El Gobierno terminará en los próximos días de definir la letra chica del proyecto de ley que enviará al Congreso para compensar al Tesoro por los fondos extra que deberá enviar a la Ciudad de Buenos Aires como consecuencia del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Infobae lo adelantó el fin de semana pasado.
Una estimación que recorre los despachos oficiales habla de una recaudación adicional necesaria para esa compensación de unos $200.000 millones. Para conseguirlo, el Poder Ejecutivo evalúa dos vías: una suba de la alícuota que paga el juego online y extender a todo el país el pago de un impuesto a los intereses cobrados por los bancos por sus tenencias de Leliq, una medida que rige en la Ciudad de Buenos Aires desde que la Casa Rosada recortó su partida de coparticipación y que un grupo de provincias ya aplicaban con anterioridad.
Según aseguraron a Infobae fuentes oficiales, para las Leliq se establecería un “impuesto temporal” que no necesariamente deba ser coparticipado hacia el resto de las provincias, y para eso miran como espejo el caso del tributo especial que se cobró en 2016 a las ganancias provenientes de operaciones de dólar futuro.
La administración porteña había implementado una alícuota del 8% de Ingresos Brutos en las intereses que cobraran las entidades financieras por contar con las letras del Banco Central, como parte de un paquete de medidas para compesar el recorte de coparticipación que decidió la Casa Rosada a mediados de 2020 para incrementar la tajada hacia la Provincia de Buenos Aires. En ese paquete, además de recorte de gastos, la Ciudad comenzó a cobrar una alícuota al gasto con tarjetas de crédito.
Para el caso del impuesto al juego online, la idea del Ejecutivo es incrementar las alícuotas actuales, que van desde un rango de 2,5% para operadores residentes en el país y se extiende hasta el 15% para los residentes en países de baja o nula tributación.
El proyecto de ley para buscar esa compensación para el Tesoro por $200.000 millones forma parte de un paquete de iniciativas que el Poder Ejecutivo buscará enviar al Congreso para su tratamiento, junto con la ley de blanqueo de capitales, la norma para establecer un margo regulatorio para el desarrollo de GNL, un proyecto para establecer un plan de pagos para quienes quieran jubilarse y no tengan los aportes suficientes (distinto a una moratoria), entre otras iniciativas.
Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) había intentado calcular cuál es el costo fiscal de la cautelar de la Corte Suprema de Justicia. “En primer lugar, resulta interesante determinar los recursos que CABA recibiría en 2023, sin medida cautelar. Por un lado, recibiría unos 249.000 millones de pesos de coparticipación automática y, por otro, unos 97.000 millones de pesos de transferencias no automáticas en el escenario A (optimista) y unos 80.000 millones de pesos en el escenario B (pesimista)”, estimó el informe.
“Con la medida cautelar aumentaría el monto de coparticipación y se eliminaría el monto de transferencias no automáticas. CABA pasaría a recibir $520.000 millones en concepto de coparticipación y perdería lo no automático. El efecto neto es el siguiente: CABA recibiría $271.000 millones extras por coparticipación y dejaría de recibir transferencias no automáticas por $97.000 millones en el escenario A o por $80.000 millones en el escenario B. En efecto, el saldo neto sería de $174.000 millones en el escenario A o $191.000 millones en el escenario B”, un número similar al que estiman en los despachos oficiales.
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