Expertos en deuda como Miguel Kiguel consideran que el default de hoy es un paso inevitable en la negociación con los acreedores. El argumento es que en algún momento había que “plantarse” y dejar de pagar para obligar a los bonistas a negociar. Pero aunque el ministro de Economía, Martín Guzmán, minimizó el efecto que podría generar la cesación de pagos sobre la deuda extranjera, que consideró “anecdótico”, en realidad la decisión no está exenta de riesgos.
Los tiempos se vuelven a partir de ahora muy relevantes. Cada día que pasa sin un acuerdo crecen las chances de que aparezcan otro tipo de “jugadores” deseosos de litigar contra la Argentina. Los bonos en default son un verdadero imán para los “buitres”, fondos que se especializan en comprar deuda a precios de ganga con un solo objetivo: hacer juicio ante los tribunales internacionales.
Con mucha paciencia y plata para pagar abogados, el final de la película siempre es feliz para ellos: cobran el 100% de la deuda, los intereses y hasta los gastos de la demanda. Fue el caso de Paul Singer y su fondo NML Elliot. En 2016 cobró U$S 2.400 millones y ganó casi 400% en diez años. Se trató de uno de los costos que tuvo que pagar el gobierno de Mauricio Macri para salir del default.
En los últimos días la baja del riesgo país reflejó la expectativa favorable de los inversores a una solución relativamente rápida para la deuda. Es decir que el default podría ser un traspié momentáneo, casi un “trámite” dentro de una negociación que lentamente parece encaminarse.
Los indicios durante la semana fueron positivos. Martín Guzmán dijo que sería “flexible” y que está dispuesto a escuchar todas las combinaciones posibles para llegar a un acuerdo, en términos de quitas, tasas y períodos de gracia. Y del otro lado el principal fondo de inversiones global como es BlackRock aseguró que estaría dispuesto a reducir sus pretensiones originales y buscaría convencer a otros acreedores de hacer lo mismo.
Los distintos tipos de bonistas que acercaron sus propuestas representan un desafío no menor para llegar a un acuerdo. Aunque hay negociaciones en marcha, en Wall Street se siguen quejando de la poca capacidad de Guzmán para escuchar y que no entiende el “idioma” de los mercados.
Uno de los grupos de acreedores, el “Argentine Exchange Bondholders”, tiene USD 4.000 millones que corresponden al canje del 2005, Par y Discount. Están parados en un lugar de mayor fortaleza, porque se trata de bonos que brindan mayor protección a sus tenedores que los emitidos durante el gobierno de Macri, a partir de 2016. El Gobierno precisa una aceptación del 85% de los tenedores de estos títulos para cerrar exitosamente la operación, contra sólo 66% del resto.
Para que los tiempos no se hagan eternos, Guzmán deberá disponer en algún momento cercano un momento límite para cerrar la transacción y no aceptar nuevas prórrogas. El riesgo es que un porcentaje de los bonistas decida quedarse como “holdout”, es decir afuera del acuerdo. Y ése será el momento de la verdad.
¿Cuánto es un porcentaje razonable de aceptación? Uruguay consiguió en 2003 un porcentaje superior al 90%, pero la quita llegó a sólo 10%. La Argentina propuso una quita del 60% y podría bajarla al 50%. Sería irreal pensar que 9 de cada diez inversores aceptará la propuesta en esos términos.
El caso intermedio es el canje de 2005 que realizó el gobierno de Néstor Kirchner. La aceptación llegó al 76,15% y el país se vio sometido a una fuerte ofensiva judicial, embargos de distintos activos alrededor del mundo y dificultades para volver al mercado de capitales. Hoy ese porcentaje luce por lo menos como aceptable y algunos consideran hasta deseable.
Un escenario probable es que se termine en una suerte de “limbo”, con una parte de la deuda reestructurada y nuevos bonos emitidos, mientras que otro grupo de acreedores optará por seguir la “negociación” ante tribunales de Nueva York.
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