El diputado Ricardo López Murphy de Juntos por el Cambio presentó una denuncia contra el presidente del Banco Central, Miguel Pesce (BCRA), por haber instrumentado licitaciones de opciones de liquidez para que los bancos puedan deshacerse de títulos del Tesoro en pesos a precios de mercado. La opción, popularizada como “el put del Central”, les permite a las entidades financieras cambiar sus bonos por efectivo sin que se derrumbe el precio de esos títulos y fue otorgada en el último canje como una forma de captar más financiamiento del sector privado para el fisco.
La denuncia presentada hoy ante el Juzgado Criminal y Correcional 9 acusa a Pesce de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “abuso de autoridad”, ya que el otorgamiento de una ventanilla de liquidez a demanda para entidades financieras viola la Carta Orgánica del BCRA y va en contra del deber de “defensa del valor de la moneda” que le concede el Congreso a la autoridad monetaria.
A principios de este mes el Gobierno lanzó una propuesta de canje de bonos en pesos por $7,5 billones que recibió un grado de aceptación del orden del 54%, con gran particupación de organismos públicos y algo de adhesión de bancos prívados. Como parte de las negociaciones que buscaban postergar vencimientos, el BCRA creó una ventanilla de liquidez que les permitiera a los bancos contar con la opción de vender a la autoridad monetaria cualquier título del Tesoro que tomaran en el canje en forma inmediata y a un precio de mercado.
Sobre esa posibilidad, señalada como un seguro para los bancos, es sobre la que se apoya López Murphy para su denuncia.
“El hecho de otorgar las Opciones a bancos tenedores de los títulos es una violación manifiesta a la prohibición de garantizar obligaciones del gobierno nacional y de entidades financieras1, con el potencial efecto de acentuar la depreciación del peso y la ya intolerable inflación”, dice el texto presentado en seded judicial.
“Según el Informe sobre Bancos del BCRA, a enero de 2023 la exposición de las entidades financieras frente al Sector Público es del 16,9% de su capital . Las Opciones reputadas perjudiciales implican que buena parte de esa exposición pueda ser asumida por el BCRA con la sola discreción (cuando así lo dispongan) de las entidades financieras. Las consecuencias pueden ser nefastas: ante el más mínimo requerimiento pesará sobre la autoridad monetaria (el BCRA) la obligación de absorber los Títulos a cambio de resignar liquidez. La carga asumida en estas condiciones se proyecta hasta fines de 2025, lo que deja al BCRA con un margen de actuación acotado, con herramientas disminuidas para cumplir sus funciones, y con la obligación de inyectar liquidez al mercado (lo que puede significar más emisión monetaria) incluso cuando ello potencie los niveles de inflación”, agrega el texto.
“Se impone la necesidad de investigar el accionar de su máxima autoridad del BCRA que además, hizo firmar las Comunicaciones a líneas inferiores de responsabilidad institucional, eludiendo las obligaciones que le cabe al Directorio del BCRA (autoridad monetaria) en un asunto de esta naturaleza”, acusó por último Pesce.
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