Un nuevo dossier elaborado por el analista Emilio Morales concluyó que GAESA, el conglomerado militar que controla la economía cubana, utiliza empresas privadas como pantalla para acceder al mercado de combustible estadounidense, mientras Washington intensifica su estrategia para cercar el abastecimiento energético del régimen.
La investigación, titulada “El control del combustible: nuevo instrumento de presión sobre el Estado mafioso cubano”, fue elaborada por Morales en su carácter de vicepresidente de Cuba Siglo 21 y presidente del Havana Consulting Group.
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El documento analiza el entramado financiero, empresarial y logístico que estructura las importaciones de combustible desde Estados Unidos y cuestiona que esas operaciones constituyan un negocio genuinamente independiente del sector privado cubano.
GAESA perdió su principal fuente de ingresos con la caída de Maduro
El trasfondo de este nuevo escenario es la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero pasado, que privó a La Habana de su principal proveedor de petróleo subsidiado. Según estimaciones recogidas en el dossier, GAESA revendía en mercados asiáticos entre el 40 y el 50% del crudo venezolano recibido, una operación que habría generado aproximadamente USD 30.000 millones entre 2010 y 2025.
Ante el agravamiento de la crisis energética, la administración estadounidense habilitó una vía para exportar combustible a entidades privadas cubanas elegibles y a consumidores individuales, bajo la excepción Support for the Cuban People. El propósito era permitir el abastecimiento de actividades independientes sin beneficiar a las entidades militares y estatales sancionadas.
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Las MIPYMES operan como intermediarias, pero la infraestructura sigue en manos militares
El dossier identifica, sin embargo, una contradicción estructural: aunque las MIPYMES aparezcan formalmente como importadoras o comercializadoras, las gasolineras continúan perteneciendo a CIMEX, los pagos se realizan mediante las tarjetas Clásica administradas por FINCIMEX y los ingresos terminan depositados en el Banco Financiero Internacional (BFI), todas entidades vinculadas al conglomerado militar.
En ese esquema, las MIPYMES pueden participar en la operación comercial, pero GAESA conserva el control de los activos estratégicos y del circuito financiero por el que circulan los dólares.
A esa dependencia estructural se suma una barrera de entrada prácticamente infranqueable para los pequeños empresarios independientes. Según los cálculos presentados por Morales, comenzar a operar con diez isotanques de combustible puede requerir una inversión inicial de entre USD 500.000 y USD 1.400.000, sin acceso a financiamiento y con pagos al contado.
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Las exportaciones de combustible desde EEUU
Los volúmenes comerciales refuerzan los interrogantes sobre el origen real del capital detrás de esas operaciones. Entre enero y agosto de este año, las exportaciones estadounidenses de combustible y derivados hacia Cuba alcanzaron aproximadamente USD 232 millones, con un récord mensual de USD 74.900.000 en agosto.
Para Morales, esas cifras difícilmente pueden explicarse mediante operaciones de pequeñas empresas sin respaldo de estructuras financieras y logísticas de mayor escala.
Washington sancionó a empresas estatales
En paralelo, la administración Trump intensificó las sanciones contra empresas estatales vinculadas al comercio de combustible, entre ellas CUPET, ENETEC y COREYDAN. Las autoridades estadounidenses también informaron de la interceptación de 90 envíos destinados a ENETEC, con aproximadamente 600.000 galones de combustible, valuados en USD 2.800.000.
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Esas operaciones muestran que Washington no se limita a controlar el suministro energético, sino que busca identificar las redes empresariales utilizadas para evadir las sanciones y rastrear los destinos finales de los cargamentos.
El dossier advierte, además, sobre el riesgo de que combustible autorizado para el sector privado termine abasteciendo instituciones militares y organismos de seguridad del régimen. Investigaciones periodísticas citadas en el documento identificaron suministros a vehículos vinculados con estructuras represivas.
El régimen ya no controla las reglas del juego energético como antes
La investigación concluye que el cambio más profundo no reside únicamente en la sustitución del petróleo venezolano por combustible estadounidense, sino en la transformación de las relaciones de dependencia energética.
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Durante años, GAESA aprovechó el suministro venezolano para obtener ingresos extraordinarios mediante operaciones en mercados internacionales. Ahora debe desenvolverse en un mercado donde Estados Unidos tiene capacidad de supervisar exportaciones, identificar intermediarios y sancionar operaciones irregulares.
Washington enfrenta, no obstante, un equilibrio delicado: impedir que el combustible fortalezca al aparato represivo sin provocar un colapso aún mayor de los servicios esenciales de los que depende la población cubana. Por ello, según el dossier, las autoridades estadounidenses han mostrado inicialmente una gran flexibilidad al aceptar como independientes a MIPYMES “privadas” que, según sostiene Morales, “operan en contubernio con GAESA”.
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El desarrollo de este nuevo escenario también podría contribuir a identificar las MIPYMES utilizadas como testaferros del conglomerado militar y a exponer los mecanismos mediante los cuales GAESA intenta preservar sus fuentes de financiamiento.
En un régimen cuya supervivencia depende tanto del control de las divisas como de los recursos energéticos, esa pérdida de autonomía representa una amenaza que trasciende el negocio petrolero.
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