La firma Burford Capital, propietaria de los derechos del juicio por la expropiación de YPF, manifestó a la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, su temor por el cambio de Gobierno en la Argentina y la posibilidad de que las nuevas autoridades locales los arresten si el juicio se traslada a Buenos Aires.
“Los abogados de la principal empresa que financia litigios alrededor del mundo, el viernes no solo arremetieron contra el saliente Gobierno de Mauricio Macri acusándolo de abuso de poder, sino que le marcaron el campo de juego al próximo residente de la Casa Rosada, Alberto Fernández, mostrando a la magistrada neoyorquina que la nueva Argentina que se viene es el mismo país que defraudó a los accionistas de YPF tras la nacionalización hace ya más de siete años”, explicó el analista financiero Sebastián Maril, en un texto publicado en la plataforma Finguru.
“Fue tan marcado el cambio de estrategia de la empresa londinense, que hasta su CEO, Christopher Bogart, envió una carta a la Juez Preska diciendo que ya no viaja a Argentina por temor a ser arrestado y como precaución por su seguridad personal”, agregó Maril. El objetivo del Estado argentino y de YPF es que el juicio sea trasladado a la Argentina.
A mediados de septiembre, Preska anunció que suspendía la demanda por la expropiación de YPF hasta que no asumiera el nuevo Gobierno en la Argentina. La jueza es la encargada de decidir sobre la demanda contra la Argentina y contra YPF por la expropiación de la petrolera en 2012, durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner.
En ese momento, cuando el Gobierno nacional decidió cancelar los pagos de dividendos, las dos firmas del grupo Petersen que poseían parte de la compañía y que tenían sede en España, cayeron en default. En 2015, el síndico español contrató los servicios de Burford Capital —firma especializada en litigios internacionales— para que este inicie un litigio contra YPF y contra el Estado argentino en Nueva York. Además, la firma reclama que el Estado argentino, en su momento, deberá haber realizado una oferta de compra de las acciones no expropiadas.
Por ahora, los próximos pasos que siguen son una nueva contestación del Estado argentino y de YPF el próximo 7 de enero de 2020. Luego, vendrá una resolución de Preska, que tiene que definir si el juicio puede o no trasladarse a la Argentina. En su presentación, Burford Capital hizo especial foco en que la justicia local no es independiente y que puede ser perjudicados por el regreso de Cristina Fernández de Kirchner al poder.
Además, consideran que la cuestión de la competencia ya fue resuelta y que trasladar el juicio a la Argentina después de cuatro años implica una enorme pérdida de tiempo.
Burford Capital ya tiene tres decisiones que la favorecen publicadas por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito y por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Sin embargo, en el último año, la empresa comenzó a ser acusada —algo que aprovechó el Gobierno argentino— por una agencia de investigación norteamericana por haber defraudando a sus accionistas al aumentar la valuación de los derechos económicos que había adquirido. Por el caso contra la Argentina y la petrolera, Burford estimó que puede generar ganancias entre USD 1.700 millones y USD 9.000 millones.
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