El muy complejo 2018, donde no se cumplieron ninguna de las pautas y postulados de política económica que el Gobierno había consensuado en el Congreso Nacional a fines de 2017, se resiste a concluir. Al menos eso es lo que se observa en la lectura del primer Boletín Oficial del nuevo año.
Una vez más, de modo sigiloso, y mientras la sociedad trataba de digerir la reglamentación del Impuesto a la Renta Financiera para residentes en el país; y los anuncios de aumentos de tarifas en el primer cuatrimestre de 2019, junto a la sorpresiva renuncia del Secretario de Energía, Javier Iguacel, Marcos y Peña y Nicolás Dujovne firmaron el 28 de diciembre la Decisión Administrativa 1955 e inicialaban las 25 planillas anexas, en las que disponían recortar a casi la mitad el aumento en $192.100 millones el máximo permitido de déficit en las cuentas de la Administración Central que habían dispuesto a lo largo del último año.
Repentinamente, los funcionarios se encontraron, después de una seguidilla de malas noticias, con que las finanzas públicas de 2018 mejorarían en nada más y nada menos que en $95.932 millones, como resultado del ingreso por "la venta de terrenos y tierras fiscales por parte del Ministerio de Defensa" que se destinarán al pago de "deudas directas de la Administración Central", en concepto de pagos de intereses y comisiones por $53.552 millones, y recortar "Asistencias en servicios económicos del Tesoro Nacional" en otros $30.028 millones.
Adicionalmente, la norma da cuenta del ingreso de $772 millones para el Ministerio de Defensa y autorizaciones de mayores gastos por parte de los Estados Mayor del Ejército y de la Fuerza Aérea por unos $900 millones.
Mientras que se sumó a los recursos de la Administración Central el producido de las rentas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, que se estimó en un número redondo de $12.500 millones.
Como resultados de esos movimientos de última hora del 28 de diciembre, el exceso de gastos originalmente presupuestado en $2,88 billones que había trepado a través de 13 Decisiones Administrativas durante 2018 en $583.099 millones, a $3,46 billones, quedó en $500.439 millones; mientras que la partida de ingresos esperados que había subido de $2,1 billones a $2,5 billones, se elevó, con el ajuste de la DA 1955, en $404.272 millones.
Sobre esa base, en Hacienda se mostraban confiados en que el déficit primario de 2018 cerraría por debajo de la meta ajustada y comprometida con el FMI de 2,7% del PBI, pese a que esta tarde la AFIP confirmaría que la recaudación de diciembre se vio afectada por la intensificación del cuadro recesivo del último cuatrimestre.
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