
El presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, volvió a referirse al proyecto de decreto reglamentario del Gobierno de Gustavo Petro que modifica las normas relacionadas con la extinción de dominio. Al respecto, planteó varios reparos.
Lo hizo por medio de su columna semanal de opinión en la que cuestionó: “¿Quién está detrás de la extinción de dominio? ¿quién está detrás de esto?”. De igual forma, manifestó que la Ley del Plan de Desarrollo promulgada en mayo del 2023 terminó con un “añadido” de última hora, los numerales 5 y 6 del artículo 61, sobre “mecanismos para facilitar y dinamizar los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria”.
“El título es engañoso, pues al eliminar garantías procesales y endurecer los términos de la extinción de dominio, la convirtió en un instrumento sumario y administrativo; es decir, sin la intervención de un juez, reemplazado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), para ‘obligar’ al propietario a la ‘oferta voluntaria’”, lamentó Lafaurie.
Dilema extorsivo
El alto ejecutivo agregó que esto es gravísimo porque lo que plantea el artículo es un verdadero “dilema extorsivo” en el que se expresa: ”O me vende la tierra que quiero comprar…, o se la quito”. No en vano, agregó, lo bautizaron como “expropiación exprés”, un término que le queda corto, pues la expropiación conlleva indemnización, en tanto que la extinción de dominio es un castigo equiparable al impuesto a un criminal.
El dirigente gremial recordó que en ese entonces manifestó que “los ganaderos seguiremos cumpliendo el acuerdo (…) a pesar de la inclusión del artículo 61, que abre caminos sumarios a la expropiación y alcanzó a destruir la confianza…”, añadiendo, en modo de reclamo, que “construir confianza está detrás de los resultados, y los resultados están detrás de la paz”.

“Nosotros no estamos proponiendo expropiación”, dijo Gustavo Petro
Además, en la columna Lafaurie recordó que Petro, desde el comienzo de su gobierno, reiteró que no habría expropiación, sino compra, muy en línea con el acuerdo firmado con Fedegán. Además, que, en mayo, a raíz de las reacciones al artículo 61, desde España dejó claro algo que la expropiación existe en la ley, pero que no es necesaria una ley para eso, pero al mismo tiempo quedó el interrogante, que hoy resurge con el proyecto de decreto reglamentario.
Y se cuestionó que, si ya existe ley para eso, entonces “¿por qué el artículo 61, que le resta garantías al propietario y convierte en sumaria y administrativa la extinción de dominio?; ¿por qué, ahora, un decreto que rebasa la potestad reglamentaria del Gobierno y concentra en la ANT competencias ambientales y hasta tributarias? ¿Quién está detrás de esto?”.
En su escrito, Lafaurie sostuvo que en un país con una institucionalidad ambiental “autónoma” y “clientelizada” a nivel regional, y una normatividad inaplicable en vastas regiones, ya sea por falta de gestión o por la presencia de grupos ilegales, hay más de 300.000 hectáreas de coca que no logran ser objeto de extinción judicial de dominio.
Y concluyó reconociendo en la ministra de Agricultura, Jhénifer Mojica Flórez, una actitud asertiva. Según reveló Lafaurie, la alta funcionaria ofreció una mesa de trabajo para revisar el proyecto de decreto. “Allá estará Fedegán y, en el entretanto, los ganaderos… seguiremos expectantes”, concluyó.
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