptación. Hemos consolidado un capital de innovación, desarrollo tecnológico y estándares de calidad de las mejores ligas del mundo. Y, sin embargo, estamos ante un resultado de estancamiento crónico, una industria que aporta a la economía y bienestar de nuestro país significativamente, pero que encontró su techo hace ya casi 15 años”, manifestó este martes la sucesora de Daniel Funes de Rioja, al exponer en un evento organizado por el Centro Argentino de Ingenieros (CAI) en el que referentes de los sectores público-privados debatieron acerca de cómo alimentar al mundo.
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Mientras tanto, y especialmente durante el coffee break de media mañana, directivos de varias compañías de alimentos y bebidas se lamentaban ante la sostenida caída de ventas que sufre el sector y explicaban las diferentes estrategias que se están aplicando para no perder volumen. Por ejemplo, “sostener el precio del sachet de leche”, mientras que el resto de los envases recupera margen, según dijo un directivo de una firma láctea. “El precio del azúcar viene cayendo fuerte porque se planchó la demanda”, explicó, por su parte, un referente de ese rubro. Y otro explicaba las diferencias entre las ventas de aceite y harina, que “se sostienen” frente a caídas fuertes en productos como los congelados, por ejemplo. También se escuchó a un directivo de una firma de bebidas con alcohol plantear preocupación por “lo duro que está el consumo, a pesar de las promociones agresivas que se están haciendo”. Si en mayo hubo un repunte, fue leve, y no le llegó a todas las categorías.
En este contexto, y frente a un escenario internacional también complejo, Bonito repasó la situación del sector y luego dio paso a los ejes que el sector considera clave para que la industria pueda desplegar todo su potencial. En una de sus primeras presentaciones públicas, la joven dirigente señaló que hace dos años que la industria de alimentos y bebidas no despega y que en 2023 alcanzó el mismo nivel que había registrado en 2012 y 2013, algo similar a lo que ocurre con la economía en su conjunto. “Hablamos de estancamiento crónico cuando observamos el uso de nuestra capacidad instalada industrial que año a año empeora. El sector se tecnifica e invierte permanentemente, pero el gap entre la frontera productiva del sector y los efectivos niveles de producción se amplía con cada período”, dijo Bonito, al tiempo que remarcó que lo mismo sucede al observar el “perfil internacional de la industria y su participación en los mercados globales”.
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“En 15 años, los principales países exportadores de alimentos y bebidas triplican sus ventas al exterior, mientras que la Argentina se mantiene en un promedio de USD 25.000 millones de exportaciones”, comparó la titular de Copal durante su exposición. Y agregó que a nivel intersectorial, las empresas exportadoras retrocedieron más del 30% en los últimos 15 años, al pasar de 14.400 en 2007 a 9.500 en 2022, de las cuales 1.300 pertenecen al sector de AyB.
Tras esta descripción de la realidad alimenticia, Bonito pasó a enumerar las políticas de Estado que, a juicio del sector, serían necesarias para mejorar los niveles de competitividad y sostenibilidad. La rebaja de la carga tributaria fue mencionada en primer lugar, ya que en el precio de un alimento y/o bebida, entre el 40% y el 50% son impuestos; pero también se refirió a la necesidad de desarrollar la infraestructura logística; el fomento de la innovación y la tecnología; la consolidación del entramado pyme exportador; la internacionalización con los sectores para competir globalmente; el aporte al financiamiento productivo; la modernización de la legislación laboral para crear trabajo de calidad y la simplificación de las trabas burocráticas.
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Desde que asumió, el gobierno de Javier Milei avanzó en alguno de estos puntos, como el de la desburocratización, por ejemplo, y dejó bien en claro que eliminarle impuestos al sector productivo es una prioridad, así como también mejorarle las condiciones para crear trabajo. De hecho, varias medidas laborales están incluidas en la ley Bases, por lo que si se sanciona, significará un importante avance para el mundo empresario. Pero el sector privado también reconoce que no alcanza con que el Ejecutivo persiga estos objetivos. “Es necesario un esfuerzo conjunto y coordinado entre el sector público y privado y el consenso y la colaboración entre todos los actores clave”, señaló Bonito.
Negociaciones por el impuesto PAIS
Eliminar el impuesto PAIS para los insumos y materias primas de la industria alimenticia es uno de los pedidos que el sector viene realizando desde que el Gobierno decidió beneficiar a un grupo de productos alimenticios, que en su gran mayoría son terminados, para que sean importados sin pagar ese tributo. El objetivo era generar condiciones para que los supermercados puedan comprar en el exterior alimentos más económicos y, de esa manera, fuercen bajas de precios en las negociaciones con los proveedores locales.
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Si bien todavía no se observan muchos alimentos importados en las góndolas -el proceso llevará tiempo y recién podría visualizarse más en 2025-, desde Copal se están realizando gestiones permanentes para que el tributo sea eliminado durante el próximo semestre. “Vamos a seguir presionando para que lo vayan reduciendo gradualmente, pero no queremos esperar a fin de año, que es cuando se termina”, dijeron desde la institución.
El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo días atrás que si se aprueba la Ley Bases reducirá el impuesto PAIS de 17,5% al 7,5%. No ofreció demasiados detalles, pero la lectura general fue que se haría de forma inmediata. Consultadas fuentes de Copal al respecto, aclararon que el mensaje que tienen por parte de Economía es que la baja gradual ocurriría no sólo con la aprobación de la ley, sino con la consolidación del superávit fiscal, objetivo que no será inmediato.
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