Pese a la inflación del 50% que se acumuló en los últimos doce meses, la gran mayoría de los clientes bancarios prácticamente no tuvo aumentos de su límite en la tarjeta de crédito. Y quienes lo consiguieron quedaron muy por debajo de los aumentos de precios. La consecuencia es que una porción cada vez mayor se queda sin cupo para seguir comprando con el plástico y se caen miles de operaciones a diario por ese motivo.
Incluso muchos clientes que han solicitado aumentos de sus límites para efectuar operaciones puntuales, por ejemplo compra de pasajes o de electrodomésticos, enfrenta fuertes resistencias de los oficiales de crédito. En muchos casos, los bancos están pidiendo para otorgar esos incrementos de margen que el cliente contrate otros servicios, por ejemplo un seguro de vida.
La falta de “espacio” para gastar con tarjeta implica a su vez un freno a las posibilidades de mejora de consumo en los próximos meses. Sucede los aumentos de salarios que se negocian en paritarias deberían ir en paralelo de manera casi automática con un aumento de los límites de gasto con tarjeta, incluyendo el cupo para gastar en cuotas. Pero nada de esto ha sucedido, limitando así la capacidad crediticia de la gente.
La decisión de los bancos de manejarse con mucha cautela para incrementar el financiamiento con tarjeta no pasa por un aumento del riesgo, es decir de la morosidad. Si bien hay un aumento en los incumplimientos, no se trata de una situación dramática.
En realidad, lo que estaría detrás es la falta de rentabilidad el negocio de tarjeta de crédito, que en algún momento fue la “estrella” en los bancos. Pero ahora dejó de serlo, debido a distintos factores.
Por un lado, el tope de tasa de interés dispuesto por ley para el financiamiento de los saldos de la tarjeta que no se pagan. El 42% anual que los bancos pueden aplicar actualmente está muy por debajo del 50% de la inflación de los últimos doce meses, por lo que se trata de un “negocio” con tasa de interés negativa.
Pero además hay un porcentaje creciente de las operaciones se canalizan a través del programa Ahora 12, en el que los bancos sólo pueden cobrar un 25% anual. “Encima ahora hablan de un Ahora 24, es decir dos años sin interés para el público en un país con 50% de inflación anual. Es una locura”, explicaban ayer en una entidad de capital privado nacional.
En los comercios dedicados a ventas de electrodomésticos y otros productos durables aseguran que prácticamente una de cada tres operaciones que se paga con tarjeta es finalmente rechazada, ante la falta de límite por parte del potencial comprador. Si bien las cuotas vuelven a esos productos más accesibles, al tratarse de montos de compra elevados no pasan por el “filtro” de los topes impuestos por las tarjetas.
Además, los bancos advierten que una buena parte de lo que cobran en concepto de intereses por la refinanciación de las tarjetas paga un 8% de impuesto a los Ingresos Brutos en la ciudad de Buenos Aires, lo que también le quita margen de rentabilidad.
La elevada inflación es otro de los componentes de la ecuación que no cierra en el negocio con tarjeta. La explicación es sencilla: los bancos deben adelantar los pagos a los comercios por las compras realizadas, pero se trata de operaciones que por lo general están descalzadas con la cancelación del resumen del plástico. Esos días de diferencia son un subsidio implícito para el cliente que termina sumando montos millonarios.
Existe otro elemento que empieza a hacer cada vez más ruido: el aumento de emisión de deuda por parte del Tesoro a tasas por encima del 40%. Los bancos están comprando montos crecientes de deuda emitida por el Gobierno y esto le va quitando espacio al financiamiento al sector privado.
Ese desplazamiento, conocido en la literatura económica como “crowding out” provoca que los bancos no tengan que esforzarse para otorgar crédito al sector privado, ya que la demanda por parte del sector público va en aumento. Claro que la consecuencia termina siendo la escasez del crédito a empresas e individuos, a tal punto que la caída en el último año ya es de 10% en términos reales, es decir el financiamiento al sector privado subió 10 puntos menos que la inflación acumulada.
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