Después de las elecciones, el FMI espera discutir con el Gobierno sobre ajuste fiscal, devaluación y reformas estructurales

Una de las primeras consideraciones del Gobierno pasadas las elecciones legislativas será cómo encarar la recta final de la negociación para restructurar los USD 43.200 millones que la Argentina aún le debe al FMI de los cerca de USD 45.000 millones que el organismo había desembolsado al país del crédito Stand-by de 57.000 millones aprobado en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri.

En agosto de 2020, luego de culminar la restructuración de USD 65.000 millones de deuda con acreedores privados, se pensaba que el ministro de Economía, Martín Guzmán acordaría hacia fin de año, plazo que luego pasó a marzo/abril 2021 y quedó en un limbo cuando los términos mismos de la negociación fueron impugnados por un grupo de senadores K en una carta dirigida a la directora del FMI, Kristalina Georgieva, exigiéndole un plaza mínimo de pago de 20 años y recriminándole hasta la legalidad del crédito, con letra del representante argentino en el organismo, Sergio Chodos.

En el FMI están cansados de que el gobierno los use de punching-ball para ajustar cuentas políticas con la oposición y, en particular, de las críticas al monto del crédito. Argentina sigue siendo, con 29,3% de los préstamos pendientes, el principal deudor del Fondo, que actúa en situaciones de crisis, como “prestamista de última instancia”, y por ende es usual que tenga una cartera concentrada. De hecho, precisó una fuente, hoy en día los primeros 5 deudores (amén de Argentina: Egipto, Ucrania, Pakistán y Ecuador) concentran 59% del crédito pendiente y los primeros 10 (allí se suman Colombia, Nigeria, Angola, Sudáfrica y Costa de Marfil) el 72 por ciento, sobre 190 países que integran el organismo.

Créditos y cuotas

Además, notó el funcionario, ajeno a las negociaciones pero cercano a las cuentas del FMI, si se ajusta el monto del crédito a la cuota de cada país, la deuda egipcia no difiere demasiado de la argentina. Egipto es el principal importador mundial de granos e importante cliente de soja, maíz, trigo y lácteos argentinos, al punto que sólo en el primer semestre las ventas locales al Magreb y Egipto rozaron los USD 2.300 millones.

Parecidas observaciones valen para los créditos a Ecuador y, en menor medida, Angola y Costa de Marfil. Cuando el Gobierno objeta el crédito a la Argentina durante la gestión macrista está impugnando la política crediticia del FMI, algo que difícilmente sea bien recibido por los países de mayor peso en el directorio.

Más allá de esas cuestiones, tampoco la negociación parece avanzar. Las primeras reuniones de Guzmán y los técnicos del FMI, encabezados por la norteamericana Julie Kozack y el venezolano Luis Cubeddu, fueron en febrero de 2020, y Kristalina Georgieva, la directora del Fondo, hasta envió, a pedido del gobierno argentino, una “misión presencial” en plena pandemia, cuando todo, incluso la negociación de créditos, como uno concedido a Ecuador, se hacía por Zoom.

Misión presencial

En un viaje posterior, ya en noviembre, Cubeddu dio positivo de Covid (un segundo examen dio negativo) y la misión se llevó de vuelta la carta-reproche de los senadores K dirigida formalmente a Georgieva, pero que los senadores hicieron pública en busca de posicionamiento y aplauso internos.

Así y todo, gestiones del Papa Francisco y la corriente de simpatía entre Guzmán y Georgieva hacía parecer que, reunión a reunión, la negociación avanzaba. Georgieva incluso apoya el pedido de Guzmán de que los países que no usen los recursos que recientemente distribuyó el Fondo (USD 650.000 millones) los puedan “prestar” a otros que sí los necesitan. Guzmán presentó esa iniciativa en Abril, en una reunión de ministros del G20, junto a su par de México, y ayer en París la directora del Fondo incluso calculó que entre USD 30.000 y 50.000 millones de esos recursos podrían canalizarse a países de “ingreso medio”, como la Argentina.

Obstáculos

No obstante, en septiembre aparecieron dos obstáculos. De un lado, cuestionamientos a Georgieva, por su supuesto rol en un caso de manipulación de datos a favor de China cuando era alta funcionaria del Banco Mundial, achicaron su margen de flexibilidad para tratar el caso argentino. Del otro, la derrota del Gobierno en las PASO ahondó el disenso interno, que se hizo explícito en la carta que la vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, hizo pública el 16 de septiembre, atribuyendo la derrota oficial a la política fiscal a su juicio amarreta del dúo Fernández-Guzmán.

El “plan-platita”, más perorado que ejecutado, y el congelamiento surgido de esa crisis, que reconfiguró el Gabinete, parieron las incertidumbres que tuvieron a la economía, la sociedad y el Gobierno a maltraer desde entonces, con récords históricos del dólar, creciente impresión de “insostenibilidad” de la política económica y plazo estrecho para acordar con el FMI. No sólo porque el BCRA no tiene ni tendrá dólares suficientes para afrontar los vencimientos de 2022, sino también porque –equivocados o no- muchos agentes (empresas, inversores, particulares, incluso funcionarios públicos) creen que un acuerdo con el Fondo es el único “ancla” que le queda a Alberto Fernández para evitar una crisis mayúscula en los dos años de Gobierno que le quedan.

Guzmán ha insistido en la eliminación de “sobrecargos”, pero en el FMI creen que es solo un gesto tribunero. Es cierto que encarecen la cuenta, pero también que Guzmán pudo haberlos morigerado si acordaba antes un “Acuerdo de Facilidades Extendidas” que, a diferencia del Stand-by, tiene plazos más largos hasta la entrada en vigor de esas penalidades, que el Fondo adoptó en 1997, durante las crisis del sudeste asiático, precisamente para disuadir a los países de ser deudores perennes.

Además, a la línea técnica del Fondo le llamó la atención, dijeron fuentes cercanas a ella, que Guzmán diga que presentó un programa. Ojalá, dicen. Sería una base para discutir. Otro punto que en el FMI querrían aclarar es que el “consenso político” para acordar no implica exigencia de aprobación parlamentaria, iniciativa de Guzmán que el ministro busca endosarle al organismo.

El “consenso” (ownership, le dicen en Washington) que el Fondo pide es de la propia coalición sobre un rumbo definido, y que la oposición no impida las medidas necesarias para estabilizar la economía, incluida una reducción más rápida (ese ajuste es un tema peliagudo) del déficit fiscal, una devaluación que achique y en lo posible elimine la brecha cambiaria y alguna “reforma estructural” que hasta ahora ninguna de las partes explicitó. Todas las cartas estarán sobre la mesa una vez que se terminen de contar los votos del domingo.

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