El Senado de la Nación aprobó por unanimidad el proyecto por el que se blindan los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema integrado Previsional Argentino y que contempla la refinanciación de las deudas que las provincias tienen con la Anses.
Este último punto es un pedido de la mayoría de los gobernadores por lo que a los votos del oficialismo que ya eran suficientes para aprobar la norma que llegó de la Cámara de Diputados se le sumaron los senadores de la oposición.
Uno de los principales ejes del proyecto establece que 21 de las 24 jurisdicciones (las que no firmaron el acuerdo con el gobierno de Mauricio Macri fueron Santa Fe, Córdoba y San Luis) podrán renegociar los préstamos otorgados con el respaldo del FGS con un bono a mediano y largo plazo y mientras se desarrolle la negociación no se le descontarán fondos de la coparticipación.
Otro punto clave es que se cambia el sistema de financiamiento de la ley de Reparación Histórica, para evitar que para pagar el retroactivo se utilicen los activos del FGS, y se fija que deberá ser cubierto con recursos del Tesoro nacional.
La ley es de vital importancia para las provincias porque establece un plazo de ocho meses para negociar los préstamos entre los distritos y la Anses, que suman más de $101 millones y se cancelarán con un bono donde se definirán los vencimientos. Se tendrá en cuenta la suma del capital adeudado e intereses devengados y exigibles a la fecha de suscribirse el acuerdo de refinanciación.
En este grupo de deudores se encuentra, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, con $2.007 millones; Mendoza, con $1.268 millones; Jujuy, con $ 864 millones; Salta, con $1.165 millones; San Juan, con $1.026 millones; Santiago del Estero, con $1.256 millones; Corrientes, que suma $1.129 millones; y Buenos Aires, con $6.685 millones, entre otros.
La deuda en concepto de capital se cancelará íntegramente al vencimiento mientras que los intereses se pagarán con una tasa de interés de 1% anual y se calcularán sobre el capital, que será ajustado con la tasa que rige para los plazos fijos, en lugar del CER como se había establecido en el proyecto original del Gobierno.
Los acuerdos de refinanciación deberán incluir una opción de conversión del capital adeudado a un bono con vencimiento a mediano plazo, sujeto a términos y condiciones a ser definidos por el Poder Ejecutivo.
Los convenios de refinanciación que se firmen con cada provincia y con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entrarán en vigencia una vez ratificado por cada legislatura.
También se introducen cambios en el mecanismo de financiamiento del pago de la Reparación Histórica a jubilados sancionado durante el gobierno de Cambiemos, para evitar la venta los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
En ese sentido, la norma fija que no se podrán vender activos del FGS para financiar el pago de los retroactivos de jubilaciones prevista en la ley de Reparación Histórica aprobada en la administración de Macri, que ahora deberán ser abonados con fondos propios de Anses y del Tesoro nacional.
Además se establece que el FGS deberá priorizar aquellas inversiones que tengan impacto directo en la economía real promoviendo la sostenibilidad del sistema previsional.
Con respecto a los créditos otorgados a jubilados, el proyecto aprobado determina que la Anses no podrá realizar una capitalización de intereses en los préstamos vigentes cuyos cobros hayan sido suspendidos a partir del 1º de enero de 2020. También establece que la reanudación del cobro de las cuotas se hará desde la cuota siguiente que correspondía abonar al tomador del crédito cuando quedó suspendido el pago, respetando las condiciones financieras originales en las que el crédito fue otorgado, con las modificaciones acordadas que hubieran favorecido al deudor.
Por otro lado, se crea el Fondo Fiduciario Público “Programa de Inversiones Estratégicas”, que tendrá como meta “invertir en sectores estratégicos para generar empleo como política de desarrollo económico en pos de la sostenibilidad de la economía real”.
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