Al cabo de un proceso de negociación, el gobierno nacional y Aeropuertos Argentina acordaron extender la concesión del servicio aeroportuario en 35 aeropuertos de todo el país. El acuerdo fue oficializado este lunes a través de una Decisión Administrativa publicada en el Boletín Oficial.
La concesión original vencía en 2038 y se extenderá hasta 2049, con posibilidad de prórroga hasta 2056. A cambio, la empresa realizará inversiones por USD 600 millones, tres cuartas partes de las cuales deberán completarse antes de 2031.
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El acuerdo se basa en la extensión y excluye aumentos de tarifas o limitación de inversiones, debido al impacto que estas medidas tendrían sobre los usuarios y el servicio aeroportuario.
Concesión y rentabilidad de la inversión
Las partes coincidieron que la pandemia y las medidas adoptadas por el gobierno de turno produjeron un desequilibrio real y extraordinario que requería un esfuerzo compartido de las partes. La renegociación se estructuró sobre una tasa interna de retorno de referencia del 14,3%, de modo de recomponer el equilibrio económico-financiero pero ajeno a un concepto de rentabilidad garantizada. Según el gobierno, ese valor plasma de manera objetiva el esfuerzo de ambas partes para alcanzar un equilibrio y su impacto positivo sobre la política económica.
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Según el gobierno, la empresa pretendió inicialmente extender la concesión por 30 años, prorrogables por otros 10 más, lo que la llevaba hasta 2078, pero análisis técnicos, económicos y financieros del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, la agencia reguladora oficial de la actividad aeroportuaria, determinó una extensión hasta el 13 de febrero de 2049.
A cambio, y teniendo en cuenta estándares de calidad y seguridad del servicio aeroportuario y la proyección de tráfico aéreo futuro se aumentó en USD 600 millones -IVA incluido- la obligatoriedad de inversiones siempre manteniendo el equilibrio de la ecuación económica-financiera y su amortización.
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Según la decisión administrativa, solo en función de ello se prevé una ampliación del plazo de 7 años adicionales para amortizar las obras, la que queda sujeta, en los términos previstos en el acuerdo, al cumplimiento de dos condiciones.
La primera es que antes del 30 de junio del 2027, la empresa demuestre, mediante informe de una de las principales firmas de auditoría a nivel mundial, contar con fondos disponibles para cumplir con un programa de inversiones de 600 millones de dólares.
La segunda es que esas inversiones estén finalizadas en al menos un 75% antes del 31 de diciembre de 2031.
Sin RIGI
El programa de inversiones de la empresa no tendrá acceso a los beneficios del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI).
La ratificación del Acta Acuerdo alcanzado concluye una renegociación que apuntó a resolver los desequilibrios acumulados a lo largo de la concesión, preservar la calidad y continuidad del servicio aeroportuario en todos los aeropuertos abarcados por la concesión y asegurar un nivel de inversiones compatible con el futuro crecimiento de la actividad aerocomercial, sobre la base de los informes técnicos, económicos, financieros y jurídicos producidos a lo largo de proceso negociador.
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Fin a los reclamos
Además, como parte del acuerdo se estableció que el Estado Nacional y la empresa —incluidos sus accionistas— “nada más tendrán que reclamarse mutuamente por ningún concepto de origen anterior al Acta Acuerdo ni por las consecuencias directas o indirectas de los perjuicios ocasionados a partir de la pandemia, con la única excepción acotada y expresamente prevista respecto de determinadas revisiones de inversiones de períodos anteriores”.
El acuerdo busca cerrar definitivamente las controversias acumuladas entre las partes, reduciendo potenciales pasivos para el Estado Nacional y evitar su prolongación o agravamiento y potencial afectación de la continuidad y calidad de los servicios prestados a los usuarios de los aeropuertos.
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