Quita, tamaño y otras claves del paper en el que Martín Guzmán da su receta para resolver la deuda externa

Hasta hace no mucho tiempo, pocos sabían quién era. Pero fue elegido por Alberto Fernández para encabezar uno de los temas clave de su gestión: la reestructuración de la deuda pública, de modo de poner a la economía argentina en un ciclo de crecimiento “sostenible”.

Al futuro presidente le habrán sonado como música para sus oídos los principios que Martín Guzmán, egresado de la Universidad Brown y hasta hace poco investigador de la de Columbia, ambas de la élite académica de Estados Unidos, expuso en un paper de título explícito: “Evaluando la medida apropiada del alivio en una reestructuración de deuda soberana”. En síntesis, cuánta “quita” hay que hacerle a la deuda de un país para no tener que lamentarse o volver a las andadas.

El primer principio que exponen Guzmán y su coautor, Domenico Lombardi, del “Centro Internacional de Gobernanza”, es que el resultado de la reestructuración debe cumplir con el requisito de “una meta mínima de crecimiento económico que genere los recursos suficientes para satisfacer algunas demandas indispensables, tales como mantener capitalizado el sistema jubilatorio o evitar la venta de activos soberanos esenciales para las estrategias de desarrollo de la Nación”.

Esa enumeración de prioridades (crecimiento, sistema previsional, activos públicos) le asegura a Guzmán un lugar entre los economistas “progresistas”, el mismo lugar que habita a nivel global su mentor académico, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Además, en los reconocimientos iniciales, el paper cita, además de a Stiglitz, al economista argentino Daniel Heymann, uno de los cerebros del “Plan Austral”, y al también argentino Juan Pablo Bohoslavsky, abogado que se volcó a los estudios deuda y coautor, con Horacio Verbitsky, del libro “Cuentas pendientes, los cómplices económicos de la dictadura”.

De hecho, Stiglitz se congratuló en su cuenta de Twitter de la designación de Guzmán y fue retuiteado por el economista argentino Javier Milei, pero con un comentario lapidario, señalando que semejante padrinazgo intelectual es “la confirmación de ir por el camino del fracaso; este impresentable ha desperdigado el modelo generador de pobreza por todo el mundo. Nunca olvides su enfática defensa del modelo de Chávez y de los Ks”.

El segundo principio de Guzmán y Lombardi es que la relación entre el superávit fiscal al que se comprometa el país en una restructuración y su tasa de crecimiento a partir del acuerdo deben ser sostenibles a través del tiempo y tener “alta probabilidad” de resistir “shocks” externos desfavorables. Aunque el paper no menciona qué tipo de shocks, algunos ejemplos podrían ser una sequía –en el caso de un país como la Argentina tan dependiente de la agroindustria para generar divisas–, una caída abrupta o prolongada de los precios de los productos de exportación o un alza pronunciada de las tasas de interés internacionales.

El tercer principio es aún más exigente y seguramente será motivo de duras discusiones con el Fondo Monetario Internacional y con los acreedores privados. Allí Guzmán se refiere a la “factibilidad política y económica” de las exigencias derivadas de una reestructuración. Concretamente, dice que no es viable aceptar que en algún momento del tiempo el PBI del país restructurador caiga más de 1% anual o que el superávit fiscal sea constantemente mayor al 1% del PBI.

Por último, Guzmán evalúa el nivel de deuda aceptable que satisfaga los tres criterios previos sin violar las limitaciones presupuestarias a través del tiempo. Si la deuda reestructurada es tal que ese criterio no es satisfecho, significa que la quita o alivio no es suficiente y debe ser mayor.

Según el paper, gran parte de las reestructuraciones de deuda no cumplieron estos principios. De hecho, afirma que “en las cuatro últimas décadas más de la mitad de las reestructuraciones con acreedores privados fueron seguidas por otra reestructuración o por un nuevo default poco tiempo después”.

Al respecto, Guzmán y su coautor señalan que las actuales prácticas del Fondo Monetario para evaluar esas situaciones fallan por no tener en cuenta los criterios expuestos en el documento y apuntan críticamente a estudios que comparan el tamaño de las quitas de deuda en diferentes reestructuraciones de deuda internacional, citando autores como el economista chileno Sebastián Edwards, profesor de la UCLA y ex economista jefe del Banco Mundial para América Latina, y los economistas argentinos Eduardo Levy Yeyati y Juan José Cruces, rector de la Universidad Torcuato di Tella (UTDT).

Uno de los problemas de estas comparaciones, dicen Guzmán y Lombardi, es que al mirar el tamaño de las quitas de las deudas con los acreedores privados se deja de lado el tamaño de la deuda total del país cuya deuda está en proceso de reestructuración y que incluye también deuda interna y –particularmente en el caso argentino actual– deuda con organismos internacionales.

Ahí hay un potencial punto de conflicto entre la posición del FMI y la de los acreedores privados, que probablemente intente explotar en su gestión como ministro Guzmán. El organismo no acepta por principio quita alguna de su parte e invoca su condición de “acreedor privilegiado” en virtud de su calidad de “prestamista de última instancia”, esto es, una suerte de bombero que asiste a los países precisamente cuando éstos se quedan sin crédito privado.

Si pretende explotar estos resquicios y conflictos de interés entre diferentes tipos de acreedor, el gobierno de Alberto Fernández necesitará mucha muñeca política. Esa no parece ser, al menos por ahora, una fortaleza de Guzmán, un “tapado” surgido del mundo académico pero que ascendió al ministerio clave, el que ya desde los primeros meses marcará el rumbo de la próxima presidencia.

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