Los bonistas ya se preparan para litigar si no hay acuerdo, mientras que el Gobierno sigue sumando deuda en default

Mientras crece la tensión entre el Gobierno y los principales acreedores privados por los términos propuestos por la Argentina para reestructurar los USD 64.800 millones emitidos bajo legislación extranjera, el país sigue acumulando títulos en default y los abogados de los bonistas comienzan a preparar toda la artillería legal para encarar si no se logra un acuerdo.

“Por la razón o la fuerza”, le dijo a Infobae, apelando al lema del escudo chileno, el representante de uno de los tres comités de acreedores, al ser consultado sobre los litigios. Los fondos siguen esperando que el Gobierno se siente a negociar, pero las recientes declaraciones del ministro de Economía, Martín Guzmán, y del propio presidente, Alberto Fernández, demostraron una absoluta firmeza respecto de que no habrá cambios en la oferta, por lo que el final del canje es incierto. El mercado, sin embargo, aún cree en que, por el bien de ambos, las partes alcanzarán un acuerdo.

Mientras tanto, el Gobierno prepara una nueva prórroga del plazo de la oferta, que en principio vence el 4 de agosto. Podría estirarla entre 15 y 20 días, por lo que seguirá acumulando vencimientos impagos. Sólo el mes próximo, caerían en default –luego de los 30 días de gracia– otros casi USD 600 millones. Si la fecha del canje se extendiera hasta fin del mes próximo, la Argentina ya estaría en cesación de pagos por USD 1.550 millones.

“La gente ya está harta. Además, la oferta de Argentina es coercitiva y unilateral, se niega a reconocer que tiene que negociar y que la otra parte tiene sus derechos”, dijeron fuentes de uno de los comités de bonistas. El Gobierno no se mueve de su oferta y lo único que dejaron trascender que analizan cambiar son las condiciones legales en lo que respecta a la cláusula de reasignación de los bonos y el Pac-Man. Pero hasta ahora no hubo señales concretas en este sentido.

Tras la reacción que tuvo el Gobierno luego de que los tres grupos de acreedores –Ad Hoc, Exchange Bondholders y Comité de Acreedores– le plantearan, mediante una carta, que reunían detrás de su contrapropuesta al 61% de los tenedores de los bonos globales y el 50% de los bonos K, los bonistas están cada día más molestos y comenzaron a acusar a Guzmán de haber presentado una oferta de forma unilateral y no querer negociar.

Hasta ahora, el monto de default acumulado asciende a USD 601 millones, que escalarán a USD 963,7 millones mañana, cuando finalicen los 30 días de gracia de los intereses del bono Discount, cuyo primer vencimiento fue el 30 de junio. Este martes, en tanto, se sumaron USD 98 millones de intereses del bono Century. “Tanto el Century como el Discount son bonos que ya están en cross default a partir del default de los globales el 22 de mayo, por lo que podrían, si reúnen el 25% de la serie, pedir la aceleración”, recordó el economista de EcoGo, Federico Furiase.

Según su visión, si bien se percibe una mayor tensión entre los acreedores y el Gobierno y “hay muchos bonistas que ya están podridos y tienen todo armado para empezar a litigar, si la Argentina no hace un esfuerzo adicional”, la lógica indicaría que debería haber acuerdo. “Hay roce y desgaste en la negociación, pero que haya arreglo les conviene a ambas partes: al Gobierno le descomprime la brecha, le despeja el perfil de vencimientos y le permite tener una mayor consistencia macroeconómica, y a los acreedores les sirve porque los títulos que hoy valen USD 40, en un tiempo pueden valer USD 55 o USD 60 si el canje sale bien”, manifestó Furiase.

También le conviene al Fondo Monetario Internacional (FMI) que haya acuerdo, ya que ello le permitiría al país volver a los mercados externos de crédito y, de esa manera, garantizarse que la Argentina le pague lo que le debe.

“El acuerdo ya está terminado. Falta asumirlo. La diferencia es mínima, los acreedores están más unidos que nunca, con lo cual no mejorar la oferta en lo legal y algo en lo económico no tiene sentido. Sería de una irracionalidad supina”, consideró Gabriel Caamaño, de EcoLedesma. El economista cree que “es una cuestión de tiempo, de cuánto tarde el Ejecutivo en digerir que planteó una cosa y terminó cerrando en donde todo el mundo preveía que se iba a cerrar, en torno a los USD 55″.

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