La Fiscalía Anticorrupción investiga aportes electorales realizados al Movimiento Libertario durante la campaña de 2022, a partir de inconsistencias detectadas por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre el origen y la trazabilidad de recursos reportados por la agrupación.
La causa está a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) y contempla a dos financistas. Sus identidades no han sido divulgadas debido a la confidencialidad que rige en esta etapa de la investigación preliminar, según informó CR Hoy.
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La pesquisa surgió de los análisis de solvencia económica aplicados a personas registradas como donantes y prestamistas del partido. Esas revisiones generaron dudas sobre la procedencia de parte de los fondos y motivaron el traslado del caso a la vía judicial.
El expediente administrativo comenzó en 2023 dentro del TSE. Durante ese mismo año fue remitido a la unidad encargada de examinar asuntos en etapa conclusiva y, en febrero de 2025, el registro público aún lo consignaba como “en desarrollo”.
El TSE indicó que parte del expediente está protegida por reserva
El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos finalizó su indagación preliminar el 31 de agosto de 2026. Al día siguiente, trasladó las conclusiones a la Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos.
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De acuerdo con lo explicado por el Tribunal, el Ministerio Público solicitó información sobre el proceso en varias ocasiones. La institución señaló que no podía remitir directamente el expediente ni el informe final debido a que incluyen datos amparados por el secreto bancario o tributario.
Andrei Cambronero Torres, jefe de despacho de la Presidencia del TSE, indicó a CR Hoy que un juez debe ordenar el secuestro y la entrega de esa documentación para que pueda ser facilitada a la Fiscalía.
El funcionario afirmó que, hasta el momento de la respuesta institucional, el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos no había recibido una resolución judicial de ese tipo. El trámite administrativo continuaba abierto.
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La Fiscalía Anticorrupción confirmó que existe una causa penal, pero no brindó más detalles. La oficina consideró que una mayor divulgación podría afectar las diligencias en curso.
Los excandidatos afirmaron que no fueron notificados
El empresario Carlos Valenciano Kamer fue el primer candidato presidencial del Movimiento Libertario en las elecciones de 2022. También figuraba como propietario del canal ¡OPA! antes de transferirlo a familiares por medio de una sociedad anónima.
Valenciano Kamer es dueño del bufete Valenciano Kamer & Asociados y de Gestionadora de Créditos, una empresa dedicada al cobro de deudas.
Dos meses después del inicio de su campaña, el empresario renunció a la candidatura por motivos de salud. El partido lo sustituyó por Luis Alberto Cordero Arias.
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“A mí nadie me ha contactado del Tribunal”, aseguró Valenciano Kamer a la publicación. El excandidato sostuvo que su intervención terminó cuando concluyó su participación en la campaña y que no recibió requerimientos del órgano electoral ni de una instancia judicial.
Cordero también dijo desconocer la investigación. Según afirmó, no recibió prevenciones ni comunicaciones posteriores a la finalización de su candidatura.
El exaspirante recordó que los gastos de campaña fueron liquidados. “Yo, por lo menos, no habría dejado de responder nada si me hubiera correspondido”, manifestó ante el medio.
El extesorero dijo que solo atendió gestiones habituales
El extesorero del Movimiento Libertario, José David Garro Castro, señaló que durante su período respondió requerimientos que consideró habituales en los procesos electorales.
“No hubo ninguna solicitud especial sobre el tema”, declaró Garro al diario. Añadió que tuvo una reunión en el Tribunal en 2024, aunque la vinculó con un asunto de cumplimiento.
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Garro indicó que dejó el partido en junio de 2022 y que desde entonces no conserva acceso al correo electrónico oficial de la agrupación.
El extesorero afirmó que Fernando Bolaños, expresidente del partido, mantiene el acceso a esas comunicaciones. También señaló que no recibió de su parte información sobre alguna gestión particular relacionada con el expediente.
La publicación intentó comunicarse con Bolaños a través de números telefónicos registrados a su nombre, pero no obtuvo respuesta.
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