La calificadora de riesgo Moody’s advirtió el impacto negativo que implicará para las empresas de telecomunicaciones el reciente decreto gubernamental que declara públicos los servicios de este sector y congeló sus tarifas. La firma dijo en un informe que el congelamiento de las tarifas es negativo desde el punto de vista crediticio para la industria argentina de telecomunicaciones “en general”.
La agencia hizo esta advertencia en un informe donde habla en particular de Telecom Argentina, una de las mayores empresas de telecomunicaciones del país suramericano y cuyo perfil crediticio es calificado por Moody’s.
“Las condiciones económicas limitarán las perspectivas de crecimiento para las empresas de telecomunicaciones locales, que no tendrán capacidad para aumentar las tarifas y trasladar los aumentos de costos durante el resto de 2020”, observó Moody’s.
La calificadora recordó que las empresas del sector habían anunciado incrementos de tarifas del 10 % que entraría en vigor a inicios de septiembre y que, con una tasa de inflación cercana al 45 % este año, la congelación de las tarifas dificultará que las compañías puedan mantener sus niveles de rentabilidad.
Pero por el otro lado, Telecom no es la única que sufrirá. Telefónica que anunció en 2019 que ponía el cartel de venta de su filial en la Argentina, hoy se encuentra con un escenario totalmente diferente al previsto.
Telecom Argentina, cuyas acciones se cotizan en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York, notificó el miércoles pasado a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) de los alcances del decreto y anticipó que “analiza con sus asesores las repercusiones de la medida sobre sus actividades” y que “tomará los recaudos adecuados para proteger sus intereses y los de sus inversores y demás personas con intereses en la sociedad”.
El viernes pasado, el presidente argentino, Alberto Fernández, firmó un decreto de necesidad y urgencia por el que se declaró a la telefonía móvil y fija, a los servicios de internet y a la TV de pago como un servicio público y esencial.
Además, se congelaron hasta el 31 de diciembre próximo las tarifas de los servicios telefónicos, de internet y de la televisión paga. Por ese decreto, tampoco podrá haber aumento de tarifas en el futuro sin previa autorización del Estado.
En la Quinta de Olivos siguen mirando de cerca las reacciones del sector. Mientras utilizan las redes sociales para explicar los por qué de la decisión, señalan que luego de una semana de firmado el Decreto de Necesidad y Urgencia 690 que estableció el nuevo régimen, no se observaron protestas a favor de las telcos. En los jardines de la residencia presidencial está fresco el recuerdo de Vicentín y la gente en la calle defendiendo a la empresa.
Por su parte, el sector de las telecomunciaciones, que firmó una solicitada en conjunto oponiéndose a la medida, distribuyó varios documentos informativos desde que se conoció el decreto defendiendo su postura.
En los informes el sector privado de las telecomunicaciones asegura que en “los últimos 10 años (2010-2020), la industria en todo su conjunto invirtió USD 20.000 millones, una contribución del 2,4% del PBI”; y hacen una comparativa con legislaciones de otros países, como Canadá, Finlandia, Corea, Francia y Holanda, en los que si bien se declaró a los servicios como básicos –e incluso como un derecho– en ningún caso se reguló los precios.
Un segundo documento que las empresas hicieron circular y que se titula “Declarar como servicios públicos a las telecomunicaciones desacelera inversiones y perjudica a los usuarios” y enumeran algunos puntos que explican el contexto y por qué caerán esas inversiones. Entre ellos señalan que no son un servicio monopólico y que no hace falta un decreto para garantizar el acceso.
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