La decisión de la dictadura argentina de no sancionar a Rusia en 1980 y su espejo con la estrategia actual del Gobierno

La Argentina por ahora no se sumó a las sanciones en contra de Rusia a raíz de la invasión a Ucrania, en una situación que tiene algunos puntos de contacto con la actitud que adoptó el último gobierno militar con Moscú.

El gobierno de Alberto Fernández condenó en Naciones Unidas la invasión rusa a Ucrania, pero no se plegó a los duros castigos económicos implementados por varios países occidentales.

En este sentido, el economista Marcelo Elizondo dijo a Infobae que “no tiene sentido adoptar sanciones económicas desde la Argentina porque el comercio bilateral es poco relevante en relación al total de los dos países: de unos USD 680 millones de exportaciones y USD 650 millones de importaciones; las inversiones rusas acá también son bajas, así que no sería muy significativo y me parece más importante el posicionamiento político que la Argentina esté del lado de los países occidentales”.

El precedente en la dictadura

Si bien en 1976 el equipo del primer ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, ya había logrado refinanciar durante la gestión de Gerald Ford unos USD 1.000 millones de la deuda entre los organismos multilaterales, gobiernos y bancos comerciales, el ascenso de una administración demócrata fuertemente preocupada por las violaciones a los derechos humanos en América latina podía constituir un obstáculo para los ambiciosos planes de endeudamiento externo del régimen militar.

De hecho, la primera medida del gobierno de James Carter fue reducir de USD 32 millones a USD 16 millones la asistencia financiara otorgada por Ford a la Argentina en 1976.

Martínez de Hoz sufrió en carne propia los cuestionamientos del nuevo secretario del Tesoro, Michael Blumenthal, durante la reunión anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a mediados de mayo de 1977. Asustado por sus preguntas sobre la represión, el ministro argentino intentaba esquivar a Blumenthal en los pasillos del lujoso hotel de Cancún que albergaba a la convención del BID.

Sin embargo, los tragos más amargos de la administración Cárter hacia el gobierno de facto se originaron en el Departamento de Estado que conducía Cyrus Vance y, en particular, en la subsecretaría para Derechos Humanos, Patrice Derian, blanco de constantes ataques por parte de la Junta Militar y de sus generosos agentes de propaganda, que la señalaban como una de las líderes de la denominada “campaña anti argentina” en el exterior por sus denuncias contra la tortura y la desaparición de personas.

Antes de volver a Buenos Aires desde México, Martínez de Hoz decidió que tenía que dialogar con el banquero David Rockefeller para abrir un canal interno de diálogo dentro del gobierno demócrata menos hostil a la junta militar argentina.

Mientras conversaba con su buen amigo desde su despacho, el banquero tocó un timbre y pidió a su secretaria que lo comunicara con Zbigniew Brzezinski, el poderoso consejero nacional de Seguridad que tenía una visión más focalizada en los peligros de la Guerra Fría que en la violación de los derechos humanos. Sin demora, el funcionario norteamericano recibió a Martínez de Hoz, que le planteó sus reparos en relación con el Departamento de Estado y logró atenuar las fuertes presiones de la administración Cárter.

Devolución de favores

Sin embargo, tiempo después, su nuevo contacto en Washington le pediría la devolución de favores, sin mayor suerte, cuando la Unión Soviética invadió Afganistán y Estados Unidos declaró un embargo cerealero. Presionado por las empresas del sector, que tenían en la URSS a su principal cliente, Martínez de Hoz dijo que no había que “mezclar ideología con economía” y le explicó al presidente Videla que el gobierno no debía sumarse a la sanción norte-americana.

En enero de 1980 el gobierno norteamericano redobló su presión a través de una misión del jefe de la academia militar de West Point, Andrew Goodpaster, que se entrevistó con el presidente Jorge Videla en la residencia presidencial de Chapadmalal para ofrecerle “suavizar” un informe del Departamento de Estado al Congreso sobre la violación a los derechos humanos si la Argentina adhería al embargo cerealero.

Para aplacar la insatisfacción de Washington, Martínez de Hoz se comprometió a “no exportar mayor cantidad que la que tienen comprometida bajo convenio con la URSS” en forma oficial al régimen comunista, mientras dejaba que por lo bajo las cerealeras destinaran el 80% de su exportación a ese mercado del este europeo, en forma directa o por vía de la triangulación.

El jefe del Pentágono pareció conformarse, pero Brzezinski no. Por medio del embajador ante el gobierno de los Estados Unidos, Jorge Aja Espil, el consejero de Seguridad convocó “de urgencia” a Washington al ministro de Economía a fines de enero para exhibirle en su despacho un gigante mapa que reflejaba la importancia geopolítica del avance soviético sobre Afganistán.

Sin inmutarse, Martínez de Hoz ratificó su postura original aunque aceptó recomendarle a Videla una “sanción moral” contra la URSS, pedida por el subsecretario de Estado, Warren Christopher, para boicotear los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980 con la ausencia de los atletas argentinos.

Así, el gobierno militar conformó parcialmente a la administración demócrata, que de todos modos ya estaba muy debilitada por la alta inflación y por la crisis de los rehenes en Irán, por lo que perdería la Casa Blanca frente a Ronald Reagan, quien se transformó en un interlocutor mucho más amable para la dictadura argentina.

La decisión de no castigar a la URSS en términos económicos también fue bien recibida por los dirigentes comunistas de la Argentina muy alineados con Moscú, que, a cambio, permanecieron en silencio frente a la represión local.

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