La Aduana denunció una maniobra de “rulo de importación” con test de Covid vencidos para sacar dólares del país.
El organismo que lidera Guillermo Michel afirmó que “treinta y cuatro mil tests de covid con fechas de vencimiento adulteradas fueron a Uruguay y volvieron a la Argentina: 272 mil dólares quedaron en el exterior”.
“Se simuló una exportación desde Zona Franca con un valor unitario de USD 2 para luego reimportar la mercadería desde el país vecino a USD 10 por unidad —una sobrefacturación del 500 por ciento”.
“Resulta especialmente grave por abusar del Decreto 333/2020, que, en el marco de la emergencia sanitaria, había exceptuado a los reactivos para la detección de COVID-19 de pagar derechos de importación”, sostuvo el organismo.
Michel dijo a Infobae que “la Aduana detectó un sinnúmero de operaciones de sobrefacturación de importaciones vinculadas a equipamientos médicos eh que estaban amparadas por el decreto de la pandemia para no pagar derechos de de importación”. En este sentido, aclaró que “en este caso no solo se detectó una maniobra burda de rulo importador donde la mercadería la sacaban a a pasear por Uruguay para volver a importarla a un valor muy superior al valor real del mercado, si no que también se ordenó una auditoría sobre todas las importaciones vinculadas a a cuestiones amparadas por el decreto de de la pandemia para analizar todas las la las importaciones de este rubro y el valor al que se efectuaron”.
En el caso interviene el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5, a cargo del juez Diego Amarante, y el fiscal Miguel Schamun.
Según la Aduana, “agentes especializados de la Dirección General de Aduanas-AFIP detectaron que tres firmas sobrefacturaron la importación de 34.000 unidades de tests de diagnóstico de Covid-19, con el agravante de que presentaban etiquetados apócrifos para ocultar sus verdaderas fechas de elaboración y vencimiento”.
El origen
“La mercadería, originaria de China, era procedente de Uruguay e ingresó a la Argentina sin pagar derechos de importación, amparándose en el Decreto 333/2020, que había otorgado beneficios a insumos sanitarios en el marco de la pandemia”.
“Los investigadores aduaneros encontraron que todos los rótulos adheridos a los insumos sanitarios se encontraban adulterados, y que, en realidad, el material médico había vencido más de un año antes de su importación a la Argentina, por lo cual correspondía considerarlo un residuo peligroso, altamente riesgoso para la salud de los potenciales usuarios”, se precisó.
“A partir de allí, y sobre la base de los datos específicos de los productos involucrados (marca, modelo, origen y número de lote), la Aduana comenzó un minucioso estudio que permitió reconstruir la ruta del material ilícito incautado”. Así, “se rastreó un cargamento que en el 2020 había sido exportado desde la Argentina con destino a Uruguay por una empresa dedicada al rubro textil, radicada en el interior de nuestro país”.
En dicha exportación, “los tests habían sido declarados a un valor de 2 dólares por unidad, vendidos a un presunto comprador uruguayo”.
El organismo que dirige Guillermo Michel luego determinó que “los mismos tests fueron exportados nuevamente por la misma firma uruguaya hacia la Argentina (es decir, un rulo de importación), pero ya vencidos y a un exorbitante valor de USD 10 por unidad —es decir, un incremento del 500% al sólo efecto de transferir ilícitamente importantes sumas de divisas al exterior, a cambio de residuos nocivos para la salud de la población”.
“Por tratarse de mercaderías alcanzadas por una prohibición de carácter absoluto y que pueden afectar la salud pública, la Aduana presentó una denuncia ante la Justicia. Han intervenido el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5, a cargo del juez Diego Amarante, y el fiscal Dr. Miguel Schamun”.
En ese marco, “se ordenaron allanamientos que resultaron en el secuestro de la totalidad de los insumos médicos peligrosos, como así también documentación y equipamientos tecnológicos”. Además, “la Aduana ha realizado consultas al exterior mediante los convenios de intercambio de información aduanera vigentes”.
“A partir de las irregularidades detectadas, entonces, la Aduana ordenó una auditoría integral de las operaciones que involucran las mercancías alcanzadas por el Decreto 333/2020 (tests de covid, barbijos, guantes de látex, etc.)”, concluyó la Aduana, donde expresaron su sorpresa por la “poca atención” que la conducción del organismo le brindó a este tipo de operaciones durante la gestión de Silvia Traverso y de Mercedes Marcó del Pont en la AFIP.
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