Nueve canteras y cuatro plantas de lavado de arenas silíceas fueron inhabilitadas para seguir operando en Entre Ríos en el marco de una causa ante el juzgado Federal de Gualeguaychú, a partir de la cual se prohibió la actividad de las empresas que no cuenten con el Certificado de Aptitud Ambiental de la Secretaría de Ambiente de la provincia. De este modo, no podrán seguir extrayendo arena de diferentes zonas de los ríos Paraná y Uruguay por un plazo de 45 días a partir del 29 de abril pasado, cuando tuvo lugar una audiencia de conciliación.
La medida podría tener repercusiones en las operaciones de extracción de petróleo y gas “no convencionales”, que requieren un gran uso de agua y arena en las operaciones de “fractura hidráulica” (en inglés, fracking)
Las empresas, informó la Secretaría, que depende del Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico provincial, habían sido intimadas para que cumplieran las normas, pues tenían vencidos los plazos para extraer ese tipo de áridos.
De este modo, de 14 areneras que operaban en el sur entrerriano, 9 quedaron inhabilitadas en lo que se calificó de “cese preventivo”. De ellas, 3 cuentan con informes técnicos favorables y están en proceso administrativo de certificación, en dos casos para renovación y en la otra en una etapa previa de “participación ciudadana”.
Lo que está en juego, se fundamentó desde el juzgado interviniente y la administración provincial, es el cuidado del ambiente mediante el cumplimiento de regulaciones que eviten su degradación o impacten negativamente “sobre el medio natural o antrópico”
Detrás de esta tensión ambiental está la demanda de arena para las operaciones de fractura hidráulica en las operaciones de extracción “no convencional” de hidrocarburos, en particular petróleo y gas. Según el Fiscal de Estado entrerriano, Julio Rodríguez Signes, la provincia “se ha convertido en proveedora de arena para las producciones petrolíferas de Vaca Muerta”.
Intensificación minera
La demanda de la arena entrerriana, dijo el fiscal, se intensificó en los últimos años pues es una de las más aptas de origen nacional. “Esto dio pie a una intensificación de la actividad minera en cuanto arenas se refiere”, dijo Rodríguez Signes. “Las areneras y todas las canteras necesitan dos tipos de habilitación. Por un lado, la de la Secretaría de Minería como establecimiento minero, habilitado para la extracción de arena; pero, además, se necesitan Certificados de Aptitud Ambiental del trabajo a realizar, que otorga a Secretaría de Ambiente”, explicó el funcionario judicial.
La acción de amparo había sido presentada por el abogado Ricardo José Luciano en representación de Carlos Humberto Cadopp, quienes fueron citados a audiencia de conciliación por el juzgado federal de Gualeguaychú, previa al dictado de una medida cautelar. En esa audiencia participó el ministro de Producción provincial, Juan José Bahillo.
La provincia propuso un plazo para que el juez revise las autorizaciones y se regularice la situación. De hecho, no fue la primera acción de amparo de ese tipo.
El fiscal señaló que ya había otro amparo similar contra la provincia, pero tramitado ante la justicia provincial. Esta vez, en cambio, se interesó la Justicia Federal, por tratarse de un tema ambiental, en el que hay competencias concurrentes de los niveles municipal, provincial y federal.
Se trata en definitiva, explicó, de “regularizar el cumplimiento de la Ley de Minería y de la Ley Nacional de Ambiente”.
El proceso resultó en la decisión del juez de fijar un plazo de 45 días para que los participantes involucrados regularicen su situación. “Hay muchos juicios ambientales de distintas organizaciones”, explicó el fiscal, pero este fue el primer caso en que se convocó a una audiencia de conciliación convocada por la Justicia Federal, a la que asistió el Ejecutivo provincial y propuso un “plan de regularización”.
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