El régimen cubano aseguró este lunes que actualmente no mantiene negociaciones con Estados Unidos ni tiene prevista una agenda para retomarlas, aunque afirmó que continúa dispuesto a conservar canales de contacto con Washington. La posición fue expresada por el canciller Bruno Rodríguez durante una conferencia de prensa en La Habana, en medio de una fuerte escalada de las medidas estadounidenses contra la isla y de una crisis energética que la dictadura cubana atribuye principalmente a las sanciones.
“No hay negociaciones ni agendas, aunque permanece la voluntad de mantener los contactos pese a la falta de avances”, declaró Rodríguez ante periodistas.
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La afirmación supone que los intercambios que habían existido entre funcionarios cubanos y estadounidenses no se han traducido en un proceso formal de diálogo. Rodríguez sostuvo que hubo contactos anteriores con el Departamento de Estado, pero señaló que estos quedaron sin avances. Según el canciller, La Habana mantiene su disposición a conversar bajo condiciones que considera basadas en el respeto mutuo y la no injerencia.
La declaración se produjo mientras el régimen cubano presentó su cálculo anual sobre el impacto del embargo estadounidense. Según las cifras difundidas por Rodríguez, las restricciones provocaron daños estimados en 8.083,3 millones de dólares entre marzo de 2025 y febrero de 2026, un incremento del 7% respecto del período anterior. La cifra representa, según el informe presentado por La Habana, el mayor costo anual registrado.
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La dictadura cubana también situó en más de 178.700 millones de dólares el impacto acumulado desde la implementación del embargo, calculado a precios corrientes. Sin embargo, el propio Rodríguez señaló que el último balance solo incorpora parcialmente las consecuencias de las medidas energéticas adoptadas posteriormente por Washington.
“El daño de estos meses multiplica los daños que se produjeron en el período tratado”, afirmó el ministro, en referencia al impacto que, según La Habana, comenzó a intensificarse tras las nuevas restricciones sobre el suministro de combustible.
Rodríguez centró buena parte de su exposición en las consecuencias sobre la población. Sostuvo que las dificultades para obtener combustible han agravado los problemas de generación eléctrica y contribuido a interrupciones prolongadas del servicio. También mencionó efectos sobre el abastecimiento de agua, la conservación de alimentos, el transporte y el sistema sanitario.
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“El bloqueo no castiga al Gobierno, castiga a cada persona de la isla en todos los sentidos”, dijo el canciller. Agregó que algunas familias pueden pasar largos períodos con apenas dos o tres horas diarias de electricidad, mientras los cortes afectan la conservación de alimentos y las condiciones para estudiar y descansar.
El funcionario cubano también rechazó la posibilidad de que el deterioro de las condiciones internas derive en una crisis humanitaria. Al mismo tiempo, reconoció indicadores que, según el informe presentado por el régimen, reflejan un deterioro social. Entre ellos mencionó el aumento de la mortalidad infantil, que situó en 9,9 por cada 1.000 nacidos vivos en 2025, frente a 4 en 2018.
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“Son niños, no números. Muertes que no debieron ocurrir”, afirmó Rodríguez durante la conferencia.
Washington, por su parte, sostiene que las sanciones constituyen una herramienta de presión contra la dictadura de La Habana y las justifica por cuestiones vinculadas con derechos económicos y humanos y con la seguridad nacional.
El enfrentamiento también tiene una dimensión diplomática internacional. La Habana prepara el informe que llevará a Naciones Unidas para reclamar nuevamente el levantamiento del embargo. La Asamblea General tiene previsto abordar la cuestión el 28 de octubre, en una votación que tradicionalmente ha permitido al régimen cubano denunciar las medidas estadounidenses ante la comunidad internacional.
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Mientras tanto, el canciller cubano dejó claro que, pese a la ausencia de negociaciones formales, La Habana no pretende cerrar completamente la comunicación con Washington.
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