
La llegada de una segunda ola de contagios en el marco de la pandemia del coronavirus es algo que preocupa al Gobierno, no solo por las consecuencias sanitarias que podría generar esa situación, sino también por el plano económico.
Cuando en 2020 se decretó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), el Poder Ejecutivo decidió implementar varios programas de asistencia estatal, entre los que estaban el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).
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Una vez que las medidas de restricción se fueron flexibilizando, el primero de esos planes desapareció, mientras que el segundo fue reemplazado por uno similar denominado de Recuperación Productiva (REPRO), que ya va por su segunda edición y tiene como objetivo ayudar a las empresas a pagar el sueldo de sus trabajadores.
Sin embargo, ya a mediados de enero último el Gobierno analizó la posibilidad de poner en marcha una versión acotada del IFE y del ATP, con montos y alcances más cortos, pero esa iniciativa no prosperó.
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En este contexto, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aseguró este lunes que, ante una eventual segunda ola de contagios, el presidente Alberto Fernández estaría dispuesto a aumentar los planes de asistencia.
Al participar del programa La Rosca, que se emite por TN, el funcionario sostuvo que “lo que demostró” este tipo de programas durante la cuarentena ”es el nivel de informalidad que hay en el país y lo complicados que están los jóvenes”.
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“La vuelta del IFE y del ATP no está en el presupuesto. Yo tengo que sostener la asistencia alimentaria, crear 300 mil puestos de trabajo, urbanizar 400 barrios y poner en marcha 800 jardines. Si hay un rebrote, si se complica la situación sanitaria, vamos a tomar medidas excepcionales que vamos a evaluar en el momento, pero lo vamos a hacer”, adelantó.
En este sentido, Arroyo recordó que al comienzo del 2020 su cartera tenía previsto gastar unos 84 mil millones de pesos, pero a partir de la pandemia del coronavirus y del aislamiento obligatorio, Alberto Fernández le autorizó un desembolso cercano a los $240 mil millones, lo que “claramente marca que hubo una decisión de acompañar” a los sectores más vulnerables.
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“El año pasado se cerró toda la actividad. Para mí, abril, mayo y junio fueron los meses más complicados porque desbordaron los comedores. Este año es distinto: si una maestra o un alumno tiene coronavirus, se cierra el aula, no la escuela; si una fábrica tiene problemas, no afectará a todo el sector productivo”, aclaró.

Además, precisó que previo a la llegada del COVID-19 a la Argentina había “8 millones de personas que recibían asistencia alimentaria”, pero que después esa cifra aumentó “a 11 millones y hoy estamos parados en 10 millones porque la gente ya puede hacer changas, pero no le rinde la plata”.
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Por último, se refirió también al escándalo por los “Vacunados VIP” y remarcó que él siempre supo que no se “tenía que vacunar” porque no es “personal de salud ni docente, ni mayor de 70 años”, pero resaltó que “cuando vayan bajando con la edad”, se anotará “como todo el mundo” para recibir las dosis correspondientes.
“Yo creo que aquel que se ha vacunado y no le correspondía, está mal. Yo veo en los barrios a gente que se vacunó y que está muy contenta, y otra que está preocupada porque todavía no la llamaron”, agregó.
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