Los primeros decomisos de armas artesanales dentro del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO) de Costa Rica provocaron una contundente advertencia del ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, quien aseguró que los privados de libertad que utilicen sus utensilios para fabricar armas deberán encontrar otra manera de consumir sus alimentos.
“Si los privados de libertad convierten los tenedores plásticos en armas, se los vamos a decomisar y deberán ingeniárselas para consumir sus alimentos”, manifestó el jerarca en declaraciones divulgadas por el Ministerio de Justicia y Paz.
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La advertencia surge apenas una semana después del inicio de operaciones de la nueva prisión de máxima seguridad, ubicada en San Rafael de Alajuela.
El pronunciamiento se produjo después de que la Policía Penitenciaria realizara, el pasado sábado 31 de octubre, una inspección en uno de los dormitorios de la nave cuatro del complejo, donde encontró varios objetos que habían sido modificados para convertirse en posibles armas.
¿Qué encontraron dentro del CACCO?
Durante la revisión, los oficiales decomisaron siete cucharas plásticas afiladas, utilizadas originalmente para ingerir alimentos, además de un arma blanca artesanal fabricada con un trozo de vidrio y una empuñadura de papel.
También localizaron un fragmento metálico desprendido de un camarote, un frasco de vidrio que aparentemente contenía medicamentos, 10 almohadas improvisadas, tiras de cobijas y una aguja elaborada con alambre.
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Según las autoridades, esta última habría sido utilizada para realizar labores de costura dentro del dormitorio.
Los hallazgos evidenciaron que, pese a los controles establecidos en la nueva cárcel, algunos internos habrían comenzado a modificar objetos de uso cotidiano para convertirlos en instrumentos punzocortantes.
Tampoco reemplazarán las espumas de los colchones
Ante estos acontecimientos, Aguilar Vargas aseguró que las autoridades no permitirán conductas que alteren la seguridad ni daños intencionales a los implementos entregados a la población penitenciaria.
“Si destruyen las espumas de sus camas, sencillamente no se las vamos a reponer”, afirmó el ministro.
El jerarca insistió en que los actos de indisciplina reportados durante los primeros días de funcionamiento del centro no serán tolerados.
Su mensaje terminó con una consigna dirigida a los internos: “¡Orden, control y disciplina!”.
Las declaraciones reflejan la posición del Ministerio de Justicia de establecer mayores restricciones dentro de una prisión diseñada para concentrar a personas vinculadas con algunos de los delitos más graves del país.
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Más de 600 reclusos trasladados en una semana
El CACCO comenzó a recibir privados de libertad el 26 de octubre de 2026, cuando ingresaron los primeros 123 internos como parte del proceso de traslado hacia la nueva infraestructura penitenciaria.
Una semana después, el número de personas recluidas ya supera las 600, entre quienes figuran individuos vinculados con bandas del crimen organizado, homicidios y femicidios.
Según el Ministerio de Justicia y Paz, también han sido ubicadas personas relacionadas con asesinatos de oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la Fuerza Pública.
La institución no ha precisado cuántos de los trasladados cuentan con condenas firmes por esos delitos ni cuántos permanecen en prisión preventiva.
El complejo penitenciario tiene una capacidad proyectada de 5,100 personas, distribuidas en cinco módulos, y forma parte de la estrategia gubernamental para reforzar la vigilancia sobre la población penitenciaria de mayor riesgo.
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Vigilancia permanente en la nueva cárcel
La Policía Penitenciaria confirmó que continuará realizando inspecciones dentro de los dormitorios, así como recorridos por pasillos y pasarelas, para detectar materiales que puedan utilizarse para fabricar armas.
Hasta ahora, las autoridades no han detallado quiénes elaboraron los objetos decomisados ni si se aplicaron sanciones individuales por estos hallazgos.
Con los primeros incidentes registrados y el traslado de cientos de internos, el CACCO enfrenta sus primeras pruebas de seguridad, mientras el Ministerio de Justicia mantiene su advertencia de aplicar controles estrictos para impedir que se repitan estas conductas.
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