Empresarios y gremios comenzaron esta tarde la discusión sobre un nuevo incremento al salario mínimo vital y móvil con la mediación del Ministerio de Trabajo. La suma que terminen por acordar las partes influirá en el piso de remuneraciones para el sector privado pero además tendrá impacto en algunos programas de asistencia social del Estado.
Esta revisión ya había sido prevista en la última reunión que se realizó en marzo de este año y se resolvió una suba del 45% sobre la base del mes de marzo en cuatro tramos. A las 15 comenzaron las reuniones preliminares y pasadas las 18 el plenario, que estará encabezado por el ministro de Trabajo Claudio Moroni.
De esta manera, de acuerdo al último acuerdo, el monto del salario mínimo, vital y móvil, pasó de $33.000 a $47.850. El aumento definido fue de 18% en abril, 10% en junio, 10% en agosto y 7% en diciembre. En ese encuentro ya se había planteado la posibilidad de una revisión a pedido de las partes en agosto.
Las partes acordaron entonces realizar un seguimiento de la situación y volver a reunirse en caso de considerarlo necesario. El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil convoca a 32 miembros, 16 por la parte trabajadora y 16 por la empleadora.
El establecimiento de una nueva pauta mínima de remuneraciones tiene menos impacto en los convenios colectivos de trabajo privados -que en su gran mayoría ya están por encima del salario mínimo- como dentro del propio Estado. Esto sucede porque existen una serie de programas sociales que se actualizan de acuerdo al reajuste del piso de ingresos.
Para el caso del programa Potenciar Trabajo, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, sus montos se actualizan con los mismos porcentajes que el salario mínimo. El programa implica una carga horaria de media jornada (cuatro horas) en trabajos de distintos rubros, y recibe un monto igual al 50% del salario mínimo.
Un cambio en el salario mínimo también impacta en parte del sistema previsional. Es el caso de las jubilaciones de personas que completen los 30 años de aportes: sus haberes deberán ser como mínimo equivalentes al 82% del salario mínimo, vital y móvil.
En el caso de las Becas Progresar el impacto es indirecto. Para esta ayuda salarial dirigida a estudiantes universitarios, el salario mínimo vital y móvil funciona como tope para la entrega de la beca de estudio. El beneficiario, menor de 24 años, lo cobra si su familia gana menos de tres salarios mínimos. Por último, la prestación que otorga Anses por desocupación replica el mismo ritmo de suba que se acuerde para el piso de remuneraciones.
Entre los empresarios presentes en la reunión se listan Daniel Funes de Rioja (Unión Industrial Argentina), Carlos Achetoni (Federación Agraria), Pedro Apaolaza (CRA), Javier Bolzico (Adeba), Jaime Campos (AEA), Pablo Devoto (Cámara de Comercio), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio), y Nicolás Pino (Sociedad Rural).
Por su parte, entre los empresarios que acudieron a la reunión virtual estuvieron Carlos Acuña (Estaciones de servicio), Roberto Baradel (docentes), Daniel Catalano (CTA), Héctor Daer (CGT), Rodolfo Daer (alimentación), Abel Furlán (metalúrgicos), Hugo “Cachorro” Godoy (estatales ATE), José Luis Lingeri (obras sanitarias), Gerardo Martínez (construcción), Pablo Moyano (camioneros) y Hugo Yasky (CTA), entre otros.
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