Entre sus muchas definiciones de hoy, el presidente Mauricio Macri incluyó un pedido al Congreso de la Nación para que termine de sancionar la Ley de Financiamiento Productivo. El proyecto, presentado por Cambiemos en noviembre pasado, ya fue aprobado en Diputados y resta que sea tratado en el Senado. Macri enfatizó la sanción total del proyecto como un elemento clave para que el ahorro privado termine de crecer de la mano de la batalla contra la inflación.
La nueva norma, antes llamada Ley de Mercado de Capitales, propone marcos que faciliten la operatoria de la pymes y busca eximir del impuesto a las Ganancias a inversiones del exterior para equiparar la ventaja de los fondos locales. Además, crea nuevos instrumentos de ahorro como las letras hipotecarias y remueve las capacidades que existían para que la Comisión Nacional de Valores (CNV) interviniera en empresas.
Para facilitar la financiación y el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas, el proyecto busca establecer un nuevo régimen de financiamiento destinado exclusivamente a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs). En el nuevo régimen, las MiPyMEs tendrían la obligación de emitir en todas las operaciones comerciales realizadas con empresas grandes un nuevo instrumento de facturación llamado "Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs", en reemplazo de las facturas o recibos electrónicos que emiten actualmente. La ley establece que las facturas quedan aceptadas o conformadas automáticamente a los treinta días de emitidas.
Sistema financiero
La ley introduce una serie de herramientas para facilitar el fondeo de los bancos que dan hipotecas a través de la "securitización" de las mismas. Esto es venderlas indirectamente en el mercado de capitales a través de instrumentos financieros para conseguir fondos. Para esto, se crearía una "letra hipotecaria" de cada hipoteca, la cual se ajustaría por el CER. Esa "letra" sería transable en el mercado de capitales como lo son hoy en día otros tipos de activos financieros.
Uno de los cambios más notables afecta a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la cual ya no podría intervenir empresas como lo puede hacer hoy en día. Pero el proyecto sí expande sus funciones de supervisor sobre los mercados y cambia los mínimos y máximos de multas que puede impartir.
Para promover el ahorro de largo plazo el proyecto plantea darles a los individuos ciertos incentivos fiscales para que destinen una parte de sus ingresos al ahorro de largo plazo. Lo haría al darle al Poder Ejecutivo el poder de aumentar el monto deducible de los impuestos por contribuir dinero a seguros de vida y de retiro. A su vez, el proyecto propone que los fondos de inversión cerrados no paguen el Impuesto a las Ganancias, como lo hacen actualmente.
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