El brutal impacto de la cuarentena en los ingresos de los argentinos: de 20,3 millones que trabajan, sólo 6 millones lo tienen asegurado a corto plazo

A medida que aparecían los primeros casos de Covid-19 en el país, el gobierno comenzó a poner restricciones a la circulación de personas cada vez más fuertes, hasta que pocos días después se estableció un aislamiento obligatorio en todo el país con pocas excepciones y alto control de la movilidad.

De esta forma, la mano de obra, factor fundamental de la producción, quedó en cuarentena en (casi) todos los sectores de actividad, paralizando (casi) por completo la economía. La contracara de la parálisis económica es la caída en los ingresos de la población, que se verán afectados por distintas vías según sea el tipo de ocupación y/o sector de actividad.

En la Argentina, hay aproximadamente 20.3 millones de personas ocupadas de las cuales unos 10,5 millones son asalariados formales (6.7 millones en el sector privado y 3.8 millones en el sector público) y 2,3 millones son cuenta propistas registrados; el resto -alrededor de 7,5 millones de individuos- tienen empleos informales, ya como trabajadores asalariados (4,8 millones) o por cuenta propia (2,8millones).

Dentro de los trabajadores por cuenta propia registrados, más del 80% son monotributistas, de los cuales cerca de la mitad está registrado en las dos categorías más bajas, lo que denota que son trabajadores de bajos ingresos, aunque también puede ser que no los registren todos. En principio, se podría inferir que, exceptuando a los asalariados registrados y los trabajadores inscriptos como autónomos (unos 400 mil), el resto de los trabajadores, es decir alrededor de la mitad, no tendrían un ingreso asegurado en el corto plazo o ahorros para hacer frente a una situación de inactividad.

Del universo de los trabajadores formales del sector privado, sólo alrededor de 2 millones estarían en sectores que durante la cuarentena están habilitados para continuar con la actividad. El resto, (dos tercios de los asalariados registrados privados) debería seguir cobrando los haberes y manteniendo su empleo, dada la prohibición de despidos establecida por decreto. Sin embargo, en la medida en que las empresas que los ocupa no tengan ingresos por estar paralizadas o tengan dificultades para conseguir insumos por las dificultades de distribución, la percepción de sus haberes podría estar también comprometida.

Es decir que, sobre un total de 20 millones de trabajadores, con certeza poco más de seis millones no van a tener ninguna dificultad para tener ingresos durante el aislamiento. El resto, dependerá de cuanto margen tenga la empresa para sostener la ocupación.

La respuesta oficial

Ante esta situación compleja y teniendo en cuenta que la pandemia en Argentina se desata tras 18 meses de caída del empleo total y cuando el empleo privado asalariado se encontraba a fin del año pasado en el nivel más bajo desde el año 2010, el Gobierno puso en marcha una serie de medidas para paliar la reducción de ingresos en la emergencia. Una de éstas es el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción como apoyo al sector productivo privado. Está orientado a empresas que pertenezcan a actividades económicas afectadas en forma crítica en las zonas geográficas donde se desarrollan y/o tengan una cantidad relevante de trabajadores contagiados o en aislamiento obligatorio o con dispensa laboral y/o con una sustancial reducción en sus ventas; están excluidos los sectores exentos del aislamiento obligatorio.

El programa consiste en:

a) la postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al sistema previsional; la reducción será para empresas de hasta 60 ocupados;

b) una Asignación Compensatoria, para todos los trabajadores en empresas de hasta 100 empleados en actividades económicas afectadas (debe tenerse en cuenta que el 40% del empleo en la Argentina se encuentra en empresas que tienen menos de 50 ocupados). La Asignación Compensatoria difiere según el tamaño de empresa. Para los empleadores de hasta 25 trabajadores, la asignación es equivalente al 100% del salario neto, con un valor máximo de 16.875 pesos (un salario mínimo);

c) dentro de un programa existente para micro, pequeñas y medianas empresas (RePro), se introduce una línea de asistencia que consiste en una asignación no contributiva a trabajadores de empresas de más de 100 ocupados. Dicha suma tiene un mínimo de $6.000 y un máximo de $10.000 por trabajador;

d) se eleva el monto de las prestaciones por desempleo a un mínimo de 6.000 y un máximo de 10 mil pesos desde los montos actuales de 3.925 pesos (mínimo) y $6.280 (máximo).

Estas medidas se suman a las anunciadas con anterioridad en materia de compensación de ingresos perdidos para trabajadores informales y monotributistas de las categorías más bajas con el fin de garantizar un ingreso mínimo. Esta compensación es de 10 mil pesos, por única vez, condicionado a que los perceptores no pertenecieran a un grupo familiar en el que se percibieran ingresos formales.

Las medidas contribuyen a paliar las consecuencias económicas de la crisis sanitaria en el muy corto plazo, y su suficiencia dependerá, principalmente, de la duración y características del aislamiento que determinarán el grado de paralización de la actividad productiva. Es prematuro aún delinear las perspectivas tras la pandemia. Se estima, no obstante, que la recuperación de la economía y del empleo será lenta y en parte dependerá de la evolución mundial y, es probable, que recién comience a verse en 2021. Las estimaciones para este año indican una importante pérdida de empleos, a pesar de las restricciones en materia de despidos, y una importante caída en los ingresos.

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