El Gobierno insiste en que la única forma de frenar la expropiación es que el juez del concurso acepte la propuesta de Omar Perotti

El presidente Alberto Fernández se reunió hoy con Gabriel Delgado, el interventor designado para la intervención de Vicentin al que el juez federal de Reconquista, Fabián Lorenzini, devaluó al rol de veedor.

Delgado tuiteó esta tarde que junto al mandatario analizaron la situación de Vicentin. “Repasamos todas las alternativas y no nos aferramos a los instrumentos. El propósito del gobierno es preservar las fuentes de trabajo y que los productores puedan cobrar”, escribió.

El presidente apuesta a la “propuesta superadora” del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, presentada el viernes pasado, para lograr el mismo propósito: desplazar a los actuales accionistas de la empresa y llegar, eventualmente, a la conformación de una empresa público-privada con una importante participación del Estado. Así, persiste en Olivos la idea de que la única forma de frenar la expropiación es que el juez acepte la propuesta del gobernador de Santa Fe.

Fuentes oficiales aseguran, sin embargo, que buscarán que la expropiación, que no se descarta, sea el último recurso. “Insistimos en buscar una propuesta superadora. no significa que esté descartada la expropiación, está en stand by por el momento para ver cómo se avanza”, dijeron a Infobae desde el entorno presidencial.

La propuesta de Perotti fue rechazada enfáticamente el sábado por Héctor Vicentin, uno de los miembros de la familia y ex directivo de la empresa, que la llamó “expropiación light”.

El propio Perotti había dicho en declaraciones radiales, horas antes, que el objetivo era llegar a la conformación de una empresa público-privada, probablemente con mayoría estatal. Por eso en Avellaneda, sede de Vicentin, creen que el gobernador sería una especie de Caballo de Troya para que el Gobierno consiga el mismo objetivo por otros medios. El objetivo es el control estatal de la empresa. Y el medio, la intervención pedida por la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia (IGPJ) respetando la ley de Concursos y Quiebras. De hecho, Perotti hasta propuso que el interventor sea Delgado, el mismo que había elegido el presidente, al que acompañaría un subinterventor designado por la Provincia.

El plan de Perotti, sin embargo, debe ser aceptado por Lorenzini, el juez a cargo del concurso, que el Gobierno nacional sospecha de favoritismo hacia Vicentin y de ser presa de un “microclima” contrario a la expropiación. El gesto del gobierno, tuit de Delgado incluido, parece una forma de reconocimiento político al masivo banderazo del sábado en todo el país y la aceptación de que le conviene exhibir modos más amistosos, más allá de que mantenga el objetivo final.

El mensaje central es que se busca preservar los puestos de trabajo de los empleados de Vicentin y que cobren los más de 2.000 productores, acopios, cooperativas y proveedores de servicios a los que la empresa dejó de pagar en diciembre pasado para tres meses después, en marzo, presentarse en concurso de acreedores.

El Gobierno insiste en que los ejecutivos y directivos que llevaron a Vicentin a su actual situación no pueden seguir al frente de la empresa, que adeuda cerca de 100.000 millones de pesos, incluidas las deudas con bancos locales e internacionales.

La investigación incluso tiene una vertiente internacional, a partir de acciones legales de “Discovery” presentadas ante la justicia neoyorquina por los acreedores internacionales de Vicentin, a los que debe aproximadamente 500 millones de dólares.

Además, empuja una causa penal contra ejecutivos de Vicentin y ex funcionarios del gobierno de Macri por presunto lavado de dinero y favorecimiento indebido en la concesión de crédito por parte del Banco Nación, lo que es enfáticamente rechazado por Vicentin, que dice a su vez que es la primera vez en más de 90 años que la empresa llegó a una situación de impago tan amplia y prolongada.

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