El Grupo Campici presentó este jueves ante el juzgado Civil y Comercial 10 de Lomas de Zamora una propuesta de mejora de oferta en la compra de OCA, el correo privado más grande de la Argentina, luego que ayer la AFIP diera a conocer su informe como integrante del comité de Acreedores considerando que el monto ofertado no era suficiente.
“Queremos que nuestra propuesta sea sometida a una competencia justa, abierta y transparente”, afirmaron. Según pudo saber Infobae, el Grupo se compromete a pagar la operación casi de manera inmediata, mantener a los más de 6.500 trabajadores en sus puestos y encarar profundas transformaciones en el diseño de la operación logística.
En ese marco, Campici aceptó la gran mayoría de las condiciones específicas que el magistrado le hiciera saber y, entre otras cosas, se mostró dispuesto a asumir riesgos cambiarios y que el valor de la moneda (pesos o dólares) sea la estipulada un día antes de la compra por el BCRA.
Además, el oferente propone atender el déficit operativo de OCA, hacer inversiones y encarar una reingeniería de la compañía a todo nivel. Además, sostendrá la dotación total de los empleados registrados en la empresa. También pagará el precio de adjudicación dentro de los 20 días desde que la misma sea decidida por resolución firme.
“Esta propuesta refleja nuestra convicción sobre la relevancia del capital humano en el éxito de la empresa. Queremos repetir en OCA las reformas y mejoras que hicimos en cada una de las empresas que forman parte de nuestro Grupo, basadas en inversiones y capacidad de gestión”, afirmó Gonzalo Campici, CEO del Grupo.
Con respecto al plan de negocios, la propuesta incluye que el correo privado expanda su logística con más y mejores operaciones de fulfillment, con la modernización de sus plantas y la creación de nodos de consolidación. “También la adopción de mejores TMS y WMS”, aseguraron en referencia a los Warehouse Management System y Transportation Management System, o sistemas informáticos de gestión de depósitos y transporte.
Por otro lado, desde el holding que además está compuesto por tres compañías de seguros, una empresa de servicios financieros y una constructora no orientada a la obra pública, consideraron que OCA debe automatizar ciertos procesos para reducir los tiempos de tratamiento, despacho y transporte. Propone también rediseñar su estructura de sucursales pensadas para un mundo de cartas más que de paquetes.
“En una etapa de puja, y como es inevitable, podrán presentarse otros interesados, pujar libremente e incluso vencernos en la compulsa. No caben dudas, entonces, de que será ese el mejor camino y la mejor oportunidad para obtener el mejor precio posible para la venta”, expresó el Grupo en el escrito entregado hoy a la Justicia.
Días atrás habían destacado que su objetivo como compradores es “asegurar el mantenimiento de las prestaciones y servicios que se vienen brindando sin mella alguna para nuestros clientes y/o proveedores, manteniendo las fuentes de trabajo y se sostiene por completo la excelencia en el cumplimiento de los servicios, la cual nos ha caracterizado desde hace más de 60 años”.
El CEO afirmó que: “Nuestra experiencia en recuperar empresas en crisis con una fuerte capacidad de gestión nos llevó a abordar el desafío de sanear esta emblemática compañía y con una responsabilidad aún mayor que es resguardar el trabajo de 7.000 familias”.
Antecedentes
En abril del 2019, la Justicia había declarado la quiebra de OCA, en el marco de una deuda de más de $8.000 millones. Los administradores judiciales decidieron que las propuestas de quienes lideraban la empresa hasta ese entonces eran insuficientes porque no contaban con el respaldo para solventar los gastos operativos e impositivos.
Así, se decretó aunque también a continuidad empresarial, lo que dio esperanza a todo los empleados, directos e indirectos, de la empresa. Se analizaron varias propuestas de ex ejecutivos, empleados y de otros privados que se inscribieron en el cram down, o salvataje, que también había decretado el tribunal.
Según la Justicia, la empresa –en convocatoria de acreedores desde 2017– tenían entonces una deuda de $4.494 millones, 80% con la AFIP, más un pasivo posconcursal que superaba los $2.300 millones, con ese organismo, y otras deudas bancarias por $1.300 millones.
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