El Ministerio Público de Costa Rica sostiene que el juez penal de Pococí habría actuado como asesor de personas vinculadas con la estructura criminal de Alejandro Arias Monge, alias Diablo.
La hipótesis fiscal le atribuye la revisión de documentos de una causa que no tramitaba y el traslado de información sobre métodos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), según El Observador.
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La causa derivó en la detención de Valverde, del juez de apellido Ramírez y de la oficial del OIJ de apellido Rojas. El Poder Judicial informó el martes que los tres funcionarios quedaron suspendidos de sus cargos sin goce de salario.
La Fiscalía investiga si el juez Valverde asesoró a personas del entorno de alias Diablo al analizar evidencia de un expediente ajeno a sus funciones y al comunicar datos sobre diligencias policiales.
El caso también incluye la sospecha de que obtuvo de forma irregular un pago de zonaje mediante información falsa sobre su domicilio.
La Fiscalía vincula al juez con el expediente “Colorado”
El principal señalamiento se relaciona con el caso “Colorado”, la investigación en la que el OIJ indagó a toda la estructura atribuida a alias Diablo.
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Valverde no tenía a su cargo ese expediente. Pese a ello, el Ministerio Público sostiene que accedió a documentos de la causa y emitió valoraciones sobre el contenido de las pruebas reunidas contra Gelen Magaly Arias Monge, hermana del líder criminal.
“Estoy leyendo los documentos que usted me mandó respecto a lo que son los vehículos y bienes inmuebles, ahí no hay ningún problema”, le dijo Valverde a Gelen Arias Monge, de acuerdo con una conversación incluida en el informe judicial que publicó El Observador.
El juez también habría señalado que “prácticamente no hay nada en contra suya”. Luego indicó que aún debía leer el resto del documento para conocer su contenido.
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Para la Fiscalía, esas manifestaciones indican que Arias Monge remitía material judicial al funcionario para que lo examinara. La sospecha no se limita a una relación de confianza, sino que apunta a una intervención sobre información de un proceso que no estaba bajo su competencia.
El diario informó que otra conversación mencionó a una persona identificada solo como “Keylor”. La identidad de esa persona no había sido determinada cuando se elaboró el documento que respaldó las diligencias judiciales.
Según Arias Monge, esa persona expresó preocupación porque un asunto quedaría en manos de un juez distinto. “El problema es que ahora es otro juez”, afirmó.
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El Ministerio Público interpreta esa frase como un indicio de un eventual favorecimiento anterior por parte de Valverde. El funcionario había actuado antes como juzgador en una causa relacionada con Arias Monge.
El informe recoge datos sobre cómo el OIJ accedía a los teléfonos
La pesquisa también examina conversaciones en las que el juez habría compartido información sobre capacidades técnicas utilizadas por el OIJ durante investigaciones penales.
Según los documentos citados por la publicación, Valverde habló de una herramienta denominada “Premium”, que aparentemente podía abrir teléfonos iPhone decomisados en operativos.
“El OIJ tiene una máquina especial que se llama Premium que aparentemente puede abrir los iPhone”, afirmó Valverde en una conversación incorporada al expediente.
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El funcionario hizo referencia además a otros casos en los que las autoridades habrían tenido dificultades para ingresar a dispositivos móviles. En uno de los intercambios, sostuvo que un teléfono no pudo abrirse y fue enviado a esa herramienta.
También mencionó un episodio en el que, según su relato, las autoridades hallaron información sobre una lotería luego de revisar un celular.
La Fiscalía considera que esos comentarios reflejan conocimiento detallado sobre actuaciones vinculadas con pesquisas contra personas cercanas a la estructura de alias Diablo.
El Ministerio Público sostiene que el acceso a esos datos y su comunicación a una persona ligada al grupo investigado forman parte del argumento sobre la presunta asesoría. Valverde no estaba a cargo del caso “Colorado”, según la hipótesis fiscal.
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Los chats borrados forman parte de los indicios investigados
El expediente también recoge la preocupación de Gelen Arias Monge por una eventual recuperación de mensajes eliminados por parte de las autoridades.
“Sí, yo borré ese chat”, afirmó la mujer en una conversación citada por El Observador. Agregó que solo conservaba un mensaje reciente y que eliminaría el resto de los intercambios.
Arias Monge explicó además que configuraba WhatsApp para que las conversaciones se borraran cada 24 horas. Después, indicó que eliminaba el contenido y vaciaba los chats.
La Fiscalía interpreta esa conducta como un posible intento de impedir que la información almacenada en las comunicaciones llegara a manos de los investigadores.
Las intervenciones comenzaron en enero. Meses más tarde, las personas investigadas sospecharon que podían estar bajo vigilancia mediante micrófonos y cámaras, al punto de conversar sobre una revisión del cielo raso.
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La causa incluye un presunto cobro irregular de zonaje
La investigación contra Valverde abarca un posible beneficio económico irregular. La Fiscalía le atribuye haber dado declaraciones falsas sobre su domicilio para acceder a un 15% de zonaje.
La orden de allanamiento emitida por el Juzgado Penal de Hacienda de San José permitió detener a los tres funcionarios judiciales el 1 de setiembre.
El Ministerio Público investiga a Valverde, Ramírez y Rojas, entre otros hechos, por el presunto delito de procuración de impunidad en favor de la estructura criminal atribuida a Alejandro Arias Monge, alias Diablo.
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