Todos perjudicados: los economistas creen que los cambios en los servicios de salud afectarán tanto a empresas como a trabajadores

La decisión del Gobierno de prohibir por un año cambiar de obra social a los trabajadores que acaban de acordar una nueva relación laboral tuvo una muy fría recepción entre economistas, analistas y hasta empresas. Los distintos análisis hacen hincapié sobre cómo los empleados pierden el derecho a elegir y cómo las empresas se van a ver obligadas a mayores gastos cada vez que tomen a un nuevo empleado, si no quieren dejarlos sin cobertura de salud o con un servicio ineficiente.

Con la publicación del Decreto 438/2021, el Gobierno estableció que los trabajadores que inicien una nueva relación laboral —cada vez que empiecen a trabajar en una nueva empresa— deberán permanecer un año en la obra social correspondiente a la rama de su actividad antes de poder ejercer el derecho de cambiar a otra obra social o derivar aportes a una empresa privada.

Claudio Belocopitt, presidente de la Unión Argentina de la Salud (UAS) y de Swiss Medical, le dijo hoy a Infobae que las nuevas limitaciones para elegir servicios médicos “joden a la gente”.

La voz de los economistas

Para Fausto Spotorno de la consultora OJF y Asociados, la medida va en contra de los trabajadores y va a hacer caer la calidad de la salud.

“Es claramente una medida en contra de los trabajadores, porque que vos no puedas elegir tu sistema de salud es solamente un beneficio para los sindicatos. No tiene ningún efecto positivo para el trabajador”, dijo. “¿Si tenés una mala obra social qué hacés? Hacé de cuenta que estás disconforme con el servicio, tuviste un problema, ¿qué opciones te quedan? No sé muy bien cómo es que van a hacer los sindicalistas para decir que esto beneficia a los trabajadores”, concluyó Spotorno.

El cercenamiento de la posibilidad de elegir es, también para el ex viceministro de Salud de la Nación, Eduardo Filgueira Lima, la principal pérdida. Pero no la única.

“Es un grave retroceso. Cualquier opción que limite o genere inconvenientes a la libre decisión por parte de los afiliados es un retroceso real porque limita su libertad de elección. El hecho de haber incorporado la opción de cambio fue un trabajo muy arduo y que costó mucho tiempo como para que ahora se impongan nuevamente restricciones. La libertad es un elemento central para que la gente opte y defina cuál es su preferencia respecto de las garantías prestacionales por parte de las aseguradoras”, comentó.

“Otro punto es que las obras sociales tienen dificultades, porque los costos suben y la gente tiene aportes que no son proporcionales porque las fuentes laborales son escasas, los salarios son bajos, el 40% de la población está en el mercado informal, y entre esas dos cosas hay un gap creciente. Esto no lo va a mejorar de ninguna manera limitar la libertad de la gente, aunque se hable de solidaridad para proteger organizaciones ineficientes, porque en realidad las que tienen que prevalecer son aquellas que muestran eficiencia y capacidad de gestión. De esta manera están sosteniendo a organizaciones que, con un pool de trabajadores muy pequeño, no llegan a cubrir sus costos y termina dependiendo de subsidios”, agregó el ex funcionario.

La idea de un retroceso respecto de la posibilidad de elegir entre distintas variantes se repite en el análisis del abogado laboralista Julián De Diego.

“Es un retroceso, porque la persona antes podía elegir la que prefería y usaba la que más le convenía. Ahora está obligada por un año para estar dentro de obras sociales que a veces no funcionan porque no prestan servicios”, dijo el especialista.

“Desde 2001 el trabajador cuando ingresa a una empresa elige la cobertura de salud que le conviene, y por supuesto, son las obras sociales de mejor estado de salud. A medida que te alejás de Buenos aires hay obras sociales que directamente les dicen a los trabajadores que vayan al hospital público. Ese es un retroceso enorme”, agregó De Diego.

“A las empresas les agrega la dificultad de tener que contratar servicios adicionales, porque terminan teniendo que sostener una prepaga. No se entiende bien, parece haber alguna clase de acuerdo entre el Gobierno que tiene una deuda importante de subsidios con las obras sociales. Lo importante es que como decisión es totalmente contraria a la situación que estamos viviendo”, concluyó De Diego.

“El Decreto implica menos libertad para la gente y más plata para los sindicatos”, dijo el ex presidente del Banco Central durante el final gobierno de Mauricio Macri, Guido Sandleris, desde su cuenta de Twitter.

“Esta medida tiene varios efectos. El primero y principal es que se le quita a quien empieza a trabajar o cambia de trabajo la posibilidad de elegir qué cobertura de salud le parece mejor. Un segundo efecto es que al empeorar el acceso y calidad de la cobertura de salud para aquellos que empiezan a trabajar o cambian de trabajo, muchos se verán en la disyuntiva de tener que optar por un trabajo mejor o una cobertura de salud mejor. Un tercer efecto es sobre la competencia entre obras sociales. Al desaparecer la libre elección cuando se empieza en un trabajo nuevo, se reducen los incentivos a que las obras sociales compitan ofreciendo mejores servicios para atraer desde el inicio al trabajador”, enumeró.

“La medida premia a las peores obras sociales ya que ahora mantendrán cautivo al trabajador nuevo durante un año recibiendo así sus aportes y castiga a las obras sociales que se esfuerzan por ofrecer mejores servicios ya que no pueden competir por ese año inicial de aportes. La medida también abre una gran duda sobre qué sucederá con los tratamientos médicos en curso ante un cambio de trabajo. Al obligar a cambiar de obra social, ¿habrá que suspender el tratamiento? ¿Cambiar de médico?”, concluyó el ex titular del BCRA durante el gobierno de Cambiemos.

Agustín Etchebarne, de la fundación Libertad y Progreso, aseguró con el decreto “nuevamente la cúpula de la CGT consigue una nueva prebenda en contra de los trabajadores”. El economistas destacó que en Libertad y Progreso se elaboró una propuesta que va en el sentido contrario y busca ampliar la cobertura de los seguros sociales, introduciendo seguros provinciales, pero al mismo tiempo otorgando una mayor libertad a los trabajadores para disponer de su dinero aportando a obras sociales sindicales o bien a seguros médicos prepagos privados. “Cuanto mayor sea la libertad de elección de los trabajadores, mayor será la competencia y mejorarán todos los servicios de salud”, dijo.

“Anoche Alberto Fernández compró la tranquilidad y alineación sindical con tu plata. La patria corporativista extractiva se reparte el botín de guerra”, tuiteó Luciano Cohan, socio de la consultora Seido y ex subsecretario de Programación Macroeconómica de la gestión Cambiemos.

Entre las empresas, mientras tanto, lo vieron como un nuevo costo laboral que se genera y que va en contra de los planes de contratación de nuevo personal. Muchas empresas, explicó una empresaria que no quiso ser identificada, buscan atraer personal con beneficios como medicina prepaga. Esos beneficios son acuerdos por los que una prepaga provee el servicio y se lo cobra, en parte, de los aportes del empleado mientras que el empleador pone la diferencia.

“Ahora, un programa de beneficios se encarece para la compañía y perjudica al empleado. Porque el empleado va a perder la cobertura que tenía y la empresa, si quiere mantener el beneficio, va a tener más costos. Es una transferencia de fondos de las empresas a los sindicatos”, agregó.

Otro especialista que prefirió las redes sociales para dar su opinión fue el ingeniero y economista Eduardo Levy Yeyati. “Para bajar la presión por una recomposición del salario real, el gobierno limita la elección de obra social, reduciendo beneficios laborales. Los trabajadores pierden dos veces”, resumió.

SEGUIR LEYENDO: