Tribunal de Cundinamarca ordenó notificación internacional en demanda contra convenio de pasaportes entre Colombia y Portugal

El litigio entre la Procuraduría General de la Nación y la Cancillería por el convenio de $1,3 billones firmado con Portugal para la producción de pasaportes en Colombia enfrenta una dilatación significativa debido a trámites judiciales internacionales.

Esta situación, derivada de la necesidad de notificar formalmente a la Imprenta Nacional de Portugal mediante una carta rogatoria y la traducción oficial de la demanda al portugués, otorga al Gobierno de Gustavo Petro una ventana temporal para avanzar en la implementación del nuevo modelo de pasaportes, cuyo inicio está programado para mayo de 2026.

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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió el lunes 15 de diciembre una solicitud de aclaración presentada por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, estableciendo que la notificación a la entidad portuguesa debe realizarse a través de un procedimiento internacional.

“En el caso de que, sin que LIBRAR Carta Rogatoria (y sus anexos), por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores y/o la autoridad central, en la dirección que obra en el expediente, dirigida a la autoridad judicial competente de la jurisdicción de IMPRESA NACIONAL - CASA DA MODA, S.A., con domicilio en la AVENIDA OUTO DE JULMEIDA - EDF. COSTA BRAVA, segundo piso (ingreso: Lisboa, freguesia: Arroyo, número: 1004-020 LISBOA), de los Estados Unidos de Portugal, para que se practique personalmente la notificación de la demanda a IMPRENTA NACIONAL - CASA DA MODA, S.A., a través de su apoderado judicial, conforme a lo dispuesto por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y demás normativa en cuanto a conducto del agente diplomático”, dice el documento emitido por el Tribunal Superior de Cundinamarca.

Este trámite, que exige la intervención de la Cancillería y la traducción de todos los documentos al portugués, puede extenderse durante varios meses antes de que el caso sea discutido en profundidad.

Según la decisión, la Procuraduría, como parte demandante, deberá asumir el costo y la entrega de las traducciones oficiales en un plazo de diez días hábiles.

El origen del conflicto se remonta al 28 de julio de 2025, fecha en la que se firmó el convenio con la Casa de la Moneda de Portugal, acuerdo que sustenta el nuevo esquema de expedición de pasaportes en Colombia.

La Procuraduría demandó al Fondo Rotatorio de la Cancillería, a la Imprenta Nacional y a la Casa de la Moneda de Portugal, solicitando la nulidad del convenio y la suspensión de los pagos de la Cancillería a la entidad portuguesa. El despacho del magistrado José Élver Muñoz admitió la demanda el 20 de octubre de 2025 y notificó a las partes el 29 de octubre.

El Fondo Rotatorio de la Cancillería cuestionó la forma en que el Tribunal ordenó las notificaciones, argumentando que la Imprenta Nacional de Portugal, al ser una entidad pública extranjera, no podía ser tratada como una entidad colombiana.

Por ello, solicitó que la notificación se realizara mediante un trámite internacional, con la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores y la traducción de la demanda. El Tribunal aceptó este argumento y ordenó que la notificación se efectúe mediante carta rogatoria, lo que, según el propio Tribunal, puede demorar varios meses y permitiría que el Ejecutivo avance en la implementación del nuevo modelo de pasaportes antes de que finalice el actual mandato presidencial.

En paralelo, el Fondo Rotatorio planteó una inquietud sobre la doble función de la Procuraduría, que actúa como demandante y, tradicionalmente, como agente especial encargado de vigilar la defensa del ordenamiento jurídico y los derechos procesales.

El Fondo argumentó que esta situación rompe el equilibrio procesal y solicitó que se designe un procurador ad-hoc externo o que la función sea asumida por la Defensoría del Pueblo. El Tribunal, aunque no aceptó este reclamo, corrigió un error de redacción en el auto inicial y ordenó que no se notifique al Ministerio Público, dado que la Procuraduría ya actúa como parte demandante, descartando así la necesidad de un procurador ad-hoc o de trasladar la función a la Defensoría.

Con estas decisiones, la Cancillería obtiene una ventaja inicial en un proceso que, debido a los trámites internacionales y las exigencias de traducción, podría extenderse más allá de lo previsto.