Las empresas distribuidoras de energía eléctrica reclamaron que el descongelamiento preliminar de algunas tarifas de luz para usuarios industriales que el Gobierno determinó la semana pasada no afecta a ese segmento de la cadena del sector eléctrico, por lo que reclamaron una actualización tarifaria que los incluya. Además, negaron que una actualización de tarifas a hogares y comercios implique un impacto en las cuentas de los hogares y del sector productivo.
“La próxima suba de tarifas para algunos usuarios industriales de todo el país que determina la Resolución de la Secretaría de Energía 40/22 publicada el 31 de enero de 2022 es exclusivamente para pagar parte del costo de producir y transportar la energía. Esta normativa no influye en la distribución de energía ya que la parte de la tarifa que corresponde al distribuidor, denominado Valor Agregado de Distribución -VAD-, se mantiene sin ninguna modificación”, explicó la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Adeera).
La asociación incluye 49 distribuidoras de energía eléctrica de origen público, privado y cooperativo que cubren la distribución en el 98% del territorio argentino. Están asociadas, entre otras, Edesur, Edenor, Edelap, EPEC (Córdoba), EPE (Santa Fe), Edemsa (Mendoza) y Edet (Tucumán).
“El Precio Mayorista de la Energía que se aplica a usuarios residenciales y generales y que actualmente se encuentra congelado, será tratado en la próxima Audiencia Pública que convocó el ENRE para el 17 de febrero donde se abordaría la posibilidad de bajar los subsidios. Un ajuste en el VAD requiere una Revisión Tarifaria Integral (RTI), tal como está expresado en la Ley de Marco Regulatorio Eléctrico N° 24.065″, continuó el comunicado Adeera.
“Mientras que la demanda de energía eléctrica mantiene un crecimiento sostenido en todas las categorías de usuarios, las distribuidoras afrontan los costos del servicio con ajustes menores a la inflación en todas las provincias. Entre estos costos, el de mayor impacto es el correspondiente a salarios, que tiene una incidencia del 60% sobre el total”, consideraron desde la asociación que nuclea a distribuidoras.
En ese sentido, remarcaron que el peso que tienen las boletas de energía eléctrica en las familias y en el sector comercial e industrial no es tan alto, por lo que dejaron entender que una actualización tarifaria no necesariamente represente un impacto notorio en la economía de los hogares o del sector privado.
“Las distribuidoras -de origen privado o público-, como así también las cooperativas de energía eléctrica son generadoras de empleo directo en cada una de sus jurisdicciones y a la vez, impulsan la actividad de economías regionales. Por su parte, según datos de nuestras asociadas el 50% de la población paga facturas por el servicio eléctrico por debajo de los $1500,- mensuales, lo que equivale al 4,5% del salario mínimo vital y móvil. En familias cuyos ingresos son mayores, la injerencia de la factura de energía eléctrica es mucho menor”, argumentaron.
“Otro dato significativo respecto a la situación actual de las empresas de distribución de energía eléctrica, está dado por la incidencia de las tarifas eléctricas sobre las actividades comerciales e industriales. El impacto del valor de la energía sobre sus costos es cada vez menor (menos del 3% en la mayoría de los casos, con excepción de las actividades electrointensivas), producto del efecto inflacionario por un lado, y del retraso tarifario por otro. Por ejemplo, en las jurisdicciones de mayor consumo -CABA y Provincia de Buenos Aires- el ajuste de tarifas fue de un dígito en los últimos dos años”, continuaron.
La cuestión de la actualización tarifaria y el nivel de subsidios es desde hace tiempo un elemento de tensión en la convivencia de las distintas alineaciones del Frente de Todos. Además, es una discusión que orbitarán el acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, insistió tras el anuncio del entendimiento técnico que no habrá cambios en la hoja de ruta que se planteó el Poder Ejecutivo para este año en la política tarifaria, pero algunos análisis privados dan cuenta de que para estabilizar el gasto público en subvenciones sería necesario un incremento en las boletas superior al 20% que estipuló en un principio la Casa Rosada. Pero para algunas estimaciones privadas, el incremento debería ser de al menos 40%, y eso solo para no tener que aumentar la partida de subsidios este año.
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