La organización de derechos humanos Cubalex presentó una contribución técnica ante el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura, donde denunció que el régimen cubano incurre en prácticas de hacinamiento y omisiones estructurales que derivaron en al menos 115 muertes bajo custodia estatal entre el 1 de febrero de 2024 y el 30 de junio de 2026.
La presentación, efectuada en septiembre para la elaboración de una guía global sobre la prevención de la sobrepoblación carcelaria, advierte que la falta de transparencia oficial y el uso discrecional de la prisión preventiva sostienen una crisis sistemática en el sistema penitenciario de Cuba.
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El informe presentado ante el organismo internacional documentó que de los 115 fallecimientos registrados en el periodo analizado, 80 casos equivalentes al 69.6% respondieron a omisión estructural, categoría que abarca:
- La falta de atención médica adecuada
- La insalubridad
- La inacción estatal frente al deterioro de la salud de la población reclusa.
Dentro de las fatalidades ligadas a la negligencia institucional, la entidad identificó que al menos 21 fallecimientos ocurrieron a causa de desnutrición severa o inanición, con cuadros clínicos que incluyeron coma metabólico y desnutrición de grado tres sin que las personas privadas de libertad recibieran asistencia médica o una modificación en el régimen alimentario.
El hacinamiento y la opacidad estadística caracterizan al sistema carcelario de la isla
El documento elevado a Naciones Unidas enfatiza que la sobrepoblación en las cárceles no representa únicamente un problema de infraestructura, sino el resultado directo de políticas punitivas aplicadas de manera sostenida.
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El régimen cubano mantiene un bloqueo informativo sobre las cifras penitenciarias, sin publicar estadísticas oficiales sobre la cantidad de prisioneros, la capacidad real de los establecimientos, la proporción de reclusos sin condena ni los índices de excarcelación.
La falta de datos verificables ya fue señalada en 2022 por el Comité contra la Tortura del organismo multilateral. Las últimas estimaciones independientes disponibles, correspondientes al año 2020, situaban la cifra de personas privadas de libertad en Cuba en unas 90 mil, lo que representa una tasa de 794 reclusos por cada 100 mil habitantes, una de las proporciones más altas del mundo.
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Ante este panorama de opacidad, las denuncias recibidas por Cubalex describen la sobrepoblación como una condición estructural de la vida en prisión. Pese a que la Ley del Proceso Penal vigente contempla que la prisión provisional posee un carácter excepcional y establece medidas cautelares alternativas, las autoridades aplican el encarcelamiento preventivo como regla general.
La legislación prevé sanciones no privativas de la libertad, como la reclusión domiciliaria, el trabajo correccional sin internamiento, el servicio en beneficio de la comunidad y la limitación de libertad. Sin embargo, en la práctica procedimental, estos mecanismos son ignorados por los órganos judiciales.
Las excarcelaciones temporales no resuelven la crisis estructural del régimen cubano
El informe advierte sobre los severos obstáculos administrativos que enfrentan las personas presas para acceder a los beneficios de liberación anticipada contemplados en el código penal, tales como la libertad condicional, la progresión de régimen y la sustitución de la pena.
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De acuerdo con el análisis de la organización, los indultos o las liberaciones masivas temporales promovidas por el régimen cubano no modifican las normas estructurales del encierro. Aunque los acuerdos políticos alcanzados en enero de 2025 elevaron la cifra de prisioneros políticos liberados de 34 en 2024 a 245 en 2025.
Para frenar el deterioro sistemático y la pérdida de vidas bajo custodia, la ONG propuso una serie de medidas. Entre las recomendaciones principales figura:
- La exigencia de justificar individualmente el riesgo procesal para aplicar la prisión provisional
- Imposición de un control judicial temprano con audiencias contradictorias
- Fijación de plazos máximos para la medida cautelar.
Asimismo, la propuesta elevada al Relator Especial plantea la creación de una vía humanitaria independiente con médicos ajenos al Ministerio del Interior, la prohibición estricta de denegar beneficios penitenciarios debido a posturas políticas o denuncias sobre derechos humanos, y la implementación de una supervisión internacional irrestricta en los centros de reclusión de Cuba, acompañada de la publicación periódica de datos desagregados por cada penal.
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